El Gobierno de Turquía redobla su control sobre el poder judicial

El presidente de Turquía, Abdulá Gul, ha firmado este miércoles una controvertida ley que da al Gobierno más poder sobre la Judicatura. La norma, que aún deberá ser ratificada por el Tribunal Constitucional, reforma el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales y da al Ministerio de Justicia un mayor control sobre el nombramiento de unos y otros.

La ley ha recibido duras críticas, tanto desde fuera como dentro de Turquía, y varios diputados se enzarzaron en una pelea a puñetazos durante su aprobación por el Parlamento el 15 de febrero. Ya el día anterior, el principal grupo en la oposición, el Partido Republicano Popular, había anunciado que recurriría la nueva ley ante el Tribunal Constitucional.

Tras la firma, el presidente Gul ha señalado que había advertido al ministro de Justicia sobre la incompatibilidad del texto con la Constitución y que permitiría que sea esta Corte quien valore y tenga la última palabra sobre la nueva norma.

“De acuerdo con mis advertencias, he visto que se han hecho algunos cambios (que reducen) los poderes otorgados al ministro”, ha dicho Gul en un comunicado. “Además de estas claras incompatibilidades (con la Constitución), he considerado más conveniente que el resto de artículos de la ley sean valorados por el propio Tribunal Constitucional”.

Esta ley es una de entre varias polémicas normas que en las últimas semanas se ha apresurado a aprobar el gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP en turco), que cuenta con mayoría parlamentaria y del que Gul es uno de sus fundadores.

El presidente firmó también hace unos días una ley que da al Gobierno la capacidad de bloquear páginas web en apenas unas horas y sin autorización judicial previa. Además, el Parlamento está discutiendo un texto que daría más poder a los servicios de Inteligencia, cuyo director es una persona muy cercana al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan.

Estos cambios legales llegan en un momento en el que el Gobierno del AKP y hasta el propio Erdogan se están viendo acosados por acusaciones de corrupción.

Hace dos días, salió a la luz una grabación en la que, supuestamente, se oye a Tayyip Erdogan diciendo a uno de sus hijos, Bilal Erdogan, que oculte grandes cantidades de dinero, que podrían llegar superar los 700 millones de euros. El primer ministro ha negado enfáticamente la autenticidad de esas conversaciones, que según la grabación habrían ocurrido entre el 17 y el 18 de diciembre.

Fue precisamente esos días cuando se inició el escándalo, con la detención de decenas de personas cercanas a Erdogan por presuntos delitos de corrupción, entre ellas los hijos de tres ministros, que acabarán dimitiendo, y el director de un banco de propiedad pública. La policía encontró grandes cantidades de dinero en las casas de varios de los detenidos y, a principios de este mes, Bilal Erdogan fue llamado a testificar como parte de la investigación.

El Gobierno respondió al escándalo con una campaña de purgas mediante las que ha relevado de sus puestos a cerca de 7.000 policías y de 300 jueces y fiscales, incluyendo a los dos que dirigían la investigación sobre la presunta corrupción, que prácticamente ha quedado detenida.

Sus críticos acusan al AKP y al Ejecutivo de querer usar la nueva ley para aumentar aun más su poder sobre la Judicatura, y la norma sobre internet para poder bloquear webs que publiquen filtraciones como la referida a Erdogan. Por su parte, el Gobierno ha defendido la legitimidad democrática de ambas normas.