Panamá insta a Venezuela a repensar la ruptura de las relaciones diplomáticas

El gobierno panameño, que esta semana resolvió uno de los conflictos que mantiene con Ecuador y que abrió un intenso cruce de acusaciones mutuas y choques verbales en los últimos seis meses, pidió este martes a Venezuela que recapacite la decisión “desproporcionada” de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá, adoptada el pasado 5 de marzo por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Sin dejar de lamentar que, tras la ruptura, Panamá “no recibió” respeto del gobierno de Maduro, el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Francisco Álvarez de Soto, afirmó que la decisión de su país es “obviamente esperar de alguna forma que el gobierno venezolano reevalúe la medida unilateral que tomó, en nuestra opinión desproporcionada, reitero, de romper las relaciones diplomáticas y suspender las relaciones comerciales”.

“Seguiremos con una posición muy respetuosa hacia el gobierno y el pueblo de Venezuela, sin pretender inmiscuirnos en los asuntos internos de Venezuela, como nunca lo hemos hecho, y manteniendo ese nivel de respeto que lamentablemente, debo reiterar, no recibió el gobierno nacional de parte de sus contrapartes de Venezuela”, afirmó, en una conferencia de prensa en la capital panameña.

Ante el estallido hace más de dos meses de violencia política callejera en Venezuela, el Gobierno de Panamá solicitó el 25 de febrero a la Organización de Estados Americanos (OEA) llamar a una cita de cancilleres para analizar la crisis venezolana, una gestión que Caracas rechazó y que remató con la decisión de Maduro de romper nexos diplomáticos, políticos y económicos. Maduro atacó con dureza al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

El 5 de marzo, en un acto militar en Caracas en el primer aniversario de la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez, Maduro rompió nexos con Panamá, calificó a Martinelli de “lacayo rastrero” y le acusó de “conspirar” en la OEA contra su gobierno con una actitud “injerencista” en asuntos internos de Venezuela.

Frente a este panorama, el canciller panameño abogó para que Maduro recapacite y restablezca los vínculos. Sin embargo, la probabilidad de reanudar los nexos parece ligada al cercano cambio de gobierno en Panamá: las elecciones presidenciales serán el 4 de mayo próximo y el traslado de poderes será el 1 de julio entrante, cuando Martinelli finalizará una gestión de cinco años, por lo que la reanudación eventualmente quedaría para después del traspaso.

El canciller Álvarez explicó que “Panamá está haciendo lo creemos que debe hacer, como gobierno y como país. En primer lugar, mantener un sincero deseo para Venezuela y para el pueblo venezolano de paz, de tolerancia y de diálogo” y “siguiendo muy de cerca” las negociaciones entre “una parte de la oposición con el gobierno”.

Panamá, “como toda la comunidad internacional”, desea que del diálogo “resulten hechos concretos, acciones concretas que permitan ciertamente generar el clima de tolerancia, de paz que necesita Venezuela y que necesitan los venezolanos, porque al final este es un tema, como siempre lo ha dicho Panamá, entre venezolanos y para venezolanos”, subrayó.

Diferendo con Ecuador

En otro pleito diplomático, y después de más de seis meses de acusaciones mutuas, Panamá desinfló un conflicto bilateral con Quito, que surgió por la decisión ecuatoriana de retener un buque panameño y a su tripulación—dos colombianos, un estadounidense, un nicaragüense y un panameño—capturada con 799 kilogramos de cocaína en aguas internacionales el 13 de octubre de 2013 por la Marina de Guerra de Ecuador.

El problema se cruzó con un asunto político. El 22 de octubre del año anterior, Panamá otorgó asilo político al exdiputado opositor ecuatoriano Galo Tito Lara Yépez, del Partido Sociedad Patriótica y condenado a 10 años de cárcel en septiembre de 2013 por su complicidad con un triple homicidio en su país. Ecuador pide la extradición de Lara.

En diciembre pasado, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, acusó de “insolente” al Gobierno de Panamá y negó que su país mantuviera una actitud “chantajista” para ligar la devolución del barco a la extradición de Lara. El gobierno panameño alegó que aprobó la solicitud de Lara, porque el excongresista expuso “preocupación por su integridad personal y el peligro que correría su vida de retornar” a su país, por la persecución política en Ecuador.

De manera paralela, el diferendo en torno al Doria se fue prologando, mientras autoridades judiciales ecuatorianas solicitaban que Panamá acreditara que el barco es panameño.

Panamá exigió la entrega de la nave, de sus ocupantes y de la droga y alegó que por ser una de bandera panameña capturada en aguas internacionales, el caso debía ser juzgado en su territorio, por lo que calificó de injustificadas las demoras en la devolución. La cancillería panameña había dicho que Ecuador “ha pretendido vincular el caso” de la embarcación con “sus pedidos de extradición” de Lara.

Pero la controversia fue resuelta. La cancillería panameña informó que el lunes de esta semana “se culminó el proceso de entrega de los tripulantes” del Doria. La Corte Provincial de Garantías Penales de Manabí, Ecuador, “dispuso confirmar la jurisdicción” de Panamá sobre la nave, la carga ilícita y su tripulación “para que los hechos ilícitos cometidos a bordo sean juzgados” en suelo panameño, añadió.