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El Estado de México pierde la batalla contra la delincuencia

La mayoría de los delitos de alto impacto, desde el robo a mano armada hasta el secuestro, se han disparado en la entidad

El 90% de sus habitantes lo perciben como inseguro

En el Estado de México, el Estado más poblado del país, se vive una tragedia soterrada. Esta entidad vecina a la capital de México lucha todos los días en contra de la inseguridad. Es una batalla que se está perdiendo. Cuatro de cada diez habitantes fueron víctimas de algún crimen, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública de 2013 elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Aquí, en el Estado que vio nacer a Enrique Peña Nieto, el presidente de México, todos los delitos presentan un alza en los últimos meses: desde el asalto a mano armada hasta el secuestro pasando por los homicidios y el robo a casa. El 90 % de sus ciudadanos lo perciben como un Estado inseguro, según el INEGI. Y como lo puso una víctima: “Hablan de Tamaulipas y de Michoacán. Aquí también está de la chingada”.

El 14 de febrero se festeja el día de San Valentín en México. Es una jornada de carácter festivo donde se celebra la amistad. Para la familia Martínez González, sin embargo, la fecha está marcada por la tragedia. Ese día de 2013, por la mañana y a plena luz del día, fue secuestrado Carlos Eduardo, un joven de 14 años de edad. Alfredo, su padre, de 80 años, piensa en las horas de cautiverio del menor de sus tres hijos. “Ingenuamente pensaba que mi niño, como era muy bueno, se había ganado la simpatía de los secuestradores y que eso lo mantenía a salvo”, cuenta desde el negocio familiar, una lonchería de tortas y hamburguesas en el centro de Toluca, en el Estado de México, a 65 kilómetros de la capital del país.

“A la media hora me llaman y me dicen que el cartel de La Familia Michoacana tiene a mi hijo y me piden un rescate de 10 millones de pesos (750.000 dólares)”, dice. Tres días después del rapto la familia dejó de recibir noticias de los criminales. No hubo oportunidad de que el humilde vendedor de bocadillos negociara la estratosférica cifra. Alfredo y sus dos hijos vivieron en la incertidumbre por seis meses hasta que uno de los criminales fue capturado por las autoridades. Allí se supo la verdad. Los seis delincuentes habían matado a Carlos Eduardo 72 horas después de haberlo sustraído de su escuela. Lo arrojaron desde un puente. El cuerpo del menor se descomponía desde entonces en una morgue a la espera de ser reclamado por alguien.

“No tenemos dinero, no tenemos coches de lujo. No hay una explicación, un móvil posible para que se cometiera este crimen”, reflexiona Alfredo. Carlos Eduardo fue secuestrado por una empleada de una óptica contigua al restaurante de su familia. Fue auxiliada por un conserje de la Cámara de Diputados local y dos chatarreros. Ellos están detenidos a la espera de sentencia, pero hay otros dos criminales prófugos. Todos eran delincuentes amateurs y vieron en el secuestro de un menor la posibilidad de hacer dinero rápido y fácil.

El Estado que vio nacer a Enrique Peña Nieto, el presidente de México, todos los delitos presentan un alza en los últimos meses

El caso de la familia Martínez cimbró a la sociedad de un Estado de 15 millones de habitantes, el más poblado del país. En 2013 hubo otras 572 historias como esta en el Estado de México. “Es el número uno en feminicidios, en muertes violentas, robo a mano armada, asaltos a casa habitación y secuestros. Son los punteros”, dice Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al secuestro. Morelos es el Estado que sigue, con 237 secuestros, Tamaulipas, con 198 y el Distrito Federal, con 189.

La Procuraduría (Fiscalía) de Justicia local tiene otras cifras, como suele suceder cuando se trata este delito. El vocero en temas de seguridad reconoció 191 secuestros en 2013, un 52 % más que los registrados un año antes (125). La diferencia entre los datos aportados por el Gobierno y las asociaciones civiles provienen de la cantidad de denuncias que se hacen ante la fiscalía. En México la mayoría de los secuestros se negocian al margen de las autoridades. No se confía en las policías.

El cuatro de diciembre de 2013 un grupo de empresarios estadounidenses llegaron a la Ciudad de México provenientes de Monterrey, la capital empresarial del norte de México. Tres de ellos tomaron un coche para dirigirse a Puebla para hacerse cargo de algunos negocios. Decidieron tomar el Circuito Exterior Mexiquense, una importante obra vial inaugurada en 2010 por Enrique Peña Nieto, que gobernaba la entidad. “A los 45 minutos, aun en el Estado de México lo que parecía una patrulla se detuvo junto a nosotros. Prendió sus luces y nos pidió que nos detuviéramos”, cuenta uno de los ciudadanos americanos, que desea mantenerse en el anonimato.

Cinco hombres se bajaron de la patrulla. Les dijeron que un camión había sido asaltado y que estaban buscando a los criminales. Preguntaron a los pasajeros del auto si estaban armados. Después de revisarlos y comprobar que no llevaban armas desenfundaron sus pistolas y apuntaron. “Nos dijeron que les entregáramos todo lo que llevábamos. Se llevaron nuestros relojes, joyería y nuestros teléfonos. Nos pidieron las carteras y sacaron el efectivo”. Los presuntos policías se llevaron las computadoras y las maletas que habían hecho los empresarios para un viaje de cinco días. Los delincuentes les dieron 300 pesos (22 dólares) para que pagaran los peajes hasta Puebla.

“Pensamos en ir con las autoridades, pero fueron las autoridades quienes nos robaron. ¿Quién nos iba a proteger?”, cuenta el empresario, que después del suceso ha decidido cerrar sus negocios en el país. “Le dábamos trabajo a unas 80 familias , pero no podemos permitir que esto pase a nuestros ejecutivos. Hemos decidido seguir creciendo en otro lado”. El asalto fue reportado a la asociación México unido contra la delincuencia, que hizo público el caso. La información trató de ser desmentida por las autoridades señalando que no existía ninguna denuncia en la fiscalía sobre este caso.

En México la mayoría de los secuestros se negocian al margen de las autoridades

A nadie sorprende la desacreditación de la policía del Estado de México. Rogelio Cortés Cruz, conocido con el nombre de Cronos, es el director de la policía estatal. En 2010 fue revelado un vídeo donde llama la atención a algunos subalternos por levantar infracciones con un reglamento de tránsito falsificado que mostraba estratosféricas multas para extorsionar a los automovilistas. “Los elementos traen su reglamento personal…. A mí no me espanta. No me espanta que agarren un peso o dos pesos: es su problema”, mencionaba Cronos en las imágenes.

En ese entonces, Eruviel Ávila, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Gobierno del Estado, fue interrogado sobre el vídeo días después de su publicación. “Totalmente reprobable, como gobernador voy a combatir ese tipo de cosas”, dijo en mayo de 2010 en el programa Punto de Partida, de Televisa. Ávila ganó las elecciones de forma abrumadora con el 60 % de los votos. Cronos continúa en el cargo.

“Son policías mal pagados, mal capacitados y corruptos. Es la peor combinación que puede haber”, explica Wallace. El segundo semestre de 2013 es uno de los más flojos que ha dado el Gobierno de Ávila en materia de seguridad. Lo demuestran las cifras de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. De agosto a diciembre el número de detenciones cayó un 47.7 % (2.631 personas detenidas en agosto a 1.376 en diciembre). Se dejó de arrestar a ladrones de autos, vendedores de droga al menudeo, secuestradores y asaltantes. Las incautaciones de armas de fuego pasaron de 237 en septiembre a 113 en octubre, 81 en noviembre y 61 en diciembre.

Las autoridades deben resolver un peligroso coctel que combina policías corruptas, la ineficiencia del sistema de procuración de justicia y el hartazgo de la ciudadanía, que cada vez es más notorio. El pasado 26 de febrero la secretaria de seguridad Ciudadana, Rocío Alonso y el fiscal estatal, Miguel Contreras, fueron abucheados por habitantes de Ciudad Satélite, una de las colonias del Estado de México que comparten vecindad con la Ciudad de México, cuando presentaban cifras de los avances en materia de seguridad. “¡Si no pueden, renuncien!”, gritaban los habitantes de la zona a los funcionarios, que terminaron huyendo del lugar.

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