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Estados Unidos descarta por ahora imponer sanciones a Venezuela

El Departamento de Estado argumenta que podría afectar al diálogo entre Gobierno y oposición

Un manifestante opositor este jueves en Caracas.
Un manifestante opositor este jueves en Caracas. AP

Pese a sus quejas continuas por la cruenta represión de las manifestaciones opositoras en Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos está decidido a darle una oportunidad al régimen de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado consideró este jueves que imponer sanciones a Caracas, como proponen varias propuestas de ley en el Congreso, sería ahora mismo “contraproducente” en los intentos de resolver la crisis en el país y fomentar el respeto a los derechos humanos.

En una comparencia en el comité de Relaciones Exteriores del Senado, la secretaria de Estado adjunta de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE UU, Roberta Jacobson, dijo que las penalizaciones podrían torpedear las incipientes conversaciones entre el oficialismo y la oposición; fomentarían el victimismo del Gobierno de Maduro y le supondrían un “factor unificador” que impulsaría su habitual dialéctica contra Washington. La diplomática justificó, además, que una parte de la oposición ha pedido a EE UU que no apueste por ahora por la vía de las sanciones.

Las propuestas que se están debatiendo en el Senado y la Cámara de Representantes -que aunque se aprobasen no prosperarían por el veto que impondría la Administración de Barack Obama- incluyen la prohibición de visados y la congelación de sus activos en EE UU a los cargos oficiales venezolanos que han participado o promovido la represión de las manifestaciones opositoras que estallaron hace tres meses. En paralelo, Washington otorgaría un nuevo paquete de 15 millones de dólares a grupos opositores para la promoción de la democracia en Venezuela. A mediados de marzo el comité de Relaciones Exteriores del Senado ya aprobó una proposición a favor de este tipo de medidas.

“[Las sanciones] reforzarían la narrativa de que esto se basa en el Gobierno de Venezuela contra nosotros cuando se basa en los venezolanos levantándose por sus propios derechos”, adujo Jacobson. Los hechos parecen confirmar su diagnóstico. El martes Maduro avisó que, si Washington aprobase sanciones, su Ejecutivo se vería obligado a responder "con firmeza” e insistió en denunciar cualquier injerencia externa.

[Las sanciones] reforzarían la narrativa de que esto se basa en el Gobierno de Venezuela contra nosotros cuando se basa en los venezolanos levantándose por sus propios derechos”

Pese a su cautela, la responsable de América Latina avisó que la posibilidad de las penalizaciones se mantiene sobre la mesa si no se producen avances en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. “Podría llegar un momento en el futuro en el que sean útiles si no han habido movimientos sobre la mesa”, dijo. “No es el momento, es una cuestión de escoger el momento correcto para lograr los objetivos”, terció, por su parte, Tomasz Malinowski, secretario de Estado adjunto en Democracia y Derechos Humanos.

La tesis de Washington es que ahora mismo las sanciones no serían efectivas para forzar al régimen a mover ficha y hacer gestos a la oposición, como liberar a presos políticos, reducir la brutalidad de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, y garantizar en definitiva los derechos de libre expresión y manifestación. Pero, al mismo tiempo, tratando de reforzar el argumento de que cada caso es diferente y de repeler las acusaciones de debilidad, Malinowski enfatizó que las sanciones han sido “efectivas” en denunciar la vulneración de los derechos humanos en Birmania o lo están siendo en castigar la ofensiva rusa en Ucrania.

Pero, aún así, la cautela del Departamento de Estado hacia Caracas enfureció a los senadores demócratas y republicanos más beligerantes. Pero esta posición de prudencia no es nada nueva. A mediados de marzo, el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, admitió que las sanciones eran una posibilidad pero se mostró reacio a ello. “Estamos preparados, si es necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA e implicarnos de varias formas, con sanciones o de otra forma, pero la economía allí ya es bastante frágil”, señaló en la Cámara de Representantes.

El demócrata Bob Menéndez, presidente del comité, fue este jueves uno de los más críticos con las reservas de Jacobson y Malinowski. “Mi paciencia personal se está acabando. No quiero permanecer sentado mientras cientos de personas son detenidas y torturadas”, espetó en referencia al informe de Human Rights Watch, publicado el lunes, que denuncia un patrón sistemático de represión contra los opositores con la connivencia del Gobierno y el poder judicial. Y también censuró el argumento de que las sanciones fomentarían el victimismo del régimen venezolano porque, dijo, es un argumento habitual en todos los países sancionados, y las “únicas víctimas son las que están en la cárcel”.

Podría llegar un momento en el futuro en el que sean útiles si no han habido movimientos sobre la mesa”

Por su parte, el también demócrata Dick Durbin instó a la Administración Obama a cortar las importaciones de petróleo venezolano -en 2013 fue su cuarto proveedor, pero a un nivel cuatro veces inferior al del primero, Canadá-. La secretaria Jacobson rechazó la propuesta aduciendo que afectaría a compañías estadounidenses y “golpearía” la calidad de vida de los venezolanos al disparar el precio de la gasolina. Un argumento que solevantó a Durbin: “No podemos decir que resulte inconveniente. Todo esto se basa en que se noten [las sanciones] para resolver el problema”.

Pero el más beligerante fue sin duda el republicano Marco Rubio, perteneciente al subgrupo del Tea Party, muy involucrado en los asuntos latinoamericanos y abanderado de la línea dura con Caracas. El senador hispano relató con detalle algunos de los horrorosos abusos sufridos por los opositores venezolanos y defendió la importancia de sancionar a los altos cargos porque muchos de ellos, alegó, “viajan regularmente a Estados Unidos, mandan a sus hijos a estudiar aquí y se ríen de nosotros porque saben que pueden salir indemnes de estas cosas”.

Desde que estallaran las protestas hace tres meses, la Administración estadounidense ha criticado con dureza la represión y ha insistido en que la OEA es la plataforma más adecuada para debatir la crisis en el país caribeño. Pero en el organismo con sede en Washington, EE UU se ha quedado solo, junto a Canadá y Panamá, en condenar con firmeza la actitud del Gobierno de Maduro y en reclamar un verdadero diálogo con la oposición. En las últimas semanas, EE UU ha aplaudido el diálogo entre el Gobierno y la oposición promovido por Unasur, pero ha reclamado que derive en mejoras concretas.

En paralelo, ha evitado entrar en el juego dialéctico con Caracas, consciente que le es contraproducente porque solo hace que alimentar la dialéctica antiestadounidense de Maduro. El presidente venezolano ha mantenido por un lado sus ataques a EE UU, pero por el otro ha tratado de hacer gestos, como cuando el martes dijo que el presidente del Parlamento venezolano, el oficialista Diosdado Cabello, está listo para viajar a Washington para debatir "un nuevo modelo de relación" bilateral. Ambos países están sin embajadores respectivos desde 2010.