“Ecuador es, tras Cuba, el país más restrictivo en libertad de expresión”

A Catalina Botero, seis años de trabajo constante y de recriminaciones públicas por parte de Estados molestos con sus recomendaciones sobre libertad de expresión no le han quitado las ganas de seguir defendiendo los derechos humanos. “Es lo que me motiva todos los días cuando me levanto por la mañana”, asegura.

Esta jurista colombiana considera “un enorme desafío y un gran honor” su paso por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y ahora que se apresta a entregarle el testigo al uruguayo Edison Lanza, recién elegido como su sustituto a partir de octubre, reflexiona sobre la situación de la libertad de expresión en la región. Recibe a EL PAÍS en su despacho en Washington, donde grandes cajas apiladas con documentos e informes atestiguan lo mucho que aún queda por hacer en la materia.

Pregunta. ¿Por qué es necesaria una la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en América Latina?

Respuesta. La Relatoría se crea en un momento clave para la región, cuando se están consolidando las transiciones de las dictaduras del Cono Sur a Estados democráticos y de los conflictos armados de Centroamérica a Estados de Derecho con democracias electorales, por lo menos relativamente libres. Los Estados tenían clarísimo que lo primero que violan los regímenes autoritarios es la libertad de expresión y querían salvaguardas para que no vuelva a pasar. Hoy se aplica exactamente la misma razón, es un derecho fundamental para consolidar las democracias en la región.

P. Hay, sin embargo, quienes sostienen que algunas limitaciones a la libertad de expresión son necesarias para defender a los grupos más vulnerables frente a la “prensa hegemónica”.

R. Una cosa es dar mayor visibilidad a los grupos tradicionalmente marginados o discriminados e incentivar una mayor diversidad en la deliberación pública, por ejemplo, mediante el fortalecimiento de medios públicos independientes. Y otra cosa, muy distinta, es que con este pretexto algunos Gobiernos pretendan copar todos los espacios de comunicación y convertirse en la única voz que puede ser escuchada. En este escenario pierden todos, la sociedad, las minorías políticas y especialmente los grupos marginados en cuyo nombre paradójicamente se suprimen las garantías para poder disentir.

P. ¿Qué países le preocupan más en la región?

R. Como lo manifestó la CIDH, los episodios de los últimos meses en Venezuela son realmente preocupantes. Se trata de gravísimas restricciones a derechos como la libertad de expresión, que aumentan la incertidumbre sobre las garantías estatales para el ejercicio de los derechos humanos. La violencia sistemática contra comunicadores de todas las tendencias, los mecanismos de bloqueo informativo como el cierre de un canal de televisión sin proceso previo, la falta de papel prensa, la apertura de procesos penales y disciplinarios contra opositores, medios y comunicadores incómodos y la permanente estigmatización de la disidencia configuran un panorama que nos preocupa de manera particular.

También está Ecuador que, después de Cuba, tiene la legislación más restrictiva para la libertad de expresión en toda la región. Déjeme darle sólo un ejemplo: en ese país, todos los medios de comunicación, escritos, digitales, de radio o televisión, están expresamente obligados a publicar toda la información que el Gobierno considere que es de “interés publico” y, al mismo tiempo, pueden ser sancionados por publicar información que el Gobierno considere irrelevante. En otras palabras, quien decide si el público puede o no conocer una información son los agentes gubernamentales encargados de vigilar y sancionar a la prensa. Ese es solo uno de los múltiples ejemplos de las atribuciones que la legislación otorga al Gobierno y sobre las cuales nos hemos pronunciado. Usted comprenderá que en esas circunstancias resulta difícil hablar de libertad de expresión.

P. Precisamente estos dos países le han acusado de empecinarse en criticar sus acciones y de servir con ello a intereses de Gobiernos como el de EE UU.

R. Los hechos hablan por sí mismos, la acusación de que existe un doble estándar no es verdad. Si mira los informes de la Relatoría de este año, hay uno completo sobre EE UU, sobre todo el debate que se produce a partir de las denuncias de Edward Snowden, sobre el juicio a la soldado Manning, sobre los problemas que han existido en torno al acceso a la información… Supervisamos los 35 países de América y a los 35 les aplicamos exactamente el mismo rigor.

P. ¿Puede haber democracia sin libertad de expresión?

R. ¡De ninguna manera! La democracia no es simplemente ir a votar: para poder tomar una decisión, una condición indispensable es la deliberación. Sin ella no es posible ese proceso colectivo de elección de preferencias. Por lo tanto, es imposible el ejercicio de los derechos políticos. Las democracias no son solamente regímenes procedimentales a través de los cuales las personas eligen a sus mandatarios. Las democracias constitucionales suponen un mínimo de derechos para todas las personas que viven en esos Estados, y esos derechos corren peligro, sin duda, si no existe la posibilidad de vigilar lo que hacen los poderes públicos y privados, y de discutir abiertamente y controlar a través de estos procesos de control social, y sobre todo la prensa, lo que hacen estos poderes. Un Estado que prohíba la protesta social, que no establezca mecanismos de acceso a la información pública, en el que una persona puede ser enviada a la cárcel por decir o hacer algo que pueda ofender a un funcionario, o que pueda, literalmente, llevar a la bancarrota a un medio crítico para evitar que circulen informaciones incómodas, es un Estado en el cual será imposible que los grupos más desfavorecidos puedan salir a la calle, publicar sus críticas, cuestionar las políticas de Gobierno y exigir soluciones reales a sus problemas. Esa voz, que es su mejor instrumento, podrá ser fácilmente suprimida.

P. ¿Cuáles son los grandes desafíos de la libertad de expresión en la región?

R. Nosotros elaboramos una agenda, en donde priorizamos cinco desafíos. El primero tiene que ver con la violencia contra las personas que ejercen su libertad de expresión. El segundo es el uso del derecho penal como mecanismo de responsabilidad ulterior por el ejercicio de la libertad de expresión. También está el uso del desacato o de la injuria y calumnia para enjuiciar, condenar a las personas que hacen denuncias sobre los altos funcionarios. Eso afecta directamente la capacidad de tener una deliberación vigorosa, importante, sin miedo a sufrir represalias. ¿Quién se va a atrever a hacer una denuncia de corrupción si el funcionario aludido puede lograr que el periodista que hace la denuncia termine en la cárcel? El tercer desafío es la censura indirecta, el uso del poder estatal para premiar a los medios amigos y castigar a los críticos. El cuarto sería el acceso a la información. Ahí hay unos avances grandiosos en la región. El quinto, la diversidad y el pluralismo. Hemos impulsado la protección de las radios comunitarias indígenas, de sectores marginados, porque creemos que la deliberación no es completa si no están todas las voces, intereses y necesidades que existen en una sociedad.

P. ¿Debe seguir teniendo la Relatoría independencia para financiarse?

R. Ante la ausencia estructural de recursos del sistema interamericano de derechos humanos, creo que es una gran solución poder competir ante las agencias de cooperación internacional con proyectos que son nuestras propias prioridades, no las del cooperante.

Impedir que tengamos esos recursos sería impedir que podamos hacer la supervisión regional y el apoyo a los Estados para que sigan promoviendo el derecho a la libertad de expresión.

O los Estados tendrían que pagar más. La creación de un fondo permanente que no dependa año a año de la voluntad de los Estados, con reglas claras de financiación, a largo plazo, sería extraordinario. Mientras eso no ocurra, la salida es la cooperación internacional.