EE UU se suma a la presión para esclarecer la matanza de Tlatlaya

La matanza de Tlatlaya, al sur del Estado de México, en la que el Ejército acabó con la vida de 22 supuestos narcos el pasado 30 de junio, va camino de convertirse en una prueba de fuego para el actual Ejecutivo mexicano. Las principales organizaciones humanitarias internacionales han exigido que se aclare lo ocurrido y el propio Departamento de Estado recordó la necesidad de una investigación “fáctica y creíble” a cargo de autoridades civiles. Washington es el principal proveedor y asesor de seguridad de México y está obligado a validar ante el Congreso que ese apoyo no utiliza para cometer violaciones de los derechos humanos. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, un organismo público, ha señalado que piensa pedir explicaciones a los militares por lo ocurrido. Ante esta presión, el Ejército, que hasta la fecha se había mantenido en silencio, emitió un comunicado el que ofreció su colaboración “irrestricta" en el esclarecimiento de los hechos, pero sin aportar ningún dato nuevo. Y la Procuraduría General insistió en que tiene ya abierta una investigación. "Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho, y con respeto absoluto a los derechos humanos”, indicó el ministerio público. El catalizador de estas reacciones han sido las declaraciones de una superviviente ante dos medios de comunicación y en las que afirma que las muertes no se debieron a un enfrentamiento armado, como sostiene la versión oficial, sino a la ejecución a sangre fría de 21 detenidos (otro cayó durante el tiroteo previo). Esta testigo presencial es madre de una adolescente muerta en Tlatlaya. La chica tenía 15 años y se llamaba Erika. Los fallecidos estaban vinculados al cártel de La Familia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que hace ya varias semanas que había recogido este testimonio, junto al de otros dos supervivientes (dos mujeres que aseguraron haber sido secuestradas). “Los peritos de la Comisión están haciendo su trabajo y se va a solicitar al Ejército que nos entregue un informe sobre los hechos”, afirmó el segundo visitador general de la Comisión, Marat Paredes Montiel. Entre los datos obtenidos por este organismo figura que entre los fallecidos había cinco personas con edades comprendidas entre los 40 y 50 años. Las primeras versiones apuntaban a que eran todos muy jóvenes.

“El testimonio de la superviviente reflejaría que estamos frente a la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio. Ante esta gravísima denuncia, que pone en evidencia que al día de hoy, a casi tres meses de los hechos, aún hay más interrogantes que respuestas oficiales sobre lo que efectivamente sucedió ese día, el Gobierno de Peña Nieto no puede guardar silencio”, afirmó desde Washington, José Miguel Vivancos, director para América de Human Rights Watch. “Es indispensable que las más altas autoridades expliquen cuáles han sido los avances en la investigación de este incidente, de la cual se sabe poco y nada, y sobre todo, es importantísimo que se adopten las medidas necesarias para proteger a la testigo y que no corra ningún riesgo su seguridad”, añadió Vivancos. En términos similares se expresaron Amnistía Internacional y la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional, por primera vez desde las muertes, respondió a la presión externa. En un escrito en el que mantiene que se trató de un enfrentamiento originado por una agresión armada, indicó: "El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los Derechos Humanos de los Ciudadanos. Los militares sostienen que las muertes se produjeron durante un enfrentamiento con las tropas. En este relato se afirma que un convoy militar que inspeccionaba el terreno se topó por casualidad con una bodega custodiada por “personal armado” y que este, al ver a los soldados, empezó a disparar. El resultado fueron 22 “supuestos agresores” muertos y un militar herido sin gravedad.

Desde que la matanza se hizo pública, las dudas en torno a la versión de los militares no han hecho más que aumentar. El Ejército no ha facilitado identidades ni explicado qué hacían en aquel recóndito lugar, a las cinco de la madrugada. Tampoco cómo fue posible que muriesen todos los supuestos narcos, sin que quedase vivo ninguno, ni cómo se logró que no hubiese ninguna baja entre las tropas.

Desde que la matanza se hizo pública, las dudas en torno a la versión de los militares han aumentado

La testigo, entrevistada por la revista Esquire, afirma que llegó a la bodega donde se encontraban los supuestos narcos sobre las diez de la noche del domingo 29 de junio. Iba en busca de su hija. A eso de las tres de la madrugada, se avistó un convoy militar. Los soldados alumbraron con un reflector las instalaciones. Empezó el tiroteo. Tras media hora de refriega, siempre según esta versión, se rindieron. En el enfrentamiento perdió la vida un supuesto narco. Otro quedó herido así como Erika.

Tras entregar las armas, empezaron los interrogatorios. Esta es la versión de la superviviente: “Ellos [los soldados] decían que se rindieran, y los muchachos pedían que les perdonaran la vida. ‘Con que muy machitos, hijos de su puta madre. Con que muy machitos’. Así les decían los militares, cuando ellos salieron. Todos salieron y se rindieron (…). Entonces les preguntaron cómo se llamaban, y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían ‘esos perros no merecen vivir’ (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban (…) Se escuchaban los quejidos, los lamentos”.

Posteriormente, los dos heridos, incluida la chica, fueron asesinados, siempre según esta versión. “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon y lo mataron, y lo volvieron a acomodar como estaba. Con ella, que no podía caminar, hicieron lo mismo”, afirma la superviviente. Esta salió viva junto a otras dos mujeres que dijeron haber sido secuestradas.

Al amanecer, llegaron los funcionarios de la Procuraduría del Estado de México, a cuyas dependencias fue conducida la mujer. Posteriormente se la trasladó a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de la Delincuencia Organizada. No fue puesta en libertad hasta el domingo siguiente. Ella sostiene que pasó tres días sin comer y que fue coaccionada para que vinculara a los fallecidos con organizaciones criminales.

Dos semanas después de la matanza, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante las dudas suscitadas por la versión oficial, salió en defensa de la versión de los militares. En un comunicado negó que se hubieran registrado disparos a corta distancia y aseguraba que el intercambio de tiros fue “proporcional”. “La investigación arroja que los efectivos militares repelieron una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal castrense”, concluía la Procuraduría estatal.