Un juez dicta arresto domiciliario al expresidente de El Salvador

Visiblemente más delgado que la última vez que se le vio en enero pasado y con mucha calma, el expresidente salvadoreño Francisco Flores se presentó este viernes a un tribunal especializado de San Salvador, donde fue notificado de la acusación de corrupción por parte de la Fiscalía General. El juez del caso, Levis Italmir Orellana, le dictó arresto domiciliario mientras se realiza la instrucción judicial.

En medio de una trifulca formada por reporteros, fotógrafos y cámaras y con un grupo de Reacción Especial de la policía abriéndole paso, el exmandatario que gobernó entre 1999 y 2004 solo alcanzó a decir: “vine a los tribunales voluntariamente en cumplimiento de la ley”. Flores fue subido de un empujón al vehículo policial para ser llevado a su domicilio en la exclusiva zona de San Benito, al norte de la capital.

En las afueras del tribunal, con pancartas y altoparlantes un grupo de manifestantes de organizaciones civiles y populares coreaban: "¡Flores ladrón de cuello banco! ¡A la cárcel!"

El arresto domiciliario estará vigente mientras evoluciona la fase de instrucción, en la que la parte acusadora puede ampliar sus investigaciones, de acuerdo a lo que explicó brevemente el fiscal Tobías Menjívar.

Flores, quien llevaba más de tres meses prófugo y era requerido por la Interpol, es acusado de peculado, desobediencia y enriquecimiento ilícito. De acuerdo a investigaciones fiscales durante el período que Flores gobernó, habría cometido graves delitos como apropiarse de donaciones que Taiwán hizo a El Salvador para sufragar emergencias ante desastres naturales.

Las denuncias de los delitos las hizo el expresidente Mauricio Funes desde octubre de 2013, pero fue hasta mayo pasado que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó su captura y persecución internacional a través de la Policía Internacional (Interpol). El expresidente Funes, quien terminó su mandato el 1 de junio del presente año, dio a conocer un reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que se vinculaba a Francisco Flores con cheques personales que Taiwán le había otorgado de manera personal. Esos desembolsos sumaban diez millones de dólares.

Investigaciones vigentes realizadas por la Asamblea Legislativa indican que Flores se podría haber apropiado de hasta 100 millones de dólares de donaciones y préstamos de Taiwán. El parlamento salvadoreño estima que el exmandatario, que es miembro prominente del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), habría cometido también el delito de lavado de dinero, pero el fiscal general Luis Martínez ha aclarado que aún no hay pruebas de ese delito.

La decisión del arresto domiciliario de Flores no ha caído en gracia para el Gobierno ni para los sectores sociales. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, lamentó la decisión del juez Orellana al considerar que Flores estuvo prófugo por varios meses. La abogada querellante, Bertha de León, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), criticó duramente la decisión del juez y aseveró que la apelarán para que el expresidente vaya a presidio por la gravedad de sus delitos. 

El dirigente del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ernesto Muyshondt, exigió que se lleve adelante un debido proceso judicial y que el caso deje de ser "politizado". Analistas de derecha están convencidos de que la izquierda, en este caso el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tomaron el caso Flores para usarlo en la campaña electoral en la que triunfó el actual presidente, el exjefe guerrillero Salvador Sánchez Cerén.