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la política migratoria de EEUU

Los deportados que intentan regresar a Estados Unidos, atrapados entre las leyes

El Departamento de Justicia multiplica acusaciones contra sin papeles por entrar ilegalmente

Manifestantes frente a la Casa Blanca para pedir el fin de las deportaciones.
Manifestantes frente a la Casa Blanca para pedir el fin de las deportaciones. AP

El estatus migratorio de Jeanette Vizguerra, madre de tres niños estadounidenses, está en un limbo. Vivió casi dos décadas en Estados Unidos como indocumentada, hasta que la policía de tráfico le dio el alto en 2009, iniciando un proceso de deportación que sigue sin resolver. Esta mexicana, como miles de ‘sin papeles’ está atrapada en un bucle de leyes de inmigración que le permiten pedir asilo en EE UU mientras le acusan judicialmente por intentar regresar al país una vez han sido deportados.

“Hay personas que están siendo procesadas a diario como si fueran criminales por el simple hecho de que regresaron a EE UU para estar con sus familias”, asegura Lynn Tramonte, subdirectora del Fondo de Educación de America’s Voice. La organización publicó un informe esta semana en que revela que más de la mitad de los procesamientos judiciales a nivel federal están relacionados con delitos de inmigración, muy por encima de los asociados al tráfico de drogas.

El pasado mes de marzo, por ejemplo, el 53,5% de los delitos criminales procesados a nivel federal correspondían a casos de inmigración, mientras que los de drogas ascendían a un 14,8%, según los datos de America’s Voice. Además, las deportaciones justificadas únicamente por el delito de entrada ilegal se han triplicado en los últimos cinco años.

Tramonte explica que el delito por residir ilegalmente en EE UU está considerado una infracción civil que puede derivar en la deportación, una decisión que depende del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, al procesar este caso, los fiscales pueden derivarlo al Departamento de Justicia, que a su vez puede procesar el caso como un delito criminal -como en instancias donde se ha cruzado la frontera repetidamente de manera ilegal.

“El Departamento de Justicia no debería implicarse en un asunto que criminaliza a las mismas personas a las que el presidente Obama ha dicho que quiere ayudar con la reforma migratoria”, afirma David Leopold, abogado de inmigración en Cleveland, Ohio. Leopold defiende que los recursos de Justicia deberían invertirse en detener a quienes representan un peligro de seguridad nacional, no a “quienes se ven empujados por la desesperación de reunirse con sus familias” después de haber sido deportados.

Ahora no se detiene a quien supone una amenaza, sino a quienes simplemente carecen de documentos para entrar”

Vizguerra es una de estas personas. Como ella, 11 millones de indocumentados esperan en EE UU una reforma del sistema de inmigración que les permita regular su situación. Esta misma semana, el presidente Obama anunció que deberán esperar aún más hasta que se complete la revisión de las normas de deportaciones. El presidente ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que busque una normativa “más humana”, pero no será presentada hasta después del verano, cuando se agote el margen de actuación con el que cuenta la Cámara de Representantes.

Esta inmigrante mexicana había logrado apelar ante los tribunales una orden de deportación pendiente cuando recibió noticias de que su madre había enfermado en México. “Fue una decisión difícil de tomar porque uno no puede abandonar el país con un caso abierto”, explica. Hacía 15 años que no veía a su madre y quiso darle el último adiós por lo que decidió ir a México. “A veces te gana el corazón”.

Después de ocho meses, durante los que su marido se quedó a cargo de los tres hijos en EE UU, decidió deshacer el camino. “No sabes qué es lo que va a pasar al regresar, si te van a secuestrar, pero el amor por la familia hace que uno arriesgue todo”. Vizguerra no fue secuestrada, pero sí detenida nada más cruzar la frontera. Bloqueada en un centro de detención de inmigrantes durante varias semanas, donde también asegura que pasó un tiempo en aislamiento, Vizguerra recurrió a la comunidad hispana y a varias organizaciones para reclamar su puesta en libertad. Lo consiguió, pero su permiso temporal caduca en julio, cuando podrá ser deportada.

Como ella, muchos indocumentados han solicitado que se cancele su deportación alegando raíces familiares en EE UU y la falta de antecedentes penales. Esta estrategia apela a la declaración de intenciones de Obama, quien defiende que su administración sólo deportará a ‘sin papeles’ que tengan antecedentes penales.

La Administración ha argumentado estos años que a pesar de haber superado el número de deportaciones de gobiernos anteriores, entre los expulsados hay una mayoría de criminales y personas con antecedentes penales. Pero la tendencia del Departamento de Justicia a incriminar a quienes intentan regresar ilegalmente al país, asegura America’s Voice, contradice al presidente.

“Ahora no se detiene a quien supone una amenaza, que es para lo que se aprobaron las leyes de regulación de la frontera, sino a quienes simplemente carecen de documentos para entrar”, asegura el abogado. “El Gobierno se ha puesto en contra de quienes trabajan aquí fregando platos o recogiendo nuestras cosechas. Y tiene la obligación moral de protegerles”.

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