El diálogo con el Gobierno ensancha la brecha dentro de la oposición venezolana

La vuelta a la realidad tras el receso de Semana Santa trae una certeza: la brecha en la oposición venezolana se ha profundizado como consecuencia de las posturas irreductibles frente al diálogo convocado por el Gobierno. Valga un hecho y su desarrollo para evidenciarlo. El Viernes Santo se cumplieron dos meses del arresto de Leopoldo López, el líder político venezolano que convocó las protestas callejeras contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El martes, el día de la última reunión con el Gobierno, la Mesa de la Unidad, la coalición de partidos políticos de la oposición que mantiene conversaciones con el Gobierno con el auspicio del embajador del Vaticano en Caracas y los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, trató de plantear su liberación en el marco de una Ley de Amnistía para todos los presos políticos. La propuesta no fue aceptada por la contraparte.

Con López preso crecen las dudas del sector más radical de la oposición venezolana sobre los poderes paliativos del diálogo para resolver la crisis. Era esa una de las condiciones planteadas por Voluntad Popular, la organización de López, para sumarse a la delegación que ya se ha reunido en dos ocasiones con el equipo designado por Maduro. Con su ausencia y la de los estudiantes universitarios opuestos al Gobierno los moderados han recobrado el protagonismo que habían perdido desde hace dos meses con la emergencia de López y de la defenestrada diputada María Corina Machado como los líderes de la oposición.

El ala dura de la oposición no es tan optimista con la situación tras el diálogo

“La libertad de Leopoldo es un punto fundamental para nosotros, pero estamos buscando la manera de concretarla”, admite Ramón Guillermo Aveledo, secretario de la MUD, en una entrevista con este diario. Que eso no se haya logrado incluso antes de sentarse a la mesa alienta las dudas del sector que considera que el diálogo oxigena al chavismo. Hay otra razón quizá más poderosa. “El Gobierno sigue muy aferrado a su modelo económico y no admite que ese modelo es la causa de los problemas del país”, explica Aveledo. “El pacto sobre un modelo económico común a todos los venezolanos demandará mucha creatividad política para resolver problemas y avanzar sin que nadie sienta que sea derrotado”, agrega.

Este reconocimiento a las dificultades de pactar un proyecto de país es la base de las profundas desavenencias que mantienen dividida a esta sociedad desde hace tres lustros. Esa resistencia al cambio insufla además el espíritu insurreccional, de muy modestas proporciones, de la protesta callejera. Al caer la tarde del Sábado Santo en Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela, los estudiantes salieron a protestar en el barrio Fundalara, un sector de clase media de casas de una planta rodeada por edificios más lujosos. Cuando la Guardia Nacional pretendía dispersarlos con disparos de perdigones y bombas de humo los mismos vecinos del sector levantaban las tapas de las alcantarillas para impedir que los vehículos antimotines persiguieran a los jóvenes. Otros, más osados, los subían a sus vehículos para ayudarlos a escapar y les prestaban apoyo logístico para que mantuvieran la protestas. Los manifestantes y sus mecenas son personas que no creen en los actos de constricción que está haciendo el Gobierno y están organizados para mantenerse en la calle por mucho tiempo.

En ese marco se desarrollan las citas entre Gobierno y la Mesa de la Unidad. Aunque Aveledo prefiere no reclamar logros, sí reconoce como un avance el hecho de que el Gobierno, que se negaba a sacar el debate del plano etéreo de la discusión ideológica, haya aceptado ampliar la comisión de la verdad y formarla con individuos confiables para las partes y revisar el caso del comisario Iván Simonovis, el preso político más emblemático de estos quince años de autodenominada revolución bolivariana. Establecer una verdad aceptada por las partes de lo ocurrido en los últimos dos meses es, en opinión de Aveledo, la forma de establecer un relato independiente que haga salir al chavismo de la idea de que exigir la renuncia en la calle equivale a un golpe de Estado en cámara lenta. Con esa verdad, piensa Aveledo, la crisis puede empezar a amainar

El ala dura de la oposición no es tan optimista. Si bien es partidaria del diálogo, considera que era necesario acumular mucha más fuerza para, entonces sí, hacer propuestas que permitieran cambios profundos en la estructura del Estado. La diputada defenestrada María Corina Machado piensa que en Venezuela no hay una institucionalidad que soporte la profundidad de los compromisos adquiridos en la reunión del pasado martes: la urgencia legislativa en el nombramiento de los cargos vacantes del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, la medida humanitaria por motivos de salud para el preso político más emblemático del régimen chavista, el comisario Iván Simonovis, y la ampliación de la Comisión de la Verdad. “El diálogo está dirigido desde La Habana y todos los poderes están sometidos al Ejecutivo”, afirma Machado en una entrevista telefónica.

Para esta semana Maduro ha anunciado una nueva ofensiva económica que lanzará el martes “para equilibrar toda la economía”. No hay detalles precisos, pero el recuerdo más reciente –la confiscación y remate de electrodomésticos a precios establecidos por el Gobierno, tomada en vísperas de las elecciones municipales de diciembre pasado- es un precedente nada alentador en términos del clima de acuerdo que debería rodear las conversaciones.

Aveledo es consciente de que la comisión debe producir resultados inmediatos. “Los enemigos del diálogo existen y están apostando al fracaso de este esfuerzo para seguir con su agenda”, dice. Esa preocupación se la han trasladado a los buenos oficiantes. La sombra de cumbres anteriores que se han disuelto en la nada, como el proceso conducido por la OEA en 2003, es el principal quebradero de cabeza de todos los venezolanos.