El Gobierno boliviano y las cooperativas logran un consenso sobre la ley de minería

Las negociaciones entre el Gobierno de Bolivia y las cooperativas mineras culminarán el miércoles con una rúbrica el acuerdo logrado la noche del lunes en La Paz, que suscribirán el presidente Evo Morales y los dirigentes sindicales para poner un punto final a las discrepancias que originaron, en semanas pasadas, enfrentamientos con la Policía y un saldo de cuatro muertos y al menos 80 uniformados heridos y contusos.

El ministro del Interior, Carlos Romero, y el líder cooperativista minero Alejandro Santos informaron a la prensa local del acuerdo al que llegaron sobre la redacción final de varios artículos del proyecto de la ley de Minería y Metalurgia, que la Cámara de Senadores dejó en suspenso hasta lograr nuevos consensos.

Entre estos artículos, el de mayor controversia fue el numeral 151 del proyecto que permitía a los cooperativistas a suscribir acuerdos “con otros actores productivos privados o cooperativas” para trabajar sus concesiones mineras, con regímenes tributarios excepcionalmente rebajados.

“Las cooperativas no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, extranjeras o nacionales” pues se trata de una atribución específica del Estado boliviano, ha explicado el ministro Romero, pero sí podrán constituir empresas mixtas con el Estado para lo que deberán de adecuar su estructura de cooperativa a la de empresa mixta.

Santos aseguró que el miércoles 23, las cooperativas sellarán con el presidente Evo Morales acuerdos que respetan el espíritu de la Carta Magna boliviana.

Pocas semanas atrás, Santos parecía irreductible en su defensa del artículo 151 y, junto a los cooperativistas, ordenó el cierre de caminos y carreteras en el eje central, dejando a miles de personas en la mitad de su periplo, sin auxilio de ninguna clase para que la Asamblea Legislativa mantenga sin cambios el texto del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

La operación policial para despejar los caminos fracasó ante los grupos numerosos de cooperativistas que, armados de piedras, causaron muchas bajas a los efectivos, indefensos por la falta de equipamiento, según lamentaron los heridos en centros médicos.

Santos dijo que la revisión de este artículo significaría cortar las alas de los mineros de las cooperativas, principalmente en épocas críticas para el sector, y atentar contra su supervivencia, por lo que iban a defender el texto original de forma intransigente.

Eso fue antes de que el presidente Morales advirtiera con declarar “traidores a la Patria” a quienes hubiesen suscrito acuerdos de explotación con empresas transnacionales. El ministerio de Minería dio cuenta de que existían al menos cuarenta contratos suscritos entre cooperativistas mineros y empresas privadas, con interesantes beneficios para ambos pero no para el Estado.

La noche del lunes, Santos ha destacado que los “consensos logrados” con las autoridades acatan las normas de la Constitución y son una garantía para que las cooperativas continúen desarrollándose en el país.