La ONU denuncia la anarquía en el este de Ucrania a nueve días de elecciones

La ONU ha denunciado este viernes la creciente anarquía en el este de Ucrania, así como la atmósfera de persecución contra informadores, activistas o políticos que son o pueden parecer favorables a la unidad del país, a nueve días de las elecciones presidenciales.

Después del agravamiento de la crisis y la expansión del movimiento de insurrección prorruso en las regiones orientales de Donestk y Lugansk, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas desplegó una misión de 34 observadores en el país. Este viernes, la ONU ha publicado el segundo informe elaborado por sus representantes entre el 2 de abril y el 6 de mayo. En el documento denuncia el "aumento de secuestros y detenciones ilegales", de los que los periodistas son las principales víctimas.

Funcionarios locales, activistas políticos y hasta policías han sufrido detenciones arbitrarias. Muchos han estado en paradero desconocido varios días, otros siguen desaparecidos y se ha informado del hallazgo de algunos muertos. No todos los casos, sin embargo, se atribuyen a grupos armados prorrusos. También se mencionan denuncias creíbles de personas detenidas y transferidas a Kiev por las fuerzas de seguridad, cuya condición —entre el momento de su detención y del esclarecimiento de su paradero— "equivalía a una desaparición forzada".

El informe señala que buena parte de los ataques contra informadores ocurren en Slaviansk, uno de los principales focos de la insurrección prorrusa y cuya responsabilidad se atribuye a la llamada "Unidad de Autodefensa de Slaviansk". Naciones Unidas señala que en los puestos de control de esa ciudad hay listas con los nombres de periodistas y de otras personas que están siendo buscadas, con sus fotografías y sus datos personales. "La lucha por el control de los medios de comunicación continúa en Ucrania, particularmente en el este", se lee en el documento.

La ONU dedica seis de las 34 páginas de su informe a la situación en Crimea tras su anexión por parte de Rusia, oficializada mediante la firma de un tratado entre las autoridades de las dos partes el pasado 18 de marzo. Sobre la península se afirma que la aplicación de la legislación rusa está creando graves problemas para sus habitantes, en cuestiones como la nacionalidad, el acceso a tratamientos médicos o la libertad de prensa y de expresión.

Los residentes en Crimea de nacionalidad ucraniana debían pedir ser reconocidos como rusos hasta el 18 de abril —se les dio justo un mes— y los que no cumplieron con este plazo se "enfrentan ahora acoso e intimidación". Para aquellos que no han solicitado ser rusos, la ONU pide que se les garantice su derecho a la propiedad y sobre la tierra, el acceso a la educación y a la salud, y que no se les retiren los beneficios sociales que normalmente se asocian a la nacionalidad.

Poco después de la difusión del informe, Gianni Magazzeni, jefe para Europa, Asia Central y las Américas del Alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, ha explicado a la prensa que la situación de los tártaros —que son la gran mayoría de las 7.200 personas que abandonaron Crimea tras la anexión— representa una de las mayores preocupaciones para la Naciones Unidas. Se han convertido en desplazados en otras partes de Ucrania y su número se ha más que duplicado en un mes, ha advertido el funcionario.

La comunidad tártara teme ser perseguida por profesar la religión musulmana, principalmente después de que las autoridades locales prohibieran las actividades de una agrupación política islamista que funcionaba sin problemas desde hace una década.

Las autoridades rusas han reaccionado minutos después de ser publicado el informe. Acusan a la sección de derechos humanos de la ONU de intentar "encubrir" a las autoridades de Kiev. El Kremlin sostiene que el informe "carece totalmente de objetividad" y está repleto de "inconsistencias".

Sobre los asuntos sin resolver desde las protestas proeuropeas que tuvieron lugar en Kiev entre fines de 2013 y principios de este año, el informe menciona que se atribuyen 46 asesinatos a las fuerzas antidisturbios y que 83 personas permanecen desaparecidas.