“Los gobernantes de Centroamérica también tienen responsabilidad”

El congresista Luis V. Gutiérrez (Chicago, 1953) es una de las voces más combativas del Capitolio en favor de los derechos de los inmigrantes y de la comunidad latina de Estados Unidos en particular. Educado en Puerto Rico, el país de sus padres, se sienta desde 1992 en el escaño de la Cámara de Representantes que corresponde al centro de Chicago. Gutiérrez atendió brevemente a EL PAÍS en la convención del Consejo Nacional de La Raza, el lobby latino más importante de EE UU, que se celebra en Los Angeles, donde fue vitoreado en varias ocasiones por hablar sin pelos en la lengua. También fue el único conferenciante que utilizó el español con fluidez. Su principal preocupación en estos días es la crisis de los niños inmigrantes de Centroamérica en la frontera y lanza un mensaje a esos países: “No vengan”.

“Lo que hay es un camino de tortura, abusos, ultraje y muerte”, dice Gutiérrez. “Y si sobreviven a ese camino, nuestras leyes de inmigración no les van a brindar el auxilio y la ayuda que ustedes esperan y necesitan”. Pero el congresista también afirma que en Estados Unidos “tenemos una responsabilidad”. “Nosotros tenemos que asegurar que aquellos sectores criminales de sus países que controlan grandes sectores de su economía y su vida cívica, no puedan continuar actuando con impunidad”.

Gutiérrez se esfuerza por explicar que “esto es un asunto bien complicado” y que las causas de la llegada de menores indocumentados son profundas y antiguas. “Los adultos de los dos lados de la frontera les han fallado a los niños. Nosotros consumimos las drogas, aquí en este país. Somos los consumidores principales del mercado de los narcotraficantes que controlan esos países y, a la vez, utilizan los dólares y el armamento fabricado aquí, en Estados Unidos, para crear el caos que existe y que no permite defender a esos niños”.

En su reparto de responsabilidades, el congresista Gutiérrez no deja de citar a los gobernantes de los países de origen. “Ellos tienen responsabilidad. Hay sectores corruptos, policías que no protegen”. Por ejemplo, Gutiérrez cita de memoria, como si le hubiera impactado especialmente, los detalles del caso de Erwin Sperisen, ex jefe de la policía de Guatemala, condenado el pasado 6 de junio a cadena perpetua por un tribunal suizo por haber participado en los asesinatos de seis presos. A un séptimo preso lo mató él personalmente.

Para el congresista Gutiérrez, casos como este son “un indicio” de lo que ocurre en esos países. “Mire, nuestro país, el Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos norteamericanos que no viajen a Honduras, y lo que dice es: ‘La policía no le protegerá’. Y si no protegen a los turistas, ¿qué protección se puede esperar para los indígenas?”.

Los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador se reunirán con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el próximo 25 de julio en Washington para tratar la crisis de los niños indocumentados.

En el plano interno, Gutiérrez rechaza que 57.000 niños indocumentados supongan ninguna emergencia para EE UU. “Entre Turquía y Jordania tienen un millón y medio de refugiados sirios y nosotros los aplaudimos por hacerlo, son nuestros aliados”.

Durante las sesiones de la conferencia del CNLR, Gutiérrez charló con los periodistas para explicar lo que, según él cree, puede hacer Obama a través de las medidas ejecutivas que ha prometido tomar antes de las elecciones de noviembre. En primer lugar, el congresista cree que se debería permitir a 1,5 millones de personas que ya tienen concedidas visas para familiares que las recojan en sus oficinas locales en EE UU, sin necesidad de tener que volver a sus países de origen para hacer el trámite en el consulado. En segundo lugar, se puede buscar una solución para los llamados dreamers, unos 600.000 jóvenes que llegaron indocumentados a EE UU de niños, traídos por sus padres, y que se encuentran en un limbo legal. Por último, el presidente, opina Gutiérrez, podría abrir un camino a la legalidad para los que son padres de niños ciudadanos, nacidos en EE UU y por tanto con pasaporte norteamericano. En total, Gutiérrez cree que las medidas ejecutivas de Obama podrían beneficiar a unos 5 millones de personas, frente a los 11 millones a los que ayudaba directamente la reforma migratoria aprobada en el Senado y que se encuentra bloqueada en la Cámara baja por los republicanos.