Berlusconi pide cumplir su condena ayudando a personas discapacitadas

Silvio Berlusconi las está pasando canutas. Él, un experto en utilizar las más variadas artimañas para bloquear o dilatar hasta la prescripción algunos de los 38 procesos judiciales que ha tenido hasta la fecha, está sufriendo en carne propia su propia medicina. Aún tendrá que esperar entre 5 y 15 días a que el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria de Milán establezca si debe cumplir su condena por fraude fiscal en arresto domiciliario o, como proponen sus abogados y ha aceptado la fiscalía, mediante la realización de trabajos sociales en un centro todavía por determinar.

Pero ahí no terminan las angustia de Berlusconi. Aunque de esta no irá a la cárcel por su avanzada edad —77 años— y porque la condena de cuatro años por un delito de evasión fiscal quedó a reducida a uno en virtud de una ley de indulto aprobada por el Gobierno de Romano Prodi —a quien luego Berlusconi logró hacer caer sobornando a parlamentarios—, la situación empieza a complicársele mucho. Su expulsión del Senado en virtud de la ley Severino —una norma anticorrupción aprobada por el Gobierno de Mario Monti— le supuso la pérdida de la inmunidad parlamentaria y no hay que olvidar que Berlusconi tiene aún abiertos tres procesos: el llamado caso Ruby por abuso de poder e inducción a la prostitución de menores, en el que ya fue condenado en primera instancia a siete años de cárcel; la compra de senadores para derribar a Prodi en 2006 y dos más de corrupción de testigos —uno que se sigue en Bari por comprar el testimonio de las prostitutas que iban a su casa y otro por presunto soborno de los 32 testigos que testificaron a su favor en el caso Ruby—. No es de extrañar que, como filtran algunos de sus allegados a la prensa italiana, Berlusconi tema que los jueces italianos, a los que lleva denigrando años, se venguen mandándole a los guardias ahora que dejó de ser Il Cavaliere para ser —con la sentencia en la mano— el condenado Berlusconi.

La negativa del presidente de la República, Giorgio Napolitano, a concederle un salvoconducto para librarlo de la acción de la justicia y los intentos por el momento infructuosos de su nueva abogada, la exministra española Ana Palacio, para que el Tribunal de Estrasburgo anule la ley Severino —una norma anticorrupción que impide seguir ejerciendo a los políticos condenados en sentencia firme— dejan a Berlusconi muy mal parado. Su única esperanza es que, al menos, el presidente del Tribunal de Vigilancia Penitenciaria, Pasquale Nobile de Santi, decida lo antes posible asignarlo a trabajos sociales, lo que en teoría le permitiría hacer campaña a favor de Forza Italia de cara a las elecciones europeas. Sus abogados sostienen que donde Berlusconi rendiría más sería “motivando” a personas discapacitadas en un centro —todavía por abrir— a las afueras de Milán.