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California se plantea prohibir el acceso a las armas a las personas violentas

Los legisladores proponen introducir una ley de control para evitar nuevas matanzas después de la masacre de Santa Barbara

Un grupo de mujeres deja flores frente a uno de los sitios de la matanza.
Un grupo de mujeres deja flores frente a uno de los sitios de la matanza. AP

Una voz de alarma se ha extendido por toda California tras el trágico suceso del pasado fin de semana en el campus de la Universidad de California en Santa Bárbara, que segó la vida de siete personas y causó heridas a otras 13, dejando un rastro de dolor y desconcierto por todas partes. Esa voz de alarma ha llegado a oídos de los legisladores estatales, conscientes de la pregunta que late en la conciencia de todos: ¿Se podría haber evitado la matanza de California?. La respuesta tiene muchos matices; en Sacramento saben de que hay que hacer algo para tratar de evitar más muertes inútiles, y hay que empezar a hacerlo ya.

De ahí que hayan empezado a dar los primeros pasos para introducir una ley que permita a los agentes oficiales y a las personas particulares conseguir una orden judicial que restrinja la compra y la posesión de armas de fuego a individuos con una propensión a la violencia. El proceso sería muy similar al que existe actualmente cuando se produce una denuncia por violencia doméstica.

En el caso de haber existido esa orden, el autor de la masacre, Elliot Rodger, no podría haber comprado tres pistolas, ya que su propia familia y los servicios de salud mental habrían alertado a la policía de su peligrosidad e inestabilidad mental.

California, que ya tiene una de las leyes más estrictas en materia de control de armas en la nación, quiere ir aún más lejos e implantar lo que se llamaría “una orden de restricción contra la violencia provocada por las armas de fuego”. A través de este mecanismo, un particular podría notificar a las autoridades o a un juzgado el posible riesgo de que un familiar o un amigo cometa un acto violento.

Los defensores del control de armas han comenzado una campaña por toda la nación para promover que salgan adelante este tipo de órdenes que pongan freno a la amplia impunidad que las armas tienen en Estados Unidos. Pero incluso en un Estado como California, con una amplia mayoría democrática en ambas Cámaras, no va a ser fácil que la proposición de ley prospere y la firme el Gobernador Jerry Brown, quien, en otras ocasiones, ha vetado propuestas similares. El año pasado vetó una propuesta para limitar la compra de rifles semiautomáticos y la posesión de armas.

Además, la propuesta de ley se tendrá que enfrentar con la férrea oposición de la Asociación Nacional del Rifle y su poderoso lobby, con los defensores del derecho a poseer armas y con todos aquellos que tienen muchas dudas acerca de limitar las libertades civiles a las personas con problemas mentales.

Entre ellos, Darell Steinberg, presidente interino del Senado de California, que ha manifestado su preocupación por la colisión de la propuesta con las libertades civiles y por que pueda ser utilizada por determinados miembros de la familia para dañar a otros. “Hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborarla, ya que no queremos que sea utilizada para presionar dentro de una pelea entre distintas generaciones del núcleo familiar”, ha declarado al New York Times.

Quien si tiene muy claro de que lado de la baraja está es Richard Martínez, el padre de Kristopher Michaels-Martínez, el chico que se encontraba comiendo una hamburguesa en el Deli Mart de Isla Vista cuando fue abatido sin saber por qué por uno de los disparos de Elliot Rodger. Desde entonces se ha convertido en una voz firme a favor de legislar el control de armas.

Martínez se quiere reunir con Peter Rodger, el padre del autor de la masacre, y juntos impulsar el control de armas en Estados Unidos. La reunión, según el abogado de Rodger, se está coordinando entre ambos.

Nancy Skinner, congresista demócrata por Berkeley y autora de la propuesta sobre la restricción del acceso a las armas a los individuos violentos, ha estado trabajando en pulir todos los detalles durante meses, pero los últimos acontecimientos han precipitado la urgencia de ultimarla.

El próximo mes se someterá al veredicto del comité de seguridad pública del Senado, y de ser aprobada, la propuesta sería votada antes de agosto.