El Gobierno de México reconoce 102 periodistas asesinados desde el año 2000

En los últimos diez años, alrededor de 500 periodistas han muerto en todo el mundo por ejercer su profesión, según la ONU. De estos, una quinta parte trabajaba en México. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Procuraduría General de Justicia mexicana, registra 102 homicidios contra la prensa en los últimos 14 años. Son estas las primeras cifras oficiales que publica el Gobierno desde que se creó el organismo en el año 2010.

Según los datos recogidos en el informe, los asesinatos de periodistas se intensificaron a partir de 2006, el primer año del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), etapa en la que el entonces presidente puso en marcha una dura estrategia para acabar con los carteles de la droga en México. Mientras entre 2000 y 2005, bajo el mandato de Vicente Fox, las víctimas de delitos contra la libertad de expresión fueron 21, en el sexenio calderonista la cifra se elevó a 71. El documento revela que el año más negro para la prensa fue 2010, con un total de 13 fallecidos.

“La cifra global de muertes es considerablemente mayor a la denunciada por la asociación Artículo 19”, dice su director en México, Darío Ramírez. La organización de defensa de los derechos de los profesionales de la información ha documentado en el mismo período 77 muertes en todo el país. El dato es superior también al registrado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 86 fallecidos. “Como número total es muy lamentable”, señala la titular de la Fiscalía, Laura Angelina Borbolla. “Más allá de eso resulta especialmente preocupante porque los comunicadores ejercen una función social fundamental como informadores”.

Para Ramírez, los datos son “una evidencia clara del contexto de inseguridad de los últimos 14 años, de la incapacidad del Estado mexicano para impedir los asesinatos y también de la impunidad”. El informe publicado por la Fiscalía reconoce que hay 155 averiguaciones previas aún pendientes y solo 33 despachadas.

“El ritmo de las investigaciones no depende ni del número de funcionarios ni de la capacidad del departamento, si no del procedimiento, que es largo. La instrucción de pruebas dura como mínimo nueve meses”, explica la fiscal. “Los estándares de efectividad”, asegura, “corresponden con los de la Procuraduría General de la República”.

Según los registros desde el año 2000, las entidades más violentas son Chihuahua (16 fallecidos) y Veracruz (15). La región del sureste, donde se encuentra este último Estado resulta la más peligrosa para ejercer la profesión periodística, con 35 informadores asesinados, mientras el noroeste se convierte en la segunda zona más violenta, con 27 homicidios.

En el apartado de las desapariciones la FEADLE reconoce 24 expedientes abiertos. Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, zonas donde la presencia del crimen organizado ha sido una constante en los últimos años, se sitúan a la cabeza de la República en casos de periodistas desaparecidos. En la actualidad, el Gobierno de la República reconoce que hay 16.000 ciudadanos desaparecidos. Al término del mandato de Felipe Calderón la lista era de 27.000, ha asegurado recientemente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“El fenómeno real de que hubo un incremento de delitos contra los profesionales de los medios de comunicación es una de las razones que motivó la creación de la Fiscalía”, explica Borbolla. La otra fue la visita conjunta y las conclusiones posteriores del informe elaborado por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. “El documento establecía que era la Federación (el Gobierno central) la que debía investigar los delitos contra la libertad de expresión, la necesidad de una coordinación con autoridades locales, el establecimiento de protocolos y la creación de políticas de prevención”.

En lo que va de 2014 dos periodistas han sido asesinados en el país. El último homicidio tuvo lugar en Acapulco a comienzos de junio. Jorge Torres Palacios tenía 50 años, era reportero y trabajaba como portavoz de Salud en el Ayuntamiento de esa ciudad, puerto turístico de enorme atracción en el pacífico mexicano. Al periodista lo secuestraron un jueves por la tarde y cuatro días después fue hallado sin vida, decapitado y desmembrado. Las causas que rodean el crimen son todavía un misterio, pero el contexto que rodea Acapulco es violento: 113 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La otra víctima mortal fue Gregorio Jiménez, de 43 años. A él se lo llevaron el 5 de febrero y apareció muerto el 11. El periodista veracruzano colaboraba con varios medios y cobraba 1, 5 dólares por cada artículo publicado. El piso de su casa era de tierra y la vivienda no tenía agua corriente, luz eléctrica o drenaje. Las precarias condiciones en las que desarrollaba su actividad profesional y la pasividad de las autoridades locales, llevó a 16 compañeros de varias asociaciones periodísticas del país a investigar el caso. Desde que Javier Duarte se convirtió en gobernador de Veracruz, en diciembre de 2010, han sido asesinados diez periodistas y tres continúan desaparecidos. Además, un diario fue incendiado y al menos 25 reporteros se han visto obligados a dejar el Estado por amenazas.

Según un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras publicado en febrero, México se encuentra entre los 30 países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, a la par de naciones como Irak, Corea del Norte, Irán y Siria. “El nivel de indefensión de la prensa es mayor que nunca”, concluye Ramírez después de revisar el informe del Gobierno federal. “La reflexión debe ir en esa dirección, los mecanismos de protección actuales son insuficientes”.