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“Robé, sí, pero poquito”

La confesión de un alcalde mexicano y otros escándalos reflejan los pocos logros anticorrupción

Hilario Ramírez Villanueva en una imagen de Youtube.
Hilario Ramírez Villanueva en una imagen de Youtube.

A Hilario Ramírez Villanueva, dueño de una empaquetadora de mangos, le gusta pasearse por el pueblo de San Blas, en la costa del Pacífico, con sombrero vaquero y la camisa desabrochada hasta el ombligo. Así iba la tarde del 8 de junio en que, ante unos 50 vecinos, más bien aburridos por el acto electoral de su exalcalde, soltó la frase que ha entrado en la historia pequeña de México. Subido a un escenario y micrófono en mano, disparó: “Me han criticado porque me gusta mucho el dinero. ¿Y a quién no le gusta? [Y también dicen] que le robé a la presidencia. Pues sí le robé, sí le robé, sí le robé, pero poquito, porque estaba bien pobre; fue nomás una rasuradita”.

Le robé pero poquito. La frase, captada en un vídeo y colgada en Youtube, recorrió como una descarga eléctrica el espinazo del país norteamericano desatando primero la risa, luego el escándalo y ahora, más de un mes después, el desencanto: el candidato independiente Ramírez se ha proclamado alcalde con el 40% de los votos. “Como verá, no me fue tan mal. Y es que ellos saben que eso de robar no es cierto, que yo soy un hombre del pueblo, que yo me dedico al bien, que ayudo a los pobres, que hay pocos como yo”, se ufana Ramírez en conversación con este periódico. A diferencia de cuando ganó en 2008, que acudió a la toma de posesión a lomos de un purasangre valorado en 250.000 dólares, esta vez el empaquetador de mangos celebró su victoria repartiendo billetes de 20, 50 y 100 pesos a quien se le acercó. Lo conociese o no. Una imagen que, para muchos mexicanos, representa el triunfo de la degradación política.

Uno de cada siete ciudadanos del país asegura haber sufrido esta lacra

“Es un personaje terrible que habla de nosotros y de la permisividad que hay con determinadas conductas. Hemos avanzado legalmente, pero nos falta acabar con la impunidad. Sin castigo no hay rendición de cuentas. Y aquí, de momento, quien persigue realmente es la justicia estadounidense, parece que tengamos un outsourcing [subcontrata] judicial con ellos”, afirma Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano de Competitividad. Su opinión expresa un sentimiento muy extendido y que se ancla en una experiencia que se vive con especial amargura en el ámbito público, donde uno de cada siete mexicanos confiesa haber sufrido esta lacra. El resultado es una fuerte pérdida de confianza en la autoridad, como demuestra, según el Instituto Nacional de Estadística, que la población ponga en la cúspide de la corrupción a la policía (90%), los políticos (84,4%) y el ministerio público (78,4%).

Las promesas para acabar con este deterioro han sido casi tantas como los silencios que las han seguido. La última y más sonora llegó en noviembre de 2012 con el anuncio de crear una Comisión Nacional Anticorrupción destinada a eliminar las purulencias del aparato administrativo. Casi dos años después, la iniciativa sigue congelada en el Congreso y sin que figure en la agenda de los partidos, absorbidos en la reforma de la energía y las telecomunicaciones.

Donde sí se ha registrado algún avance es en el combate cuerpo a cuerpo. Con los nuevos aires que soplan en México, personajes que antiguamente eran intocables han empezado a caer. La primera en ser fulminada esta legislatura fue Elba Esther Gordillo, líder del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La Maestra, como se la conocía, fue encarcelada en 2013 bajo la acusación de malversar 200 millones de dólares. La detención de esta compradora compulsiva capaz de llevarse de una tacada 10 pares de zapatos de Jimmy Choo o diamantes por valor de 350.000 dólares en Tiffany, se entendió como una señal del presidente Enrique Peña Nieto. Tras ella ha venido una cascada de altos cargos. Los hay de todos los colores. “No hay un partido anticorrupción, todos están afectados. Incluso el PAN, que tenía fama de incorruptible, la ha perdido tras su paso por el poder”, señala Pardinas.

En el ramillete de caídos, destacan, por el peso que les otorga el sistema federal mexicano, los gobernadores. Y entre ellos brilla como una perla negra Tomás Yarrington, que llegó a postularse en el PRI como aspirante a la presidencia de México. Este antiguo gobernador de Tamaulipas, un Estado fronterizo con Texas, se dio a la fuga después de que la justicia estadounidense ordenase su captura por fraude bancario, lavado de dinero negro, cobro de sobornos del cártel del Golfo e incluso contrabando de cocaína. Desde el limbo del prófugo, el elegante Yarrington, que se presenta como un “enamorado de su país”, ha abierto recientemente una página de Facebook en la que defiende su inocencia y se declara víctima de una persecución política.

En el vecino Estado de Coahuila también gozan de la experiencia de un gobernador en fuga. Se trata de Jorge Torres, nuevamente del PRI, buscado por blanqueo de dinero, y cuyo rostro, antaño poderoso, acaba de ser colgado en las páginas de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, junto con una variopinta gama de fugitivos malencarados. La recompensa, se indica, es negociable.

Personajes que antiguamente eran intocables han empezado a caer

A otros no les ha dado tiempo a escaparse. En la levantisca Michoacán, cuna de las autodefensas, el priísta Jesús Reyna, secretario de Gobernación y que fuera mandatario interino en 2013, durante la etapa más virulenta del enfrentamiento con los narcos, ha sido encarcelado por sus nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios, al que supuestamente combatía. Y su jefe durante años, el gobernador electo Fausto Vallejo, ha renunciado hace pocas semanas alegando “motivos de salud” justo cuando se destaparon los supuestos vínculos de su hijo con dicha organización criminal.

La lista es larga y alcanza en una escalera descendente a amplios espacios de la administración. Los periódicos destapan casi a diario nuevos casos. Los ceses están a la orden del día. Pero la insatisfacción sigue ahí. “México ha avanzado mucho en temas de transparencia, se han descubierto asuntos que antes permanecían ocultos. Ahora se habla de ellos, se publican, pero falta el siguiente paso, porque la impunidad sigue ahí. Se necesita una amenaza de sanción creíble. Se destituye, se inhabilita, se imponen multas, pero rara vez se condena a prisión”, explica Eduardo Bohórquez, director en México de Transparency International, organismo que sitúa al país en el puesto 106 (de 177) del Índice de Percepción de la Corrupción, a la altura de Níger.

Las soluciones pasan, según los analistas, por un fortalecimiento de los aparatos de justicia y la generación de un régimen punitivo creíble. Ese es el camino, señalan, para recuperar la deteriorada confianza en los políticos. Un estamento que, en palabras del recién elegido alcalde de San Blas, Hilario Ramírez, está representado por “chupadores que se han olvidado del pueblo”. No como él, que ya ha anunciado para su próximo cumpleaños, el 22 de febrero de 2015, una gigantesca fiesta con actuación de la muy popular Banda El Recodo, el sacrificio de 50 reses y el reparto de 50.000 cartones de cerveza. Exactamente cinco por cada habitante de su pueblo. Es su forma “honrada” de hacer política.

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