Santos impugna el fallo que ordenó restituir al alcalde de Bogotá

La destitución y ahora restitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tendrá un nuevo capítulo jurídico ya que el Gobierno colombiano no se quedó cruzado de brazos luego de que el martes un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá obligara al presidente Juan Manuel Santos a acatar las medidas cautelares que le otorgó al político la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 19 de marzo, lo que se significó su reintegro inmediato.

El mandatario colombiano anunció en la mañana del viernes que su gobierno impugnaría la decisión judicial que tiene a Petro de nuevo en la alcaldía de la capital colombiana, porque va en contravía de una decisión que él mismo tomó hace más de un mes, cuando firmó el decreto que hacía efectiva su salida de la alcaldía y con ello, la sanción disciplinaria impuesta hace cinco meses por la Procuraduría General (Fiscalía) por las irregularidades que se cometieron en la aplicación de un nuevo sistema de basuras en la capital colombiana.

“Es una acción (la decisión del magistrado) que está poniendo en tela de juicio una acción que hizo el Gobierno, entonces lo obvio es impugnarla”, dijo Santos a medios radiales en Medellín, sin más detalles algo que se hizo efectivo horas después. Santos se refiería a su polémica decisión de no conceder las medidas cautelares que la CIDH le otorgó a Petro para defender sus derechos políticos mientras tomaba una decisión de fondo, lo que significaba poner en suspenso la destitución. En su momento, el gobierno defendió su tesis de que las medidas cautelares no son vinculantes para Colombia y que solo operan cuando se da “una falla en el sistema interno”.

Santos ha insistido en que al alcalde se le ha permitido usar los recursos legales que hay en el país para defenderse. Un ejemplo es que la justicia tuvo que resolver más de 300 tutelas –amparos judiciales– que interpusieron los seguidores del alcalde y el mismo Petro, tratando de frenar su destitución. Sin embargo, el fallo del Tribunal que tiene de nuevo a Petro gobernando, advierte que las medidas cautelares sí son vinculantes para el Estado colombiano.

Pero no solo será la Presidencia la que dará la pelea contra el fallo judicial que retornó al regidor. La Procuraduría General, quien fue la que destituyó a Petro y además lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por 15 años, también impugnó el fallo. Este organismo ha dicho que reiterará que sí tiene la competencia para sancionar a funcionarios públicos elegidos por voto popular como Petro, y que así como lo defiende el gobierno, las medidas cautelares de la CIDH no son de obligatorio cumplimiento. En últimas, lo que busca es que se suspenda la sentencia que reintegró al político de izquierda.

Uno de los funcionarios que trabaja en con Petro en la alcaldía, el secretario de Gobierno Hugo Zárate, calificó como un error que la Presidencia haya decidido impugnar el fallo judicial. “Uno esperaría que fuera solo la Procuraduría la que hiciera eso, pero que el presidente Juan Manuel Santos tenga duda sobre el acatamiento de la ley, es un error”, dijo. Por el contrario, el Procurador General, el polémico conservador Alejandro Ordóñez, dijo en la mañana de este viernes en una entrevista con Caracol Radio, que Petro sigue destituido e inhabilitado por lo que estaría de forma irregular en la alcaldía.

Estos nuevos procesos judiciales, que se suman a la ya larga lista de ires y venires en este proceso que tiene a Bogotá en una crisis institucional y en medio de una incertidumbre jurídica, los revisará la Corte Suprema de Justicia, un trámite que podría durar cerca de 20 días. Mientras tanto, Gustavo Petro seguirá siendo el alcalde de Bogotá