Las autoridades apuntan al alcalde de Iguala por la matanza de normalistas

A 14 días de la masacre de estudiantes de magisterio en la ciudad de Iguala, las autoridades del Estado de Guerrero (suroeste de México) buscan imputar al alcalde de ese municipio José Luis Abarca, según ha explicado este jueves el fiscal estatal Iñaky Blanco. Detenerlo y procesarlo no será fácil para la justicia: Abarca cuenta con un fuero estatal que lo protege de cualquier causa penal en su contra y tras pedir una excedencia se ha esfumado de Iguala.

“El alcalde a nivel estatal tiene fuero. La procuraduría de justicia no podía detenerlo, ni procesarlo penalmente”, ha justificado el fiscal de Guerrero sobre las razones por las que el alcalde no fue detenido en las primeras horas después de la matanza. Blanco explicó que desde hace una semana la fiscalía busca revocar el fuero para poder imputar a Abarca por la omisión de sus responsabilidades.

El alcalde de Iguala dijo, dos días después de la masacre, a una radio mexicana que la noche del viernes 26 de septiembre mientras la Policía Municipal atacaba a los estudiantes de magisterio, él se encontraba en una fiesta con su esposa y que no se enteró de los enfrentamientos. “La Fiscalía general estima que el señor Abarca Velázquez fue omiso en su deber dejando a merced de los elementos de seguridad pública a las hoy víctimas”, expuso el fiscal, “con sus omisiones vulneró las garantías individuales de la población”.

Las autoridades de Guerrero tampoco detuvieron al secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, encargado de las fuerzas policiales durante la noche de la masacre. El fiscal ha explicado que en las primeras investigaciones no se encontraron motivos para arrestarlo, ya que fue Flores Velázquez quien presentó a los primeros 22 policías acusados de participar en la matanza. Ahora que hay una orden de detención en su contra, el jefe policial se encuentra prófugo.

La Fiscalía de Guerrero ha detenido hasta ahora a 26 policías municipales de Iguala

La Fiscalía de Guerrero ha detenido hasta ahora a 26 policías municipales de Iguala y cuatro miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, que han reconocido su participación en la matanza de los estudiantes en complicidad con las autoridades policiales locales. También ha sido inspeccionado el domicilio del alcalde y continúa la identificación de los 28 cuerpos encontrados en seis fosas ubicadas en las cercanías de Iguala. La matanza acabó con seis muertos, 25 heridos y 43 estudiantes de magisterio desaparecidos.

Las autoridades locales poco dicen de los señalamientos sobre la relación del alcalde Abarca con el crimen organizado en Iguala. La familia del edil ha sido acusada de tener vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva, que controla importantes áreas del Estado de Guerrero. Dos hermanos de la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, murieron en 2009 al frente de importantes operaciones de esta organización criminal y al edil se le ha acusado de asesinar a tres oponentes de su partido, el de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda). Pineda buscaba suceder a su marido en las elecciones del próximo año y fuentes del PRD han asegurado a la prensa mexicana que ella ya era clave en la toma de decisiones en la alcaldía de Iguala.

El fiscal Blanco ha explicado que aunque se conocen versiones populares sobre la relación del alcalde y su esposa con el crimen organizado, serán las autoridades federales las que investiguen la existencia de estos vínculos. Al alcalde se le sigue investigando, a su esposa no y la explicación de las autoridades es que “nadie ha acudido a la procuraduría a denunciarla”.