Sobre la desinformación del Kremlin

“Rusia, protégenos del genocidio”, reza la pancarta de una mujer mayor plantada delante del Parlamento de Crimea. “No al fascismo en Ucrania”, proclama un manifestante en Moscú. Sin embargo, desde que ha empezado la crisis, no se ha registrado ningún acto de agresión contra ciudadanos ucranio por el hecho de ser rusohablante. Ni siquiera la prensa rusa ha podido rastrear evidencia de alguno. Por tanto, si no se puede demostrar la realidad de un abuso, hay que crear la percepción masiva de que éste se puede producir y se debe evitar. Es lo que ha hecho el Kremlin entre la población rusohablante en Crimea y en las regiones orientales de Ucrania, y es el argumento que utiliza ante su propia sociedad para justificar su actuación.

Los estrategas del Kremlin han conseguido articular un plan de desinformación que se abre camino incluso en medios y opinión pública en otras partes del mundo, España incluida. Los tres mantras de esta estrategia son que los fascistas y radicales extremistas han dado un golpe de Estado derrocando a un presidente legítimo, que lo han conseguido gracias a la injerencia occidental y que los derechos, cuando no la integridad física, de las minorías rusófonas están en peligro.

La disolución de la Unión Soviética dejó a más de veinte millones de rusos autóctonos en territorio de nuevos estados independientes de los que se convirtieron en ciudadanos. Desde entonces, Moscú considera a todos los rusohablantes como sus compatriotas y la Constitución rusa “garantiza la defensa y el apoyo de sus ciudadanos fuera de su territorio”, como recoge también el Concepto de Política Exterior rusa, de febrero 2013. Por ello, en el caso de Crimea, el Kremlin ha distribuido diligentemente grandes cantidades de pasaportes rusos para garantizar que los compatriotas se conviertan legalmente en sus ciudadanos. La lógica de este planteamiento (donde están mis compatriotas estoy en mi derecho) permite activar, a conveniencia, un mecanismo amparado en lo que Moscú define como sus “intereses legítimos”.

La lengua rusa, usada también por un gran número de ciudadanos que se definen como ucranio, nunca ha estado realmente amenazada en Ucrania. Cualquiera que se pasee por la calles de Kíev o, incluso, de Lviv, que compre un diario en algún quiosco o entre en alguna librería, lo ve y lo oye. Por eso, el único error de bulto que efectivamente ha cometido el Gobierno interino hasta la fecha ha sido derogar la ley de 2012 sobre el estatuto del ruso, algo sobre lo que debe dar marcha atrás cuanto antes.

En la pluralidad política de Maidán, que abarca desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, Moscú ha convertido en únicos protagonistas al partido ultranacionalista Svoboda y otros grupos de ultraderecha, como si estos dominaran realmente la agenda política del momento. Obvia, en cambio, a los paramilitares de Yanukóvich, los titushki, o la composición del Gobierno interino o del Parlamento, donde esas fuerzas están en minoría. De hecho, es la política rusa actual la que refuerza a esa derecha chovinista ucraniana a la que Moscú regala argumentos de peso.

En Ucrania, la identificación con una lengua o una procedencia nacional no presupone, de entrada, a quién vas a votar. Y esto molesta al Kremlin antes de las próximas elecciones. En Ucrania, como en la mayoría de los estados postsoviéticos, ruso, rusohablante y prorruso son tres realidades distintas que, a veces, coinciden y muchas otras no. Lo que se dirime ahora es qué modelo de gobernanza van a escoger los ciudadanos ucranio. Por más que lo repitan los medios y dirigentes rusos, la división del país no es ni étnica ni lingüística, es política.

Carmen Claudín es investigadora senior del CIDOB