Texas ejecuta a otro mexicano a pesar de un fallo internacional

En sus últimos minutos de vida, el mexicano Ramiro Hernández pidió perdón a la familia del profesor Glen Ernst Lich, “Gracias Dios, estoy yendo contigo”, dijo. Luego, tranquilo, cerró los ojos y se sometió a la inyección letal a las 18:17. A pesar de sus esfuerzos, el Gobierno de México no logró detener la ejecución, profundizando las diferencias políticas con Estados Unidos. En 2004, la Corte Internacional de Justicia ordenó que su caso - junto a otros 50 - debía ser revisados puesto que los acusados no recibieron la asistencia consular necesaria. 

Hernández tenía mucho que decir: se despidió de su familia, les dijo que no estuvieran tristes y que él estaba contento. “Lo siento, por lo que hice. Sepan que he sido feliz hasta el final. A la familia de mi patrón, los amo”, aseguró. Minutos antes de morir, incluso le dedicó palabras a los jóvenes y les recomendó “aprender de sus errores”.

Un poco antes de las 18:00 horas, un grupo de personas se congregaron en la Unidad de las Paredes de la Prisión de Huntsville, para seguir la ejecución del mexicano Ramiro Hernández. La mayoría estaba con la organización Texas Death Penalty Abolition Movement.

“Esta ejecución es ilegal e inmoral, no podemos decidir quién vive y quien no”, gritaba la activista Gloria Rubac con un megáfono.

A diferencia de casos anteriores, cuando se ha mantenido el suspenso hasta dar paso a un fallo judicial de última hora, esta vez su destino estaba claro desde las primeras horas del día y Hernández fue declarado muerto a las 18:28.

“Estoy aquí porque es necesario que contemos lo que están haciendo con estas personas. Se me hace injusto, hay gente inocente que pasa por esto y no tiene que ser así. Nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie, Dios es el que decide”, aseguró Yanci Escobar. Su esposo, Juan Balderas está condenado a muerte, pero aún no tiene fecha de ejecución.

El hermano de Hernández, Jorge, aseguró a EL PAÍS que Ramiro ha tenido la oportunidad de cerrar el ciclo que se abrió hace 17 años, cuando fue acusado por el asesinato de Glen Ernst Lich y la violación de su esposa Lera en 1997. “Él nos ha dado fortaleza, ha hablado con mi madre y le pidió perdón por el dolor que le ocasionó, es duro, duele, pero me da ánimo pensar en lo tranquilo que está”, explicó.

Jorge contó que hace dos años su hermano se acercó a Dios y eso ha generado un cambio inmenso en él. “Yo veo fotos de él de antes con una sonrisa fingida, porque uno lo conoce se da cuenta de que es una persona distinta. Él dice que vivir es Cristo y morir es ganancia”, dijo.

El retraso mental ha sido uno de los principales argumentos en la defensa de Hernández, pero su familia deja eso en manos de especialistas y no en base a juicios propios. “Para mí, las personas con retraso mental son aquellas que andan vagando con su mente en otra parte. Pero después me di cuenta de que se necesita el diagnóstico de un profesional”, aseguró Jorge.

La abogada de Hernández Sheri Johnson insistió en que la evaluación psiquiátrica no fue profesional y estuvo basada en el racismo en contra de mexicanos. “No se reunieron con él, no hablaron con su familia, el doctor ni siquiera sabía hablar español", comentó.

Después de que todos los recursos legales fracasaran se esperó hasta último momento la llamada del gobernador Rick Perry, el único con el poder suficiente para detener la ejecución, pero el teléfono nunca sonó.

Entre los testigos por el lado de Hernández, presenciaron la ejecución su abogada Sheri Lynn Johnson, dos de sus hermanos, Jorge y Adelina y su cuñado Roberto Ramírez. Por parte de la víctima Glen Ernst Lich figuró su hijo, Stephen.

Nuevos roces diplomáticos

Hernández es uno entre los nueves mexicanos en Texas, que fueron parte del caso Avena, donde se agruparon 51 personas, apoyadas por el Gobierno de México, que no recibieron asistencia consular antes de ser condenados.

En 2004, la Corte Internacional de Justicia determinó que las cortes estadounidenses deben revisar el proceso legal y en 2008 con el caso “Medellín versus Texas” la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el Congreso debe aprobar legislación para implementar este fallo, pero no se han logrado avances en Washington.

Hernández es el cuarto mexicano incluido en el caso Avena que ha sido ejecutado. En el interior del Gobierno mexicano crece la molestia ya que, a pesar de las instancias internacionales, no hay cambios en Estados Unidos.

El Gobierno de México reiteró “su indignación por la ejecución de ciudadanos mexicanos en contravención a lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia y destaca su preocupación por el efecto negativo de esta situación en el régimen internacional de asistencia y protección consular".

Hace poco más de dos meses, otro mexicano también dentro del Caso Avena - Edgar Tamayo - fue ejecutado también en Texas. En aquella ocasión, el Gobierno texano desoyó la petición del Departamento de Estado, que presionó para que se parara la ejecución. "Lamentamos la decisión de Texas de proceder con la ejecución del señor Tamayo sin revisar ni considerar previamente los tratados internacionales", afirmó Marie Harf, portavoz del organismo. 

El tema se ha tratado en diversas instancias diplomáticas y actualmente están cabildeando a puerta cerrada en el Congreso, aún sin éxito. La oficina del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Bob Goodlatte confirmó a EL PAÍS que él, junto a otros legisladores, se reunirá con funcionarios de los gobiernos de Haití, Guatemala y México, donde discutirán temas humanitarios, de control de seguridad, tráfico de drogas e inmigración.

De las 513 ejecuciones que se han realizado en Texas desde el inicio de esta práctica, 274 se han realizado bajo la Administración de Perry. Actualmente hay 274 personas condenadas a muerte en el estado, de ellos 70 son latinos. Desde 1982 hasta ahora se han ejecutado a 90 latinos en Texas