El nuevo aeropuerto de México regresa a la tierra de la discordia

Cuando el gobierno de Vicente Fox se propuso en 2001 levantar un segundo aeropuerto en la Ciudad de México se encontró con la dura oposición de los propietarios de las tierras. La tentativa duró menos de un año. El tiempo que los ejidatarios tardaron en tumbar en la calle y en los juzgados un decreto expropiatorio que les ofrecía apenas un par de dólares a cambio del metro cuadrado. El nuevo proyecto, anunciado por Enrique Peña Nieto como una de las mayores infraestructuras del mundo, no contempla expropiaciones de tierras y parece más meditado que el anterior. Pero la falta de concreción de los planes para el futuro aeropuerto, que se darán a conocer previsiblemente a final de este mes de septiembre, ha levantado de nuevo las suspicacias entre los ejidatarios y el gobierno municipal de Texcoco.

“Todos los terrenos son propiedad federal y no hay un solo tramo de territorio que se quiera obtener de los particulares”, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong días después del anuncio oficial por parte del presidente. La obra estaría emplazada en unas 12.500 hectáreas de una zona contigua a la actual infraestructura aeroportuaria que ocuparía a su vez parte del territorio de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, al oriente del Valle de México. Pero, de momento, más allá de las cifras generales y las pomposas presentaciones sobre el diseño futurista y en forma de mariposa que tendrá la nueva terminal, aun no se conocen los detalles precisos sobre cuáles son los terrenos y en qué medida quedarán afectados por el proyecto.

Al ayuntamiento de Texcoco le preocupa el impacto logístico, urbano y  medioambiental

“Tenemos mucha inquietud ante el desconocimiento de donde se va ubicar la nueva infraestructura. No tenemos ningún documento oficial donde se diga”, declaró la alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez, en un reciente encuentro con la prensa al pie de la autopista de entrada a su municipio que, previsiblemente, servirá de pared entre el nuevo aeropuerto y el parque ecológico de Lago, situado al otro lado de la vía. Los ayuntamientos afectados están manteniendo reuniones semanales con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para ir perfilando los acuerdos necesarios antes de la implantación del aeropuerto.

Sus preocupaciones principales son el impacto medioambiental, logístico y urbano en esta zona. Prevén que el aumento de tráfico pesado en su autopista desgaste aún más el maltrecho asfalto de la vía y quieren conocer qué sucederá con las familias que pueblan con infraviviendas los arcenes. Este cinturón de la Ciudad de México es una de las zonas con más asentamientos informales del estado. “Está habiendo muchos malentendido, porque aunque los terrenos sean federales los ayuntamientos correspondientes tienen la facultad de expedir las licencias de obra”. La alcaldesa adelantó, de paso, que en el marco de esas reuniones pedirá un aumento considerable del presupuesto municipal.

Mantener la propiedad comunal y el destino sobre sus terrenos es la gran batalla de los ejidatarios de la zona, organizados en la plataforma Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Pese al anuncio oficial de que ningún particular quedará afectado, los campesinos aseguran que durante los últimos años funcionarios federales han estado visitando sus campos ofreciendo dinero por vender. Esa misma tierra que ahora da maíz, frijol o avena fue hace siglos uno de los inmensos cinco lagos del Valle de México. El interés ecológico de la zona ha propiciado que en los últimos años se diseñaran sin éxito diversos proyectos para revitalizar los antiguos acuíferos, vitales pese a su alta salinidad en la sempiterna lucha por el agua que vive el Estado de México.

“Con la excusa del rescate ecológico del Lago de Texcoco y las promesas de construir una universidad y casas nuevas, mucha gente de los ejidos de Ixtapa, Nexquipayac e Itocuila ha ido vendiendo sus tierras a Conagua”, apuntó Trinidad Jiménez, una de las portavoces del FPDT durante un recorrido por las zonas que ellos estiman afectadas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el organismo oficial que controla y supervisa el suministro en todo el país. Consultados por este periódico, ningún portavoz de la agencia estatal respondió a las acusaciones de los ejidatarios ni el alcance de las obras a desarrollar.

Las grúas y las casetas de obras de Conagua han colonizado ya parte de unos terrenos pantanosos

El presidente del organismo anunció la semana pasada la puesta en marcha de 25 obras hidráulicas para mejorar la capacidad de drenaje en los terrenos y la construcción de dos grandes túneles para prevenir inundaciones. Según informaciones de los periódicos mexicanos, algunos de los contratos ya han sido concedidos y las obras ya han comenzado. En un recorrido por las zonas limítrofes del Distrito Federal con el municipio de Texcoco organizado la semana pasada por el FPDT, las grúas y las casetas de obras habían colonizado ya parte de unos terrenos pantanosos. La alta concentración de sal en el subsuelo acuífero de esta parte de los terrenos los convierte en poco productivos, en comparación con las espléndidas plantaciones de cereal de apenas un kilómetro atrás.

Los ejidatarios, en todo caso, consideran que estas tierras también son suyas y defienden que de ellas nacen salvajemente plantas aromáticas como el estragón. “La zona federal no es independiente de las zonas ejidatarias. No hay deslindes que marquen las diferencias entre una tierra u otra”, explicó Ignacio del Valle, portavoz y uno de los líderes del movimiento campesino que ya hace una década logró parar el primer proyecto.

La FPDT, que nació como respuesta al intento expropiatorio del Gobierno de Vicente Fox, ha mantenido durante estos años una decidida actividad en defensa de los intereses de los pequeños propietarios de las tierras de la periferia rural del Distrito Federal. El momento de más tensión se vivió en 2006, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, envió a miles de policías estatales a desalojar una protesta vecinal en la plaza de San Salvador de Atenco. El enfrentamiento acabó con más de 200 personas detenidas, graves acusaciones de abuso policial y los líderes del movimiento, Del Valle entre ellos, encarcelados.