La justicia en Ecuador ensaya un lavado de cara ante su mala fama

En medio de las críticas internacionales hacia Ecuador por su falta de independencia judicial, la Corte Nacional ecuatoriana, el máximo órgano judicial del país, se prepara para renovar por primera vez un tercio de su plantilla. Los 21 magistrados que integran la renovada Corte, en funciones desde enero de 2012, ya no ostentan cargos vitalicios como sus antecesores, sino que son nombrados, mediante un concurso de méritos y oposiciones, para un periodo de nueve años y cada tres se hace una renovación de siete magistrados.

Un total de 139 aspirantes pugna por uno de esos siete puestos. Estos han superado la fase de inscripción, que exigía una experiencia mínima de 10 años en derecho, entre otros requisitos, y se preparan para la fase de entrevistas que se llevarán a cabo este fin de semana. Cada candidato tendrá en torno a 20 minutos para responder sobre sus motivaciones para el puesto, pero sus intervenciones no serán calificadas para evitar subjetividades. Esta es la principal diferencia con el proceso de selección anterior, que se hizo en 2011, cuando se reestructuró la función judicial en el país.

En 2011, una comisión internacional, encabezada por el exjuez Baltasar Garzón, cuestionó el hecho de que algunos aspirantes mejoraran su puntuación tras la audiencias orales y que fueran nombrados jueces de la Corte Nacional de Justicia en demérito de otros postulantes que reunieron mayores méritos. Estos jueces, que están en sus funciones desde enero de 2012, han sido protagonistas de casos polémicos como el juicio del presidente Rafael Correa contra Diario El Universo, o el juicio por injurias que también inició Correa en contra de un asambleísta de la oposición y sus asesores. En ambos casos, los magistrados fallaron a favor del mandatario y ratificaron indemnizaciones millonarias a su favor.

Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura, organismo que regula el accionar de los jueces, niega que la valoración de las entrevistas haya afectado la objetividad de la selección anterior. “La veeduría internacional no dice que por la entrevista se ha deslegitimado el proceso, lo que dice es que puede haber generado un margen de discrecionalidad que pudo haber afectado a algún candidato, frente a eso sugiere la eliminación de la entrevista en términos de calificación”, dice y añade que han acogido esta recomendación.

Santiago Guarderas, profesor de derecho de la Universidad Católica del Ecuador, señala que efectivamente se han eliminado subjetividades, pero todavía desconfía de otros parámetros del concurso. Uno de ellos es la designación de una comisión de expertos que asistirá al Pleno del Consejo de la Judicatura. “El rol que cumple esta comisión es importante porque depura las preguntas que la Escuela de la Función Judicial elabore para el concurso, pero será designada por la Judicatura y eso será a dedo. Tendremos un grupo que puede ser manejable y que está vinculado al Consejo de la Judicatura, que a su vez está constituido por gente del Ejecutivo”.

La otra preocupación del jurista es que la prueba práctica, que prevé el análisis de dos casos seleccionados por sorteo, se rendirá ante un tribunal integrado por miembros del Pleno de la Judicatura o delegados de ellos. “Esto es otra vez una delegación a dedo y el problema es que a diferencia de la prueba teórica, donde hay una sola respuesta, la resolución de casos prácticos queda a criterio del pleno o de su delegado y esto deja que los 50 puntos finales sean subjetivos otra vez”, concluye Guarderas.

El listado de los jueces que dejarán su sillón en enero de 2015 todavía es una incógnita. Se teme que magistrados que han sido cuestionados públicamente por el presidente estén en la cuerda floja. Como Johnny Ayluardo Salcedo, que dictaminó la libertad de la líder de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora, sentenciada a ocho años de prisión por el delito de sabotaje y terrorismo debido a su intervención en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Correa calificó su fallo como una “barbaridad jurídica” y pidió a la Fiscalía general del Estado que ponga una queja.

Jalkh insiste en que aún no se ha seleccionado a nadie aún para la renovación y que se analizará la tasa de resolución de casos, la complejidad de las causas, entre otros parámetros que serán definidos en agosto. “El pleno del Consejo (de la Judicatura) analizará un informe técnico de la Escuela de la Función Judicial para determinar todos los parámetros con los cuales serán evaluados los jueces de la Corte Nacional de Justicia”, dice.

Lo que sí se sabe es que el listado final será de seis jueces porque en diciembre del año pasado se destituyó al juez José Suing, acusado de favorecer al Oleoducto de Crudos Pesados en un juicio que inició el Servicio de Rentas Internas (SRI) para exigir el tributo de 17,7 millones de dólares. El titular del SRI en ese entonces, Carlos Marx Carrasco, puso una queja en contra del juez y esto derivó en su destitución y la anulación de la sentencia que liberaba del pago a la empresa del oleoducto.

La Corte Nacional de Justicia no ha estado alejada de la polémica. Antes de la Constitución de 2008, se llamaba Corte Suprema de Justicia y era cuestionada por la injerencia de los políticos de turno. Además, los jueces de esta corte tenían cargos vitalicios lo que hacía imposible su renovación. Esto fue así hasta que el presidente Lucio Gutiérrez (enero 2003-abril 2005) tomó una medida inédita y destituyó a los 28 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y automáticamente nombró a una nueva corte.

La nueva corte estaba formada por abogados afines al Partido Roldosista Ecuatoriano, cuya primera medida fue archivar el juicio por peculado que tenía Abdalá Bucaram, líder de esa tienda política y presidente del país entre agosto de 1996 y febrero de 1997. Así allanaron el camino para que el expresidente retornara al país desde su exilio en Panamá.

Esta arbitrariedad de la justicia derivó en un reclamo ciudadano que pedía “que se vayan todos” y así fue. Cayó Gutiérrez y la Corte Suprema se mantuvo cerrada durante siete meses. La nueva Carta Magna que impulsó el Gobierno de Rafael Correa en 2008 promovió la reingeniería total de esta instancia judicial que cambió de nombre y se supeditó al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional. Este organismo cobró fuerza y fue definido en la Constitución como el “máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esa materia”.