Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Estados Unidos empieza a cuestionar la militarización de su policía

Las imágenes de agentes con uniformes de combate y armamento militar enfrentando a manifestantes desarmados en Ferguson, Misuri, han reabierto un debate hasta ahora soterrado.

Las críticas no vienen sólo de la izquierda, también se alzan voces conservadoras

Manifestantes ante un vehículo blindado de la policía en Ferguson, Misuri
Manifestantes ante un vehículo blindado de la policía en Ferguson, Misuri AP

Manifestantes con las manos en alto, en el universal gesto de rendición. Frente a ellos, agresivos agentes de la policía en uniforme de combate, armados hasta los dientes y respaldados por francotiradores apostados desde vehículos blindados. La opinión pública estadounidense ha seguido atónita estos días este tipo de escenas más propias de Gaza o Irak que de un pequeño suburbio del Medio Oeste del país.

Más allá del incidente en sí, la dura respuesta policial a las protestas desatadas por la muerte de un adolescente negro desarmado que el sábado fue abatido a tiros por un agente de policía en Ferguson, un suburbio de San Luis, Misuri, ha puesto de relieve un problema del que no pocos expertos llevaban tiempo avisando: la excesiva militarización de la policía en Estados Unidos.

“La militarización de nuestras calles no se corresponde con la forma de gobierno democrático que tenemos en nuestro país”, denunciaba este viernes el congresista Hank Johnson. El demócrata de Georgia es el autor de una propuesta de ley para desmilitarizar la policía que hasta ahora había encontrado poco eco entre sus colegas legisladores. Pero tras los sucesos de Ferguson, algo parece estar cambiando.

Los llamamientos a mitigar este fenómeno se han multiplicado.

“Tenemos que desmilitarizar esta situación, este tipo de respuesta policial se ha convertido en el problema en vez de la solución”, criticaba la senadora demócrata por Misuri Claire McCaskill. Pero los cuestionamientos, esta vez, también llegan desde el bando conservador, algo más inusual en un país donde el derecho a portar armas sigue siendo sacrosanto para la mayoría. “Tenemos que desmilitarizar la policía”, demandaba el republicano Rand Paul en un editorial para la revista Time.

El mismo fiscal general de EE UU, Eric Holder, se declaraba esta semana “profundamente preocupado por el hecho de que el despliegue de equipo y vehículos militares esté enviando un mensaje contradictorio” .

Buena parte del material militar en manos de agentes de policía en todo EE UU tiene su origen en el Programa de Exceso de Propiedad del Departamento de Defensa, conocido como “programa 1033”. Desde los años 90, le permite al Pentágono traspasar a bajo precio a policías locales material bélico sobrante -especialmente abundante desde el fin de las guerras de Afganistán e Irak- para actividades relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y posibles casos de terrorismo, aunque la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) asegura que su uso es mucho más amplio.

Según la ACLU, que en junio publicó justamente un estudio denunciando esta situación -“La guerra llega a casa: la excesiva militarización de la policía estadounidense”- tan sólo en Arizona, el Programa 1033 junto con generosas subvenciones federales les han permitido a las autoridades locales, entre ellos el sheriff Joe Arpaio, famoso por su mano dura contra los indocumentados, hacerse con armas como ametralladoras de tal calibre que “disparan balas capaces de atravesar edificios”, según ACLU. A ello se une un arsenal compuesto, entre otros, de 64 vehículos blindados, 704 equipos de visión nocturna o 17 helicópteros.

“Las agencias del orden de Arizona, diseñadas para servir y proteger a las comunidades, están equipadas para mantener una guerra”, denuncia el estudio, que afirma que este tipo de actitudes alientan el uso de “armas y tácticas innecesariamente agresivas diseñadas para el campo de batalla”, no para el patrullaje de calles.

El problema es además generalizado.

The New York Times relataba recientemente el caso de Neenah, una ciudad de Wisconsin de 25.000 habitantes. Aunque en los últimos cinco años no se ha cometido ningún homicidio, la policía local cuenta con un vehículo de 30 toneladas capaz de resistir la explosión de minas terrestres. En todo el país, hay 432 vehículos militares de este tipo en manos de agentes locales o estatales.

Y The Wall Street Journal recordaba las palabras en 2011 del entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien se vanagloriaba de tener en la policía de su ciudad “el séptimo ejército más grande del mundo”.

A ello se une el propio entrenamiento policial, que “alienta la adopción de una mentalidad de ‘guerrero’ y el pensar en la gente a la que se supone se debe proteger como enemigos”, agrega ACLU, que también denuncia el excesivo uso de las fuerzas especiales SWAT en todo el país. Y todo ello, subraya, sin que haya una “supervisión pública”.

Bajo la premisa de que las calles son espacio “para familias y negocios, no para tanques y (rifles automáticos) M16”, el congresista Hank Johnson está tratando ahora de lograr apoyos para su propuesta de ley, que entre otros prevé imponer “algunas limitaciones” al material bélico que la policía puede adquirir mediante el Programa 1033. Fuera de la cesta de la compra quedarían entre otros armas automáticas, vehículos blindados, drones armados o granadas aturdidoras.

Según The Huffington Post, Johnson pretende presentar su iniciativa en septiembre. Otros legisladores entretanto han solicitado audiencias en el Capitolio para examinar “el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía”.

El presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, el demócrata Carl Levin, también anunció este viernes su intención de revisar el Programa 1033 antes de aprobar el próximo presupuesto militar.

“Nuestra intención era que los agentes y las comunidades estuvieran a salvo frente a bandas de narcotraficantes fuertemente armadas e incidentes terroristas. Antes de que el presupuesto de defensa llegue al Senado, revisaremos este programa para establecer si el equipo proporcionado por el Departamento de Defensa está siendo usado como se pretendía”, adelantó Levin.

“Los estadounidenses y los legisladores han visto ahora los resultados de la militarización policial, que crea el tipo de ambiente que hace difícil, si no imposible, un patrullaje en comunidades”, razonaba Johnson en la cadena MSNBC. El gobernador de Misuri, el también demócrata Jay Nixon, lo corroboraba: “Esto es claramente un ejemplo de la conversación que debemos tener sobre la fuerza adecuada para proteger una comunidad sin intimidarla”, admitió.

Los mismos sucesos en Ferguson parecen darles la razón: un día después de que los agentes locales fuertemente pertrechados fueran sustituidos por guardias de patrulla que se mezclaron e interactuaron con los manifestantes, la ya habitual noche de manifestaciones concluyó sin disturbios ni detenciones.