La violencia política deja cinco muertos en Nicaragua

La celebración del 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista se volcó en tragedia la noche del sábado en Nicaragua, cuando simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fueron atacados por armados desconocidos. En la emboscada murieron 5 personas y otras 19 resultaron heridas. Los hechos ocurrieron en comunidades del norte del país, cuando varios grupos de simpatizantes sandinistas regresaban en caravanas desde Managua, la capital, tras la celebración. El presidente Daniel Ortega ha calificado el hecho como “una verdadera masacre”, mientras la Policía Nacional intenta esclarecer lo sucedido, pero sin dar información a la prensa.

La noche del lunes, los habitantes de la pequeña comunidad de San Juan de Limay, de donde eran la mayoría de los muertos, enterraban a sus vecinos, mientras los nicaragüenses contenían el aliento ante un hecho que les recuerda el pasado de violencia política que llena las páginas de la historia de este pequeño país centroamericano.

“Yo combatí en la guerra (de los ochenta) y vi cómo morían mis compañeros. Le puedo asegurar que en Nicaragua no queremos otra guerra”, dijo Eduardo, un taxista de Managua, tras comentar los hechos del sábado. Para los nicaragüenses mayores de cuarenta años como Eduardo siguen frescas en la memoria las imágenes de la guerra civil que en los ochenta sangró al país. El norte de Nicaragua fue el escenario más violento de ese conflicto, donde los llamados contras y miembros del Ejército Sandinista protagonizaron sangrientos enfrentamientos y cometieron atroces violaciones de los derechos humanos contra los campesinos de la región.

Organizaciones de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) llamaron a esclarecer lo más pronto posible lo sucedido, para evitar caldear los ánimos en un país intensamente polarizado. “El pueblo tiene derecho a ser informado con la verdad, las autoridades no pueden seguir obviando el contexto que pudo generar este irracional comportamiento y precipitarse en la valoración de escenarios y acciones sin mayor fundamentación. Exigimos que se encuentren a los responsables y se les aplique la ley. Es inaceptable la fabricación precipitada de actores, esto deja en la impunidad a los verdaderos delincuentes”, afirmó la institución en un comunicado.

Organizaciones de derechos humanos piden que el caso se esclarezca pronto para no ahondar la polarización social

Obispos de la Iglesia católica de Nicaragua han alertado de la existencia de supuestos grupos armados con fines políticos en el norte del país, que en varias ocasiones se han enfrentado a la Policía y el Ejército. Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí (norte de Nicaragua), ha hecho un llamado a las autoridades para que no “minimicen” a estas agrupaciones, que tanto el Ejército como la Policía han calificado como grupos de “delincuentes” que se dedican al saqueo y robo de ganado.

Hasta este martes la Policía de Nicaragua no había presentado ningún avance de las investigaciones para esclarecer los ataques contra los simpatizantes del FSLN. Unas 48 horas después del atentado la Policía había capturado a cuatro personas, incluido un adolescente de 15 años, Frank Martínez Torres, quien luego fue liberado. Todos los capturados, según la prensa nicaragüense, son simpatizantes del FSLN. Hasta el momento la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía no ha informado sobre sus pesquisas ni se conoce el móvil del crimen. Al ser consultado por los periodistas, el comisionado mayor Mauricio Ruiz, director de la DAJ, lanzó un lacónico “sin comentarios”.

La débil oposición política de Nicaragua ha lamentado los hechos e inmediatamente ha tratado de deslindarse de lo ocurrido. El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fundado a mediados de los noventa por el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez y que agrupa a exguerrilleros e intelectuales disidentes del FSLN, condenó lo que sus miembros han calificado como “una acción criminal contra personas que hacían uso de su derecho a movilizarse”. Este movimiento político –a quien el Tribunal Electoral de Nicaragua quitó su personalidad jurídica– afirmó que “hemos demandado al régimen de la familia Ortega que respete plenamente los derechos humanos de los nicaragüenses, en particular el derecho de libre organización y movilización. Exigimos por tanto, de cualquier otra fuerza o grupo armado, de la naturaleza que sea, que los respete igualmente”.

El Partido Liberal Independiente (PLI), el principal de oposición en el país, también deslindó responsabilidades con lo ocurrido el sábado, pero alertó al gobierno de Ortega que “estas acciones violentas, que enlutan a todos los nicaragüenses, son consecuencia del acelerado cierre de espacios democráticos, de las reiteradas violaciones a la Constitución y las leyes por parte de Daniel Ortega, de los reiterados fraudes electorales, de las continuas agresiones a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente por parte de grupos paramilitares que actúan con la complacencia oficial; de la exclusión que sufren miles de nicaragüenses a quienes se les niegan servicios sociales y acceso al trabajo por no militar en el partido de gobierno”.

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cuyos obispos han expresado fuertes críticas al régimen de Ortega, informó que este 24 de julio se celebrará en todo el país una eucaristía en homenaje a las víctimas del 19 de julio. Los obispos, tras condenar “absolutamente” el ataque del sábado, pidieron a las autoridades esclarecer los hechos, para evitar que en Nicaragua se forme una sociedad basada “en el terrorismo, la impunidad o el encubrimiento cobarde de eventuales autores intelectuales”.