Peña Nieto envía tropas a Tamaulipas

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, decidió este martes utilizar el arma militar para restituir la autoridad del Estado en Tamaulipas. El territorio, situado en el noreste, vive desde hace años convulsionado por la violencia del narcotráfico y las guerras entre facciones rivales. Este continuo desafío, que ha sembrado el territorio con cientos de cadáveres, ha alcanzado tales proporciones que amenazaba ya con cuestionar la propia autoridad presidencial en esta zona. Para frenar esta escalada, Peña Nieto ha ordenado un contundente despliegue que supone poner bajo control militar la seguridad de Tamaulipas y sus tres millones de habitantes.

Tamaulipas, según el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quedará dividido en cuatro zonas bajo las órdenes de “mandos especiales” del Ejército y la Armada. Esta militarización persigue tres metas: “desmantelar” los grupos criminales mediante trabajo de inteligencia, sellar las rutas del tráfico de personas, drogas, armas y dinero, así como crear instituciones de seguridad “confiables”. Las carreteras, que por años fueron intransitables por los retenes de los narcos, que secuestraban impunemente, serán vigiladas por militares. Los centros urbanos, que los últimos meses han sido escenario de sangrientas batallas, serán patrullados “las 24 horas del día los siete días de la semana”. La vigilancia también se reforzará en “puertos, aeropuertos y aduanas”.

El despliegue supone el desmantelamiento de los más de 40 cuerpos de policía que existen en Tamaulipas por la sospecha de que están corroídos por el narcotráfico. Su depuración se combina con la creación de un centro encargado de formar nuevos agentes “mejor remunerados y con mejores prestaciones”. La fiscalía estatal, según el ministro del Interior, también sufrirá “una depuración completa”. Para sustituirla, la Procuraduría General de la República creará cuatro fiscalías especiales para atender e investigar delitos.

Los tres Estados colindantes, según anunció Osorio Chong, también se verán implicados, entre otros motivos para evitar el “efecto cucaracha”: los narcos que huyen a otros lugares en busca de cobijo una vez que el Ejército toma el territorio.

La intervención en Tamaulipas llega cuando el incendio amenaza con empañar los réditos obtenidos por Peña Nieto en su lucha contra los cárteles. En sus 18 meses de mandato han caído capos míticos como Joaquín El Chapo Guzmán, y Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40. También se ha cambiado la narrativa de esta guerra, abandonando la altisonancia empleada por el anterior presidente, Felipe Calderón, y dando un uso cada vez mayor a los recursos de los servicios de inteligencia frente a la fuerza bruta. Pero poco de esto ha tenido éxito en el Estado del noreste.

Ubicado en la frontera con Texas, por donde pasa el 30% del comercio internacional, Tamaulipas es también una importante aduana para el tráfico de drogas y armas. No es una casualidad que allí hayan nacido dos de los cárteles más violentos y sanguinarios de México: los Zetas y el Cártel del Golfo, que llevan cuatro años disputándose las rutas que atraviesan el territorio. En medio de esta batalla han quedado los habitantes del Estado.

Secuestros y extorsiones; narcocuotas para abrir negocios o vender mercancía. Las agencias de la ONU apenas pasan por la zona, la prensa local evita tratar los crímenes y hasta los dirigentes políticos más poderosos caen ametrallados, como fue el caso de Rodolfo Torre Cantú, el último candidato del PRI al Estado, asesinado a balazos cuando circulaba por la carretera en plena campaña electoral.

En este universo, las demostraciones de rechazo son contadas. Solo los valientes se atreven. Este mismo domingo, en un gesto poco habitual, unas 4.000 personas se lanzaron a la calle para pedir el fin del terror. Vestidos de blanco y al grito de “la paz es lo primero” desafiaron a los cárteles.

Este incipiente movimiento ciudadano es un motivo más para el despliegue militar en Tamaulipas, para evitar otro levantamiento como el de las autodefensas de Michoacán. Pero el envío de contingentes armados, como alertan algunos expertos, no es la panacea, entre otros motivos, porque ya se ha hecho con anterioridad. “El problema de fondo es la debilidad institucional de la zona. Solo hay seguridad cuando hay intervención federal: con su acción bajan los delitos y se retiran los narcos; pero con la llegada de la calma, los que se retiran son los federales, y entonces reaparece la criminalidad. Y vuelta a empezar”, describe el experto en seguridad, Alejandro Hope.

La ruptura de este círculo vicioso se presenta como una nueva asignatura para el Gobierno mexicano. En su desenlace están puestas muchas esperanzas de la ciudadanía de Tamaulipas y, por extensión, de México. Otra batalla, o quizá la misma de siempre, ha empezado.