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Valls mantiene su plan de austeridad sin cambios

Diputados centristas y de la derechista UMP anuncian que apoyarán los recortes de los socialistas Hollande, abucheado durante su visita a la tumba del líder socialista Jean Jaurès

El primer ministro francés, Manuel Valls (i); el presidente, Francois Hollande, y el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve (d), este miércoles en París tras el consejo de ministros.
El primer ministro francés, Manuel Valls (i); el presidente, Francois Hollande, y el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve (d), este miércoles en París tras el consejo de ministros.getty images

Criticado incluso por su propio partido y abandonado por los electores, que este miércoles le abuchearon en las calles durante una visita oficial a Tarn, la localidad natal del histórico líder socialista Jean Jaurès, François Hollande ha delegado en su primer ministro, Manuel Valls, la ardua tarea de sacar adelante el llamado Pacto de Responsabilidad y Solidaridad y el Programa de Estabilidad exigido por Bruselas, dos caras de la misma moneda que recortarán en 50.000 millones de euros el gasto público francés en los próximos tres años.

En su línea de firmeza habitual, Valls presentó este miércoles el plan de recortes más ambicioso de la historia moderna del país ante el consejo de ministros sin mover una coma ni incorporar las sugerencias de los diputados socialistas discrepantes, que pedían que el ajuste no afecte al poder adquisitivo de los funcionarios y los pensionistas.

Como era previsible, el ajuste fue mejor recibido por el centro-derecha que por los asustados parlamentarios socialistas, y algunos diputados de la centrista UDI y de la derechista UMP salieron a escena para anunciar que votarán a favor de las medidas.

El plan trienal intenta mejorar la competitividad de las empresas y disminuir "el tren de vida del Estado" sin aumentar ulteriormente la presión fiscal, que bajará tres décimas, y reduciendo por el camino la estratosférica deuda pública, que debería pasar del 95,6% del PIB actual al 91,9% en 2017.

El texto aprobado este miércoles por el Gobierno, que será debatido y votado el 29 de abril en la Asamblea Nacional y enviado a Bruselas el 7 de mayo, confirma que los sueldos de los 5,5 millones de empleados públicos seguirán congelados hasta 2017, cambie o no la coyuntura económica, igual que las pensiones, y estima que el gasto público caerá desde el actual 56,7% del PIB hasta el 53,5% en el mismo periodo.

Los parlamentarios socialistas que se oponen al programa de austeridad habían pedido a Valls que incluyera una cláusula de revisión de las medidas más duras si el panorama económico mejorase en los próximos meses, pero el primer ministro se mostró inflexible pese a que los salarios de la Administración están congelados desde 2010.

Según las cifras oficiales, el plan reducirá en 18.000 millones los gastos generales del Estado, limitará la inversión de los organismos locales en 11.000 millones, y quitará 10.000 millones del sistema sanitario y 11.000 millones de otras prestaciones sociales.

En la parte positiva, el Gobierno sostiene que creará 155.000 empleos este año y 200.000 en 2015, gracias a la reducción de las cargas laborales que pagan hoy las empresas, un cheque-regalo que el Gabinete valora en 30.000 millones de euros.

Además, el plan prevé que el déficit público bajará hasta el 3,8% este año, al 3% el año que viene y al 1,3% en 2017. La cifra de 2015 ha aumentado en dos décimas respecto al último compromiso adoptado por Francia con la Comisión Europea, pese a que París incumplió el año pasado su objetivo al cerrar el ejercicio con un desfase del 4,3%. El ministro de Finanzas y Presupuesto, Michel Sapin, explicó en una entrevista a Le Monde que París no ha pedido nuevos retrasos a la Comisión, pero que esta ha tenido en cuenta que el pacto ofrecido por Hollande a la patronal "obliga a ralentizar ligeramente el ritmo de reducción del déficit".

Al adoptar el plan negociado con Bruselas y Berlín y presentarlo como un paso crucial para volver a crecer y a crear empleos en el sector privado, París gana tiempo hasta las elecciones europeas del 25 de mayo, con la esperanza de que un triunfo global de la izquierda sitúe al frente de la Comisión Europea al socialdemócrata alemán Martin Schulz, que se ha mostrado partidario de contabilizar el déficit de otra forma, extrayendo el gasto en I+D y Educación.

Esa situación idílica consentiría a París, que arrastra una larga tradición de incumplimientos con Europa, aflojar el ritmo sobre la marcha y presionar mejor en Bruselas. La ironía de ese sueño es que, de confirmarse los sondeos que hoy sitúan tercero al PS francés, son los propios socialistas galos quienes podrían impedir la victoria global del centro-izquierda en Europa.

En este juego de apariencias, deseos y traiciones, el Gobierno de Valls ejerce de policía malo para quedar bien con Europa mientras su mayoría parlamentaria juega el papel de policía bueno para intentar frenar el desencanto de los votantes. "¡Estamos decepcionados, señor Hollande!", le espetó este miércoles una señora al presidente en Tarn, entre los abucheos de otros vecinos, que se tomaron casi como una ofensa la visita de Hollande a la tumba de Jaurès en el momento más liberal de su mandato.

Sapin reconoció que "la inquietud de la mayoría es comprensible tras el fracaso traumático de las municipales", y aceptó que "la contestación en las filas socialistas es un hecho". Pero el ministro más próximo a Hollande recordó también que los diputados "fueron elegidos tras la victoria del presidente de la República" y que eso "les otorga una responsabilidad especial". Sapin llamó a los parlamentarios socialistas a cerrar filas con el Gobierno. Y Valls prometió que los detalles del plan de rigor serán negociados con los sindicatos y la patronal.

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