El juicio por la matanza del Aguacate entra en su recta final

Fermín Felipe Solano Barillas, un maestro de escuela de 57 años, pasará a la historia por el ser primer exguerrillero llevado a juicio por delitos de lesa humanidad en Guatemala. Según la Fiscalía, es responsable de la llamada masacre de El Aguacate, ocurrida en noviembre de 1988. En aquella ocasión, la columna guerrillera Javier Tambriz de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) capturó y asesinó a 22 campesinos desarmados que se toparon accidentalmente con un campamento guerrillero.

Es el primer exguerrillero llevado a juicio por delitos de lesa humanidad en Guatemala

Los hechos, de acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, patrocinada por la ONU) ocurrieron entre el 22 y el 29 de noviembre de 1988, en la aldea El Aguacate del municipio de San Andrés Itzapa (Chimaltenango, oeste). En la primera fecha, uno de los vecinos que ejercía como ayudante del Comisionado Militar (un civil al servicio del Ejército, cuya principal era realizar labores de espionaje y guiar a los uniformados en las acciones de represión) a buscar en el monte a una vaca recién parida.

Nunca volvió. Ante ello, los aldeanos se organizaron para buscarlo, temiendo que hubiera sufrido algún accidente. El día 24, una treintena de campesinos se encontró accidentalmente con un campamento de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA, facción fundada por Rodrigo Asturias, hijo del Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias), y fueron capturados. Unos pocos lograron escapar y sus testimonios fueron la clave para conocer lo sucedido.

Todos los cuerpos de las víctimas presentaban señales de tortura, como quemaduras en las manos y en los genitales

Según el expediente, el hecho de que El Aguacate estuviera a muy corta distancia de la base militar de Chimaltenango, unos tres kilómetros, y que su población fuera considerada por la insurgencia como colaboradora con el Ejército, provocó que el inexperto teniente David decidiera asesinar a los aldeanos. Para evitar que el ruido de los disparos alertara a los soldados, ordenó que fueran estrangulados. Todos los cuerpos presentaban señales de tortura, como quemaduras en las manos y en los genitales.

La CEH documentó el hecho con detalles espeluznantes: “Los prisioneros fueron llamados uno a uno para ser estrangulados. El ruido de las armas de fuego habría denunciado su presencia en el área. Consumada la ejecución, los cuerpos de los campesinos fueron sepultados, utilizando como tumbas las trincheras que previamente habían excavado".

“Fue la peor atrocidad cometida por la ORPA a lo largo del conflicto”, dijo a EL PAIS un antiguo combatiente de esa organización que pidió guardar el anonimato. Añadió que esta acción “provocó un trauma entre los combatientes, del que nunca nos recuperamos”. Para subrayar que con esa acción “todos los principios filosóficos de la ORPA y las acciones de heroísmo de muchos de sus militantes, fueron tirados a la letrina”.

Consultado acerca de cómo había sido el juicio por el que se dictó el fusilamiento del teniente David, el informante puntualiza que nunca existió. “La lógica de la guerra es otra y la única persona que tenía potestad para ordenar algo de esa magnitud era el comandante supremo, Gaspar Ilom (Rodrigro Asturias)”

Si Fermín Felipe Solano fuera encontrado culpable, en una sentencia que podría darse a finales de mayo, enfrentaría una condena máxima de 80 años

Pero David no fue ejecutado. El entonces comandante del frente Javier Tambriz, Luis Antonio Santacruz Mendoza, comandante Santiago, consideró que la acción crearía graves problemas internos y optó por un castigo alterno humillante: degradarlo, quitarle las armas y reducir su participación a realizar acciones de limpieza del campamento.

Consultado por este periódico, el abogado de la Defensoría Pública Penal de Chimaltenango, Julio Pérez, afirma que el juicio ha transcurrido sin incidentes y que, en general, se han respetado todas las garantías procesales del acusado, con una sola excepción: Solano fue presentado a los medios de comunicación y sus fotografías difundidas con profusión, “antes de que pudiera prestar su primera declaración, lo cual es manifiestamente ilegal”.

Si Fermín Felipe Solano fuera encontrado culpable, en una sentencia que podría darse a finales de mayo, enfrentaría una condena máxima de 80 años, de acuerdo a la legislación vigente. En su favor juega, sin embargo, un hecho que salió a luz en el juicio. Su jefe inmediato, el comandante Santiago, no lo identificó en su declaración por videoconferencia desde Chile como el Teniente David a quien él degradó.