Valls rompe un tabú al vincular la ayuda por hijos a la renta

Las ayudas familiares en Francia, establecidas con carácter universal tras la II Guerra Mundial, forman parte de la cultura social del país. Las prestaciones familiares son iguales (y generosas) para todos, independientemente de los ingresos. Eso explica en parte la tormenta desatada a raíz del acuerdo del grupo socialista y el presidente de la República François Hollande de reducir tales ayudas para las familias más adineradas.

En su amplio plan de reducir el déficit público, el Ejecutivo francés ha propuesto ahora rebajar esta prestación social para ahorrar 800 millones de euros al año. La medida solo afectará a los hogares de altos ingresos (a partir de los 6.000 euros netos mensuales), pero la ruptura del principio de universalidad ha soliviantado a la oposición, al centro, a los sindicatos y al ala más izquierdista del partido en el Gobierno.

El propio François Hollande, dispuesto a recortar el déficit público en 9.600 millones de euros en el capítulo de gasto social el próximo año, había prometido no tocar el principio de universalidad por el que se rigen las ayudas familiares. Lo hizo hace dos años: “En Francia, todos los niños tienen que tener los mismos derechos”, aseguró entonces.

El recorte que ahora se propone solo va a afectar al 12% de las familias, según la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Marisol Touraine. Esta argumenta que no supone el fin de la universalidad porque todos las recibirán, aunque en menor cuantía los que menos las necesitan. Sus explicaciones, sin embargo, no convencen al resto del abanico político. La reacción es tan virulenta que el primer ministro, Manuel Valls, ha salido el viernes al paso para defender la nueva posición: “No estamos cuestionando la política familiar”.

La propuesta socialista deberá ser aprobada la próxima semana en la Asamblea en el marco del proyecto de ley de Financiación de la Seguridad Social, cuyo déficit supera los 10.000 millones de euros. La posición crítica de los diputados socialistas rebeldes (entre 30 y 40), contrarios a la política económica del Ejecutivo, es, de nuevo, un obstáculo para esta reforma.

Así lo hace presagiar la inmediata respuesta de Benoît Hamon, del ala izquierda del partido, a este acuerdo. Hamon dimitió como ministro de Educación en agosto por sus diferencias con Hollande y Valls y ya ha manifestado su rechazo a este recorte, si bien no ha querido desvelar el sentido de su voto respecto a la totalidad del proyecto de ley.

El sindicato CGT, el más importante del país, también se opone al recorte. Su líder, Thierry Lepaon, dice que es contrario al espíritu de la Seguridad Social y que introduce la distinción entre niños ricos y pobres. Para el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (Unaf), François Fondard, es “abrir una brecha en el conjunto del sistema”. Desde el centro y la derecha, las críticas también arrecian. Para el principal partido de la oposición, la conservadora UMP, es una cuestión de principios que no puede aceptar y para el centrista MoDem es un error porque la política familiar francesa ha buscado siempre que las familias no encontraran ningún freno a su deseo de tener hijos.

La propuesta del Gobierno y los socialistas es reducir a la mitad la ayuda familiar a partir de los 6.000 euros de ingresos netos al mes y dejarla en la cuarta parte a partir de los 8.000. El acuerdo, suscrito en la tarde del jueves, no se ha dado a conocer en detalle, pero, en principio, todo parece indicar que por debajo de esos techos las ayudas estatales quedarán intactas. En este momento, tales prestaciones consisten en una aportación extra por parte del Estado de 129 euros al mes a partir del segundo hijo. Una familia con tres hijos percibe 295 al mes y una de cuatro, 460 euros. A partir de ahí, la ayuda se aumenta en 165 euros por cada nuevo hijo. A partir de los 14 años del niño, la ayuda aumenta en 67 euros al mes.