El arbitraje por el sobrecoste del Canal de Panamá comienza este lunes 21 de julio

Obreros de cascos blancos y chalecos verdes y naranjas movieron el sábado, por empinadas rampas de concreto, una imponente compuerta de acero de más de 3.000 toneladas de peso hacia su posición definitiva en las nuevas esclusas del Canal de Panamá en el sector del océano Atlántico, en una cuidadosa, exitosa y crucial maniobra en la ampliación de la vía. En una labor paralela a puerta cerrada y en otros escenarios, ejecutivos de corbata alistaban lo que se prevé será una prolongada batalla jurídica internacional sin precedentes en la historia del paso interoceánico: la fase inicial de un reclamo del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio privado español, italiano, belga y panameño que construye las obras, por supuestos costes adicionales en los trabajos para expandir la estratégica ruta acuática.

Con un primer reclamo a debate por 180 millones de dólares, y ante la expectativa de que las exigencias separadas por sobrecostos eventualmente podrían sumar 1.600 millones, la estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y GUPC, encabezado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo y que edifica el tramo principal de la expansión, se someterán a partir de este lunes en la Cámara de Comercio Internacional, de Miami, Florida, a un arbitraje externo que definirá la exigencia de cobros extras de la constructora.

“Para nosotros es algo nuevo porque nunca hemos tenido un arbitraje internacional. Este será el primero en que estamos involucrados”, afirmó el panameño Jorge Quijano, administrador de la ACP, en una entrevista telefónica con EL PAÍS. “Lo estaremos viendo en el transcurso de los próximos dos años, calculo yo. Podría durar unos dos años, como muy poco diría que un año. Los otros reclamos no han llegado a arbitraje. Hay uno viejísimo de 2013, por 497 millones de dólares, que se debió haber visto en septiembre del año pasado y que el mismo GUPC ha ido postergando y que se verá en septiembre próximo” en arbitraje, explicó.

La reclamación por 180 millones de dólares, informó, se refiere a “una obra que se construyó temporalmente en el sector del Pacífico para poder hacer el desagüe y construir la parte inferior de las esclusas en seco y [la constructora] dice que la geología no era como nosotros la habíamos planteado, cosa que no es cierto”.

“Es un área que dependía mucho de la forma de construcción que escogía el contratista para hacer sus construcciones y, por lo tanto, es una construcción temporal y no es permanente, por lo que [de esa área] no nos hacíamos responsables ni de cómo estaba la geología, en lo que hemos indicado que no hemos encontrado nada diferente de lo que estaba planteado”, añadió.

La jornada de este lunes será al menos a cinco bandas, ya que los tres árbitros—uno de España, uno de Inglaterra y uno de Bélgica—participarán en una teleconferencia con los abogados de ACP y los de GUPC. Aunque fueron solicitados por EL PAÍS, los nombres de los jueces no estuvieron disponibles.

“Se van a establecer los procedimientos y la programación de cómo es que esto se va a deslindar y como presentar pruebas” y demás trámites, relató Quijano. “Cada reclamo que llega a arbitraje es independiente de cualquier otro. Este se va a deslindar en función de sus méritos y no quiere decir que se va a unir a otros para hacer un solo reclamo. Ahora mismo el único que está en arbitraje este de 180 millones de dólares”, aclaró.

Por su lado, y citada por la agencia de noticias Reuters desde Miami, la abogada Carolyn Lamm, de la firma White & Case y que representa a GUPC, declaró que este lunes “ambas partes presentarán sus argumentos y borradores de órdenes de procedimiento respecto a cómo se desarrollará el caso”.

Pleito y atrasos

El lío de los gastos adicionales paralizó este año la ampliación, ya que el Grupo ha planteado a la ACP una serie de sobrecostes en que ha incurrido desde que en 2009 comenzó sus trabajos en lo que es uno de los más importantes megaproyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe.

La crisis estalló el 1 de enero anterior, cuando el Grupo advirtió a la ACP que, a partir del 20 de ese mes, paralizaría la construcción si no se le pagaban 1.600 millones por gastos en exceso por “condiciones geológicas imprevistas” que obligaron a usar “gran cantidad de recursos adicionales”. La Autoridad rechazó el ultimátum y aunque comenzó una etapa de múltiples y prolongadas negociaciones bilaterales, las obras fueron paralizadas del 5 al 19 de febrero y se reanudaron el 20, cuando se alcanzó un acuerdo preliminar que fue consolidado con un arreglo en marzo siguiente entre ambas partes, con inyección de dinero y otras decisiones financieras.

Sin embargo, el conflicto obligó a modificar el cronograma. Con una oferta de 3.118 millones de dólares, el Grupo se ganó en 2009 la licitación de las nuevas esclusas —trecho principal de la ampliación— y ese mismo año inició labores con el compromiso de concluir en 2014, pero por atrasos en 2012 postergó el final a junio de 2015. Ante la parálisis de dos semanas en febrero anterior y una huelga de obreros de dos semanas en abril y mayo pasados, la nueva fecha para finalizar la ampliación, que está ya a más del 75%, es diciembre de 2015.

Valorada en 5.250 millones de dólares e iniciada en 2007, la expansión es en áreas aledañas a las viejas esclusas, instaladas en el Pacífico y en el Atlántico, abiertas en 1914 y que han seguido operando con normalidad.

En este panorama, la tarea de completar la movilización de la primera de las 16 nuevas compuertas —ocho ya están en Panamá— fue calificada como un “nuevo hito” en la ampliación canalera, al ser colocada en una cámara inferior de las nuevas esclusas en el sector del Atlántico tras bajar por rampas de concreto en una operación descrita como de alta precisión y seguridad.