Un escándalo de escuchas a políticos sacude Polonia

El oscuro escándalo de escuchas que sacude desde la semana pasada a la clase política polaca amenaza no solo con tumbar el Gobierno liberal-conservador de Donald Tusk, sino también con enturbiar las relaciones de Varsovia con países vecinos y aliados. Coincidiendo con la visita de Mariano Rajoy a Gdansk, la ciudad donde nació el sindicato Solidaridad de Lech Walesa, el primer ministro polaco aprovechó la comparecencia conjunta tras la cumbre bilateral para denunciar en tono muy grave un enorme complot “para desestabilizar Polonia, el Gobierno y el partido que apoya al Gobierno”.

Tusk, que canceló la habitual rueda de prensa conjunta precisamente para evitar las preguntas de la prensa local, hizo una larga declaración para salir al paso de la publicación de conversaciones privadas de varios ministros y empresarios sobre asuntos clave del país, como la relación con EE UU o las negociaciones en Bruselas. Tusk se defendió atacando a quien le pide dimisiones y dejó caer que detrás de esta operación podría estar incluso Rusia, contrariada por la actitud dura ante Moscú que ha adoptado Varsovia. Tusk no llegó a citar a los rusos, pero la acusación se deducía de sus palabras.

“Este escándalo de escuchas provoca una crisis política desconocida. No tengo ninguna duda de que el responsable es un grupo delincuente organizado. No lo hicieron movidos por el interés público. El único resultado es desestabilizar el estado polaco en un momento muy delicado, cuando la posición fuerte de Polonia tiene mucha importancia en las decisiones que tome la Unión Europea sobre Ucrania”, insistió ante un Rajoy atónito. “Las escuchas no están pensadas para causar la dimisión de uno u otro ministro, sino para paralizar el Gobierno entero. Los políticos que están satisfechos tienen una visión muy corta”, añadió, en una clara referencia a la oposición.

La declaración era de tal gravedad que Rajoy se vio obligado a intervenir. “Yo no iba a hablar de este tema, pero voy a hacerlo ante lo que he escuchado. Me solidarizo con todas las personas que han sido objeto de grabaciones ilegales y quieren defender un derecho fundamental, que es de la privacidad de las comunicaciones. Quiero desearte suerte a ti y a tu Gobierno”, dijo mirando a Tusk.

Las revelaciones hechas por la revista Wprost han dejado perplejo al país durante las últimas dos semanas. El escándalo tiene una doble vertiente. Por una parte, la publicación de las escuchas deja en una situación muy difícil a dirigentes tan importantes como los ministros de Interior y Exteriores o el gobernador del Banco Central. Pero al margen de que las escuchas puedan precipitar la convocatoria de elecciones, como reconoció el propio Tusk la semana pasada, la pregunta que todo el mundo se hace es quién ordenó poner los micrófonos. Las elucubraciones van desde grupos empresariales afines a la oposición hasta rivales políticos de Tusk pasando por el Kremlin.

El escándalo tiene varios episodios. El primero llegó cuando la revista reveló la conversación en la que alguien que parece ser el ministro del Interior, Bartlomiej Sienkiewicz, pedía al gobernador del banco central, Marek Belka, medidas para impulsar la economía con el objetivo nada oculto de ganar las elecciones de 2015. “Mi condición, disculpen, es el cese del ministro de Finanzas”, decía en la cinta Belka. La destitución del titular de Finanzas a los cuatro meses parece confirmar un acuerdo que dejaría en entredicho la independencia del banco central.

Una semana más tarde llegó otro golpe a la credibilidad del Ejecutivo Tusk. El ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, que suena como candidato para sustituir a Catherine Ashton al frente de la diplomacia europea, se ha complicado su futuro y el de su Gobierno después de que se conocieran sus declaraciones. “La alianza entre Estados Unidos y Polonia no vale nada aunque algunos pardillos crean que es fantástica”, decía en las escuchas hechas públicas el fin de semana. Sikorski usó su cuenta de Twitter para negar la autenticidad de estas palabras, pero el daño político ya estaba hecho.

El escándalo tiene aún más flecos, como la redada que la policía efectuó en la redacción de la revista Wprost, que puede acabar con la carrera del fiscal general. Son muchos los que reclaman su dimisión por una actuación policial que pone en duda la libertad de prensa en un país que este mes celebró el 25 aniversario de sus primeras elecciones libres.