El chavismo destituye de manera sumaria a una diputada opositora para enjuiciarla

El chavismo al fin parece haber encontrado la fórmula para hacerle pagar a la diputada opositora María Corina Machado las cuentas viejas que tiene con ella.

El oficialismo carga a Machado, diputada independiente por el estado de Miranda –y la más votada en cualquier circunscripción del país-, buena parte de la responsabilidad por la ola de protestas que sacude a Venezuela desde el 12 de febrero. Si la semana pasada, desde la Asamblea Nacional, la bancada del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) había presentado una petición ante la Fiscalía General de la República, para iniciar la investigación que permitiría levantar la inmunidad parlamentaria a la diputada opositora, este lunes el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, declaró sin más rodeos que Machado ya había dejado de ser parlamentaria venezolana al aceptar el viernes en Washington un cargo como embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Usted dejó de ser diputada, señora Machado”, celebró Cabello en una rueda de prensa ofrecida en el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas. El ex teniente del ejército, considerado el segundo a bordo en la jefatura del chavismo, citó para ello los términos de los artículos 149 y 191 de la constitución venezolana, que prohíben a los diputados detentar otro cargo simultáneo con la legislatura y aceptar reconocimientos de gobiernos extranjeros.

Machado, también ex precandidata presidencial de la oposición en 2012, acudió el viernes a la sede de la OEA en la capital estadounidense para prestar testimonio sobre la crisis política y de derechos humanos en Venezuela ante el Consejo Permanente de esa institución. Las delegaciones de Venezuela y sus aliados de la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América), junto a otros gobiernos afines de la región, emprendieron varias maniobras para impedir la intervención de la opositora venezolana. Como un recurso –a la postre, infructuoso- para sortear esos obstáculos procedimentales, la delegación de Panamá –país que auspiciaba la presentación de Machado, y con cuyo gobierno Caracas rompió relaciones el 6 de marzo recientes- otorgó a la diputada un cargo como representante alterna de la nación istmeña.

De ello se vale ahora el oficialismo para determinar que Machado ha abandonado su escaño. Así se ahorra los engorros de despojarle la inmunidad parlamentaria mediante los procesos de rigor, que incluyen el antejuicio de mérito y una votación del pleno de diputados.

Sin inmunidad, Machado puede ser llevada ante la justicia, donde afrontaría cargos de homicidio, asociación para delinquir, daño a bienes públicos y traición a la patria, entre otros que ya se le han querido imputar a Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular, recluido en una prisión militar desde hace cinco semanas.

“La directiva de la Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir a un diputado”, fue la respuesta de María Corina Machado, a través de un boletín difundido a los medios en Venezuela. “Un parlamentario puede ser destituido por muerte, renuncia, por una sentencia o un revocatorio, y este no es el caso”. Machado se encuentra en Lima, Perú, asistiendo a un evento de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside el premio Nóbel Mario Vargas Llosa.

Machado debería estar de regreso en Caracas el martes, cuando se celebra una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. La jornada parlamentaria de mañana se anuncia conflictiva, en tanto el oficialismo –que controla la mayoría de los puestos- ha dejado saber que la ex diputada ya no tendrá paso al hemiciclo.

“Nosotros estamos dando instrucciones para que esta señora no vuelva a entrar al parlamento como diputada por este período”, amenazó Cabello, quien maneja con mano de hierro cada sesión de la Asamblea. “Así como no tendrá acceso a su cargo en el parlamento, no tendrá acceso al estacionamiento, no tendrá acceso a la oficina parlamentaria que cada uno de los diputados tiene, y nos queda sólo cumplir lo que está en la Constitución, y por ende asume su diputado suplente Ricardo Sánchez, con todas las funciones y condiciones correspondientes”.

Sánchez es un diputado opositor que rompió con la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en octubre de 2012. En los últimos meses ha mostrado posiciones conciliatorias con el gobierno revolucionario y participa en la Conferencia Nacional de Paz que Nicolás Maduro convocó en febrero para paliar los efectos de las protestas. Sin embargo, como primera reacción pública ante la destitución sumaria de Machado y gesto de inconformidad, Sánchez anunció que consideraba la posibilidad de apartarse de la conferencia.

Queda la posibilidad de que Machado invoque su nuevo fuero diplomático como protección ante el proceso judicial que le espera. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por EL PAÍS descartan esa opción, pues asumir la investidura de representante panameña acarrearía consecuencias que restringirían su figuración como dirigente política nacional.

La destitución en los hechos de Machado forma parte de la contraofensiva que el gobierno de Nicolás Maduro ha activado tras un mes de disturbios, con un saldo de 36 muertes. Una transeúnte de 28 años de edad, la noche del domingo cerca de Los Teques (estado de Miranda), y un efectivo de la Guardia Nacional, hoy en Mérida (capital del estado homónimo), fueron las más recientes víctimas fatales de los desórdenes que, sin embargo, el gobierno considera casi extintos.

En su contrataque para apagar las protestas, el gobierno ha detenido a Leopoldo López y a los alcaldes opositores de los municipios San Cristóbal (estado de Táchira) y San Diego (estado de Carabobo), ambos sitios emblemáticos de las protestas violentas.

El TSJ, controlado por el gobierno, viene emitiendo desde el 12 de marzo medidas cautelares que ordenan a distintas alcaldías de oposición contribuir al control de los disturbios, mediante el despeje de vías y la recolección de escombros que puedan servir para cerrar calles. La medida buscaba poner en evidencia a los alcaldes de las 18 entidades –entre 365 municipios- en las que, según señalaba el gobierno, se concentraban los desórdenes. Como se ha visto con posterioridad, también procuraba facilitar una sanción instantánea de los funcionarios locales.

Esta mañana, David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo –en el extrarradio caraqueño-, acudió al TSJ a presentar un escrito. Smolansky, miembro del partido Voluntad Popular de Leopoldo López, ya había impugnado ante el alto tribunal esas medidas cautelares, junto a su colega del municipio Baruta, Gerardo Blyde. Sin embargo, en esta ocasión se presentó en compañía de algunos vecinos del cantón, quienes expresaron su respaldo al alcalde y “a la descentralización”. La discreta manifestación frente a la sede judicial intentaba anticiparse a los estragos de una condena anunciada e inminente, y de la que el gobierno sólo estaría calibrando sus posibles costos políticos.