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El primer año de Peña Nieto, el más violento para periodistas desde 2007

La ONG Artículo 19 dice que el 59% de las agresiones a comunicadores en México las produce un funcionario público

El director de Artículo 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez, junto a la abogada de Wikileaks Jennifer Robinson.
El director de Artículo 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez, junto a la abogada de Wikileaks Jennifer Robinson.

El primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, que asumió el cargo en diciembre de 2012, es también el más violento para la prensa desde hace siete años. Los datos que arroja la organización Artículo 19, que defiende los derechos de los profesionales de los medios, son los peores desde 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, inició su cruzada contra el narcotráfico. Casi cada día, cada 26.5 horas exactamente, un periodista es agredido en México. Durante 2013, la organización Artículo 19, registró 330 agresiones contra reporteros, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en el país. Las estadísticas revelan también que en el 59.3% de los casos el responsable de la acción violenta fue un funcionario público. Pese al aumento de los ataques, este año murieron cinco periodistas, dos menos que los siete de 2012.

Según el informe “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013″ con respecto a 2012, las agresiones se incrementan un 59%, con 123 casos más.
Porcentualmente, de cada 100 ataques, 85 se dirigen contra un reportero o periodista audiovisual; diez contra directivos; y los otros cinco contra columnistas, otros empleados de medios y caricaturistas. Los atentados a personas representaron el 90% del total, el otro 10% fueron ataques a instalaciones.

El informe recoge que en 274 (de los 330) casos fue posible identificar al agresor . En 146 de ellos el perpetrador fue un funcionario público; en 49 se trató de una organización social; 39 crimen organizado; 30 un particular, y en diez, un partido político. Dicho en otras palabras: seis de cada diez periodistas agredidos fueron atacados por un servidor público.

Así mismo, en tres de los cuatro casos de periodistas asesinados en 2013 se identificó a la delincuencia organizada como principal responsable. El otro nunca se esclareció.

Si bien la problemática se centra en entidades ya identificadas del país –Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas– , Artículo 19 señala que las agresiones documentadas permiten observar un “patrón de diseminación de violencia hacia otros estados. Las agresiones a la prensa aumentaron en el Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Baja California y Zacatecas”.

Mención aparte merecen Veracruz y el Distrito Federal, destaca el informe presentado este martes. En Veracruz diez periodistas fueron asesinados desde enero del 2011. El último caso, que no recoge el informe por ser ya de 2014, es el del reportero Gregorio Jiménez, secuestrado y asesinado en la primera quincena del mes de febrero. A la vez, las agresiones contra profesionales de los medios crecieron dramáticamente, al pasar de tres en 2012 a 14 en 2013. Por su parte, en el Distrito Federal aumentaron los ataques y detenciones contra periodistas que cubrían protestas en sus calles. En 2013 se documentaron un total de 34 agresiones contra periodistas en la capital del país, el mayor número desde 2007. Tal fue el caso de la marcha del 2 de octubre pasado, que conmemora la matanza de Tlatelolco en 1968.

En el trabajo expuesto por Artículo 19 se señala que en ninguno de los casos documentados los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al 100%. “El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En ocasiones, dejan de cubrir sucesos policiacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”.

Eso fue lo que sucedió con el portal Ojinaga Noticias tras el asesinato de Jaime González, su director, el 3 de marzo de 2013. Lo mataron de 18 disparos. “Tomé la decisión de cerrar el portal”, dijo el editor web, “tenía mucho miedo de las consecuencias que pudiera tener contra mi persona. Mi nombre no se conoce. He eliminado todas las publicaciones de Facebook que me vinculan”, recoge el informe. En el caso de El Piñero de la Cuenca, que se edita en Loma Bonita, Oaxaca, región compartida con Veracruz, optaron por la autocensura. Roberto Hernández, director del medio, prefirió dejar de publicar información sobre el gobernador veracruzano Javier Duarte tras una serie de agresiones y amenazas contra los repartidores del periódico en la entidad. “Nos las sentenciaron. No podíamos entrar a vender el periódico. Encontramos la manera de regresar cuando dejamos de hablar del gobernador”, afirma Hernández en una entrevista recogida en el documento. Junto con el reciente caso de Gregorio Jiménez, el asesinato de Regina Martínez, en abril de 2012, continúa muy presente en la memoria colectiva del gremio periodístico. La corresponsal del semanario Proceso apareció en el baño de su domicilio estrangulada.

La publicación del informe estuvo precedida por la denuncia de la organización, este lunes, acerca del allanamiento de la casa del director de Artículo 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez. La fiscalía investiga si el asalto, en el que los responsables se llevaron documentos de trabajo, computadoras y objetos de valor, está relacionado con el trabajo de la ONG.

En México, desde 2007, han sido asesinados 50 periodistas. En 29 casos no se identificó al responsable del homicidio, en 20 se trató del crimen organizado y tan solo uno, fue a manos de un funcionario público.