Apresados dos alcaldes opositores en Venezuela

Luego de lucir durante un mes contra la pared y desconcertado por las protestas estudiantiles y cierres de calles que brotaron por toda Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro ha pasado a la ofensiva en términos más policiales que políticos. Aunque propuso desde muy temprano un remedo de diálogo para ganar tiempo, en apariencia ha decidido echar a pique su propia iniciativa para adoptar la represión más abierta.

En menos de 24 horas dos alcaldes de oposición fueron hechos prisioneros. El alcalde de San Cristóbal (estado de Táchira), Daniel Ceballos, fue detenido el miércoles en la tarde en Caracas –donde participaba en una reunión de jefes municipales- por funcionarios de la policía política. Según informó el ministro del Interior, el general Miguel Rodríguez Torres, la captura habría obedecido a una decisión del Tribunal Tercero de ese Estado andino, luego de que denuncias de ciudadanos –presuntamente instrumentadas por el Gobierno- señalaran la responsabilidad de Ceballos en el apoyo a “más de 60 barricadas” que todavía bloquean las calles de San Cristóbal, uno de los epicentros de la protesta nacional.

Ceballos es el cuarto dirigente del partido opositor Voluntad Popular que es objeto de una medida de detención, tras Leopoldo López, Antonio Rivero y Carlos Vecchio. Rivero y Vecchio continúan prófugos en clandestinidad.

Apenas un par de horas después, con una celeridad inusual, el Tribunal Supremo de Justicia acordó castigar con diez meses de prisión y la destitución de su cargo al alcalde Vicenzo Scarano, del municipio del estado Carabobo, un cantón del área metropolitana de la ciudad de Valencia.

De acuerdo a la sentencia, Scarano habría incurrido en desacato de una medida cautelar emitida por la misma corte para obligar a ese alcalde y sus colegas de otros distritos gobernados por la oposición, a contribuir en la prevención de los bloqueos de calles. Aunque los alcaldes municipales no cuentan con competencias legales para dispersar disturbios, el tribunal entendió que estos alcaldes propiciaban la construcción de barricadas al dejar de recoger los escombros que les sirven de materia prima.

Scarano fue uno de los alcaldes más votados en las elecciones municipales de diciembre pasado, con 68% de los sufragios de su jurisdicción. El Tribunal Supremo ha declarado su “falta absoluta” en el cargo, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresuró a anunciar que organizará unos nuevos comicios para sustituirlo.

El poder judicial –así como el organismo electoral- son controlados por el Gobierno chavista. La amenaza de que la Administración de Maduro use decisiones tribunalicias como armas arrojadizas contra sus adversarios políticos se ha reactivado con los disturbios iniciados el 12 de febrero. Sobre otros alcaldes, como Gustavo Marcano, del municipio Lecherías de Puerto La Cruz (estado de Anzoátegui, nororiente de Venezuela) , y David Smolansky, del municipio capitalino de El Hatillo, pesan solicitudes de investigación y posibles sanciones.

Scarano y Ceballos están detenidos desde el miércoles en la noche en la cárcel militar de Ramo Verde, cerca de la ciudad de Los Teques, a las afueras de Caracas, donde desde hace un mes permanece confinado Leopoldo López,. El jefe de la policía municipal de San Diego, Salvatore Lucchesse, también fue internado en la prisión. De acuerdo a la decisión del Tribunal Supremo, el lugar de reclusión de los funcionarios de San Diego debía ser la sede de la policía política, Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia).

Desde que arrancaron las protestas, el 12 de febrero, el Gobierno ha insistido en que los hechos violentos y barricadas –que en algún momento llegaron a desplegarse en 1.000 puntos simultáneamente- se producen sólo en 18 municipios gobernados por la oposición. Las medidas judiciales buscan subrayarlo y ponerle un precio que pagar a los alcaldes.

Aunque Scarano y Ceballos han sido señalados con todo tipo de adjetivos por funcionarios del Gobierno, incluyendo el mismo presidente Maduro, hoy el ministro Rodríguez Torres optó por colocarle una hoja de parra a las detenciones practicadas: “Es importante que los venezolanos sepan que estas decisiones son de los órganos de justicia, que no es el Gobierno quien ordena detener a nadie”. Reiteró el responsable de la seguridad interna, en rueda de prensa ofrecida la mañana del jueves, que “Nosotros respetamos el derecho a la protesta y lo garantizamos siempre y cuando este derecho se ejerza de manera pacífica”.

La misma noche de los encarcelamientos, un grupo de alcaldes y diputados opositorers, junto al excandidato presidencial y gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, repudiaron en conferencia de prensa las medidas. Capriles alertó sobre un posible “autogolpe” que estaría preparando el gobierno de Nicolás Maduro.

Desde que se supo la noticia sobre la detención del alcalde Scarano, las barricadas y disturbios volvieron a las calles de su municipio San Diego. Algunos locales comerciales sufrieron destrozos y saqueos.