La corrupción en las cárceles salpica a toda Guatemala

“Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre…”. El exordio de El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, ha cobrado vida en un Estado carcomido por la corrupción y cuya metástasis amenaza con ahogar la frágil democracia de Guatemala. Una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG) ha revelado el inmenso poder que tiene Byron Lima Oliva, excapitán del ejército condenado a 20 años de prisión por el asesinato del obispo Juan Gerardi. Desde su celda, y con la complicidad de las autoridades del sistema carcelario, fue acusado el pasado viernes de haber constituido “un poder paralelo” en las prisiones.

Lima Oliva fue imputado por los delitos de asociación ilícita para cometer delitos contra la administración pública y tráfico de influencias para el traslado de privados de libertad. Pero ese mismo viernes, desde la sede de los tribunales, el capitán atacó directamente al ministro del Interior, Mauricio López Bonilla: le acusó de ser la persona que dirige una red criminal dentro de las prisiones, que incluye cobros ilegales a los recluidos, entre otros actos.

“En la vivienda de López Bonilla existen bóvedas en las que guarda el dinero proveniente de robo de drogas a narcotraficantes y por cobros ilegales”, acusó Lima, quien pidió a la CICIG investigar al funcionario y realizar un allanamiento a su domicilio.

La diputada Delia Back, del partido Libertad Democrática Renovada (Líder, el más importante de la oposición), pidió, en rueda de prensa celebrada en la sede del Legislativo, que la CICIG investigue también al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Tanto Pérez Molina como López Bonilla rechazaron las acusaciones. Lo desmienten también los analistas independientes, quienes subrayan que las acusaciones tienen que ir acompañados de pruebas.

Pero la crisis carcelaria es solo un reflejo de la corrupción que impera en todo el aparato estatal. En cuanto a las posibles salidas a esta situación, el periodista José Rubén Zamora, presidente del matutino El Periódico —el medio más crítico de la actual administración— se muestra pesimista. “Hay países donde se puede hablar de un Estado fallido. Eso no ocurre aquí. Tenemos un Estado altamente eficiente… Pero para servir a los intereses de los criminales, a los carteles de las drogas. El gran desafío de los guatemaltecos es acabar con esta situación repugnante”, sostiene. Preguntado sobre si esto podría hacerse en el corto o mediano plazo, explica: “Es imposible, porque las mafias de las drogas, de militares y de políticos están infiltradas a todo nivel”.

El sociólogo Gustavo Berganza cree en una solución escalonada. “Hay que ir por partes. Habría que empezar por eliminar a la Policía para sustituirla por un nuevo cuerpo, ajeno a la podredumbre de los actuales uniformados. También debemos estar atentos a la nominación de jueces, cuyo proceso en marcha es ampliamente cuestionado. Logrado esto, hay que pedir una ampliación del mandato de la CICIG”. Esta ampliación, si tramitada por el presidente Pérez Molina, sería un importante legado al país, opina el experto. “No sabemos hasta qué punto sean rescatables el resto de las instituciones del país”.