Una ola de protestas por un salario digno sacude al Gobierno egipcio

Una vez las manifestaciones patrocinadas por los Hermanos Musulmanes parecen haber perdido fuelle, las protestas de tipo laboral se han convertido en el principal dolor de cabeza del nuevo Gobierno egipcio. En las últimas semanas, han convergido las huelgas de obreros del textil, médicos de la sanidad pública, conductores de autobuses e incluso agentes de policía. Más allá de algunas reivindicaciones particulares, les une una demanda común: un salario digno. Su lucha se enmarca en un magmático movimiento de contestación sindical que se inició en 2006, y que consiguió situar las demandas de justicia social en el centro de la revolución que destronó al dictador Hosni Mubarak en 2011.

Sin duda, la más potente de las huelgas es la que ha tenido lugar en la ciudad de Mahalla, situada en el Delta del Nilo y considerada el corazón industrial de Egipto. Fue aquí donde se produjo el primer desafío serio al régimen de Mubarak, cuando el 6 de abril del 2008 centenares de trabajadores enfurecidos pisotearon carteles del raïs. Actualmente, esos mismos obreros han liderado un parón en el sector textil durante un par de semanas que abarca 13 empresas públicas y más de 45.000 empleados. Solo tras el compromiso de las autoridades de estudiar cómo satisfacer sus exigencias se ha suspendido la huelga de forma cautelar.

“Nuestras dos demandas principales son un aumento salarial y que sea cesado el responsable del conglomerado de empresas públicas textiles, Fuad Abdel Alim, por ineficiente y corrupto”, explica en una conversación telefónica Kamal al-Fayumi, un líder sindical de Mahalla. “El sueldo medio de los obreros es de unas 700 libras mensuales (73 euros), insuficiente para mantener una familia. Pedimos que se doble”, añade.

La situación es aún peor en el sector privado, menos receptivo a la presión sindical, sobre todo en un momento de crisis. En el textil, el sueldo medio se sitúa en unas 400 libras mensuales (42 euros), pero la mano de obra femenina puede llegar a recibir solo 150 libras (16 euros). De ahí que la aplicación de un salario mínimo y máximo dignos haya sido la principal demanda de los trabajadores egipcios desde hace más de una década.

“Los tres gobiernos que hemos tenido desde la revolución prometieron enseguida elevar el salario mínimo en el sector público. Sin embargo, ninguno lo ha hecho. El actual decretó un sueldo mínimo de 1.200 libras (126 euros), pero todavía no ha encontrado los fondos para aplicarlo”, explica Tamer Mowafy, investigador del Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales. Fue una demanda interpuesta por esta ONG la que consiguió que un juez ordenará en 2010 al Gobierno establecer un salario mínimo “justo”. “En teoría, los fondos deberían salir de la imposición un salario máximo en el sector público, pero los altos funcionarios se niegan en redondo a rebajar sus ingresos”, añade.

Ahora bien, el ejecutivo sí que ha hallado los recursos suficientes para augmentar un 30% la retribución de los policías. “El Gobierno asegura que la estos gestos están motivados por su sensibilidad social, pero en el fondo su objetivo es comprar la lealtad de una masa funcionarial que comprende entre 5 y 6 millones de personas”, explica Amr Adly, un profesor asistente de Economía Política en la Universidad de Stanford.

Los movimientos sindicales y sociales reclaman que el salario mínimo de 1.200 libras se aplique de veras y se extienda también al sector privado. No obstante, el Gobierno se niega hacerlo sin el consentimiento de las asociaciones empresariales, que sostienen que tal medida obligaría a cerrar muchas compañías. “Eso no es verdad. Siempre hemos dicho que seríamos flexibles. Las grandes empresas pueden asumirlos, y para las pequeñas, se podrían alargar plazos o hacer excepciones”, argumenta Mowafy.

“Pan, libertad y justicial social”, rezaba el eslogan más célebre durante la revuelta contra Mubarak. Y para muchos egipcios, una mejora de su nivel de vida era la demanda prioritaria de aquella revolución. Algo lógico si tenemos en cuenta que un 40% de la población vive con menos de 1,5 euros al día. “No ha habido ninguna mejora en la cuestión de la justicia social. Y la razón es que los dos principales actores políticos del país, la Hermandad y el Ejército, son muy conservadores y un cambio social no figura en su agenda”, lamenta Adly, que considera necesaria la formación de una alternativa política creíble de perfil progresista.

A pesar de esta carencia, sí hay propuestas concretas de reforma en al menos dos ámbitos: estructura impositiva y subsidios públicos. “Los impuestos sobre la renta no son realmente progresivos, como deberían. Y los subsidios, que consumen un tercio del presupuesto, se dedican a subvencionar materias primas para las grandes compañías del acero, los fertilizantes y el cemento. Así, sin apenas recursos, no es de extrañar que la sanidad y educación públicas sean muy deficientes”, denuncia Mowafy. Actualmente, el tipo máximo que aplica la hacienda egipcia es del 25% en un país donde, además, la evasión fiscal es una auténtica plaga.

La falta de cohesión entre los trabajadores de los diversos sectores económicos dificulta la eclosión de los sindicatos como un actor clave en la escena política egipcia. Ahora bien, el Ejército es muy consciente de que las fábricas fueron el embrión de la revuelta contra Mubarak. “Creo que la incapacidad de poner fin a la efervescencia sindical es una de las claves de la reciente dimisión en bloque del Gobierno de al Beblawi”, sostiene el politólogo Ibrahim Awad. Entre los ministros sustituidos en el nuevo gabinete se cuenta el de Trabajo, Kamal Abu Eita, un histórico líder sindical. Todo un reconocimiento por parte del régimen bajo tutela militar de que ha fracasado su intento de cooptar al movimiento sindical.