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Se consuma la defenestración de una fiscal incómoda para el poder en Guatemala

Paz y Paz, favorable a juzgar al dictador Ríos Montt, queda fuera de la terna para presidir el máximo órgano judicial de Guatemala

Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Estado en Guatemala
Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Estado en Guatemala REUTERS

Estaba cantado. Claudia Paz y Paz, cuyo desempeño al frente de la Fiscalía de Guatemala le valió el reconocimiento internacional y de los sectores progresistas de este país centroamericano, fue eliminada de la lista de seis aspirantes que una comisión postuladora deberá entregar al presidente Otto Pérez Molina, para que el mandatario elija al titular de ese ente rector de la justicia para los próximos cuatro años.

Ello, a pesar de que en la calificación previa efectuada por la Comisión Postuladora Paz y Paz alcanzara la segunda calificación más alta, solo por detrás de Thelma Aldana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y de gozar de "reconocida honorabilidad’" virtud más bien escasa en entes como el Supremo y el Constitucional, cooptados por intereses políticos.

“La decisión se tomó bajo fuertes presiones de grupos de poder, y para evitar al presidente Pérez Molina el desgaste de la decisión de ser él quien la eliminara del cargo”, coincidieron en señalar representantes de la sociedad civil, como Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

Es una larga historia. Para empezar, la togada asumió el cargo en diciembre de 2010 "para un periodo de cuatro años", según manda la Constitución, después de que el nombramiento de su antecesor, Conrado Reyes, fuera anulado tras acusaciones de falta de honorabilidad.

En febrero pasado, el Constitucional declaró con lugar un amparo interpuesto por el abogado Ricardo Sagastume Morales, muy vinculado a la derecha tradicional, según el cual Paz y Paz debía entregar el cargo en mayo, con lo que se recortó su periodo en siete meses. “Los periodos son institucionales, no para las personas”, argumentaron los magistrados del Constitucional al señalar que la Carta Magna establece que el Fiscal debe tomar posesión el 18 de mayo.

Al nada más conocerse esa decisión, organizaciones como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hizo público su respaldo a Paz y Paz, “por su compromiso constante y contundente y su aporte fundamental e histórico para la justicia”, de acuerdo a un comunicado del ente internacional donde también se puntualiza que “bajo su dirección [de Claudia Paz] se ha logrado agilizar la metodología de trabajo y persecución penal, ofreciendo a los ciudadanos una respuesta más pronta a sus demandas”.

Con todo, el apoyo más contundente vino del entonces embajador de Estados Unidos, Arnold Chacón, quien en un boletín de la oficina de prensa de la representación diplomática, señaló que “Paz y Paz es una muestra de que en Guatemala existen servidores públicos honestos, capaces y con integridad. Ella ha puesto en alto el nombre de Guatemala en todo el mundo (…) al contribuir a mejorar el Estado de Derecho”.

Estos respaldos fueron inmediatamente calificados como ‘una intromisión intolerable en los asuntos internos’ por la ultraderecha, empeñada en dejar en claro quién manda en Guatemala.

La fiscal ha sido vista con escepticismo por algunos sectores conservadores desde el juicio y la condena a 80 años de cárcel por genocidio de delitos de lesa humanidad contra el exdictador Efraín Ríos Montt. Entonces, Paz y Paz brindó todo el apoyo al tribunal que juzgó al viejo militar, en contra de la opinión del presidente Otto Pérez, que negó la existencia del genocidio. El proceso fue finalmente anulado por el Constitucional, en una decisión muy cuestionada por razones de competencia.

Mientras que la ciudadanía cruza los dedos porque Otto Pérez, quien está fuera del país y tiene hasta el 14 de mayo para nombrar al próximo Fiscal, elija a una persona con las cualidades necesarias para desempeñar el cargo con honorabilidad e independencia.