Ángel Colón no es Florence Cassez

En diciembre de 2005 Florence Cassez, una ciudadana francesa, fue acusada de participar en tres secuestros y acabó en prisión en México. En enero de 2013 la Suprema Corte de Justicia ordenó su liberación después de decidir que las autoridades habían vulnerado tres derechos fundamentales. Uno de ellos el de la asistencia consular. El caso, que dividió a la sociedad mexicana, tensó por más de un lustro la relación entre México y Francia, donde el expresidente Nicolás Sarkozy tomó la liberación de su compatriota como una batalla personal.

En México existe hoy un caso similar no tan polémico. Ángel Amílcar Colón está encarcelado desde 2009, acusado de delincuencia organizada. Este hondureño sigue contando los días de su encierro a la espera de que su país le brinde con diplomacia la defensa que no tuvo en los tribunales. El Comisionado de Derechos Humanos de Honduras ha enviado este lunes una nota a la cancillería y al Congreso Nacional solicitando la “defensa del connacional”. De esta forma, se suma una nueva voz a la campaña que comenzaron Amnistía Internacional y la ONG mexicana Centro Pro DH para exigir la liberación de este garífuna (afrodescendiente), que ha sido declarado preso de conciencia.

“Sabemos que nuestro cónsul en México ha visitado a Ángel en el penal de Nayarit. Cree en su inocencia. Nuestra embajada está también al corriente”, señaló el comisionado Roberto Herrera vía telefónica desde Honduras. El caso, señala, comienza a despertar interés en un país que aporta un buen número de historias al caudal de 300.000 centroamericanos que pasa por México rumbo a Estados Unidos cada año.

El pasado jueves 31 de julio se realizó un discreto plantón frente a la embajada mexicana en Tegucigalpa. Integrantes de la Fundación Martin Luther King Jr., que defienden los derechos de la comunidad negra en Honduras, denunciaron la “indiferencia gubernamental” en el caso de Ángel Amílcar. “No ha habido ninguna gestión de nuestro Gobierno para su liberación”, dijo René García, presidente de la organización.

Ángel trabajó como defensor de derechos humanos en su tierra. Se vio obligado a migrar a Estados Unidos para ayudar a pagar el tratamiento de su primogénito, enfermo de cáncer. Pero nunca llegó a su destino. En Tijuana fue detenido en una casa por la policía mientras esperaba a que un pollero (tratante de personas) lo ayudara a cruzar la frontera.

Desde su país tratan de abonar en su defensa. “Hemos verificado muchos extremos. En Honduras Ángel era respetado como defensor. Ha sido presidente de una ONG de fraternidad negra. Ha estado presente en juicios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice Herrera. El comisionado asegura que “no tiene antecedentes penales” en su país de origen. “Hemos hablado con las ONG y con quienes le han dado formación. No hemos podido encontrar ningún antecedente que pueda dar dudas”, agrega.

El expediente de Ángel Amílcar Colón está lleno de irregularidades que se han pasado por alto desde que comenzó la etapa de instrucción hace más de cinco años, en marzo de 2009. Hoy sus abogados señalan que las autoridades no han podido aportar una sola prueba “fehaciente” que vincule al migrante hondureño con las armas y drogas que supuestamente fueron halladas en la casa donde se llevó a cabo la detención.

En septiembre de 2009 Ángel apeló la decisión del juez que le había dictado auto de formal prisión. En mayo de 2010 un tribunal unitario modificó el auto, pero evitó meterse a fondo en el expediente. En 2011 un fallo pidió dictar una nueva resolución que fundara adecuadamente los hechos. En agosto de 2012 un juez reiteró las acusaciones por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y acopio de armas de uso exclusivo del ejército.

La defensa de Ángel denuncia que prácticas deleznables como el racismo ha enturbiado el expediente. El migrante fue acusado de delincuencia organizada por un juez que lo relacionó con otro caso en el que figuraba un narcotraficante apodado ‘El negro’. “Siendo él afrodescendiente, las autoridades lo inculparon. Asumieron que era esta persona, cosa que no tiene fundamento y es discriminatoria”, señala Luis Tapia, uno de sus abogados.

Para el comisionado Roberto Herrera, sin embargo, una de las faltas más graves sucedió mucho antes, en la misma noche en la que Ángel Amílcar fue detenido en Tijuana. “Las autoridades no llamaron ni se le brindó la posibilidad de acudir a la protección consular. El cónsul de Honduras en San Luis Potosí conoció el caso a posteriori. Es una falta grave al derecho internacional”, señala.

Ángel sigue aguardando que alguien en Honduras haga lo mismo que el expresidente Sarkozy hizo por Cassez. Pero hasta el momento, su caso sigue siendo una tragedia más que ilustra el negro panorama que pinta para aquellos que quieren cruzar México en busca de una mejor vida.