Michoacán: un año con alzados pero uno más sin paz

El empresario Miguel Ángel Arce Ochoa había aguantado por muchos años las amenazas del crimen organizado. Lo extorsionaron, lo secuestraron, lo obligaron a cerrar algunos de sus negocios. El 13 de febrero finalmente lo mataron. Dos desconocidos lo esperaban a las puertas de su casa en Pátzcuaro, Michoacán, al suroeste de México. Un hermoso pueblo fundado en el siglo XVI, situado en la zona lacustre del estado, fuera de la región de Tierra Caliente, que ha concentrado el conflicto entre narcotraficantes y autodefensas, civiles armados, y punta de lanza de la estrategia de Enrique Peña Nieto para pacificar la zona. “Nos están dejando solos. No nada más en Tierra Caliente se necesita apoyo. El problema no es solo Apatzingán”, comentó un político local en su funeral. Nadie ha sido detenido en relación con el crimen. Es difícil hallar un michoacano que no conozca a una víctima con una historia similar.

A un año de la aparición de las autodefensas, grupos de civiles levantados en armas contra el cártel de Los Caballeros Templarios, y a un mes de la puesta en marcha de la estrategia del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en Michoacán se respira una tranquilidad salpicada de escepticismo. Los empresarios se lamentan de la golpeada imagen de la región, que ha diezmado a la economía local. Los funcionarios del Gobierno de Michoacán han asumido —algunos con resignación, otros con un enfado mal disimulado— la llegada de un gabinete “alterno” designado desde la capital del país. “Es la decisión que ha tomado la máxima autoridad del país”, asegura con solemnidad un colaborador del Gobierno estatal. “Y eso a uno no se lo preguntan. Si así lo ha decidido el Presidente de la República, es que es así”.

El miedo latente es la huida de los sicarios a otras ciudades del estado e incluso en el país. En Morelia, la capital, los funcionarios locales reconocen que la violencia ha crecido. “Todos están viniendo para acá”, afirma un político. La tasa de crimen en la región metropolitana de Morelia y municipios aledaños se ha triplicado, según reconocen funcionarios estatales. En los últimos 10 días al menos cuatro personas han muerto asesinadas en Morelia. En 2012 se registraron 138 homicidios. En 2013, la cifra aumentó hasta 209.

Otra de las dudas son las reticencias de los funcionarios locales, en especial de los que han sido desplazados por las autodefensas. Es el caso de Guillermo Valencia, alcalde expulsado de Tepalcatepec -la comunidad donde nació el movimiento- que ha criticado abiertamente el respaldo del Gobierno federal a los grupos armados. En varias entrevistas concedidas a medios de comunicación nacionales que Juan José Farías El Abuelo “está detrás” de los movimientos de autodefensa, aunque no ha mostrado todavía pruebas. Farías fue acusado de pertenecer a un cartel de droga en 2009. Dos años después salió absuelto de ese cargo. Los líderes de los grupos armados han defendido a El Abuelo.

El comisionado Alfredo Castillo, nombrado por Enrique Peña Nieto para gestionar las operaciones federales en la zona, ha pedido a Valencia que respalde sus afirmaciones con pruebas y ha recordado que, hasta ahora, no existe una nueva orden de arresto en su contra. El diario Reforma ha informado que sí hay una solicitud de la fiscalía mexicana (Procuraduría Federal de la República, PGR) para procesar de nuevo a este personaje. La versión de los agentes encargados de la PGR en la zona es la misma: a los autodefensas los respalda un grupo narcotraficante, lo que ha sido desmentido por el Gobierno federal en reiteradas ocasiones.

Dudas aparte, la violencia de Los Caballeros Templarios había crecido a tal nivel en Michoacán que el respaldo de un sector de la clase empresarial a las autodefensas es cada vez más explícito. Lo que hace dos meses era un murmullo, ahora son declaraciones abiertas a medios de comunicación. “No está muy clara la función de las autodefensas, pero a las instituciones de seguridad les ha servido el acompañamiento de ciudadanos civiles organizados”, subrayó hace unos días el empresario Manuel Nocetti, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán.

En estas semanas, además, las autodefensas han insistido en sus acusaciones contra el Gobierno regional, al que acusan de mantener vínculos con Los Caballeros Templarios. Los grupos armados difundieron que la hija de uno de los líderes de la mafia, Melissa Plancarte, había actuado en recintos oficiales pagada con presupuesto oficial. Una investigación periodística detalló después que la joven, que es cantante de música tradicional mexicana, utilizó un edificio oficial de Morelia —una construcción del siglo XVII que alberga el Archivo de Justicia del Estado— para el rodaje de un vídeo musical. El gobernador Fausto Vallejo comentó hace unos días que no sabía quién había autorizado “burocráticamente” la grabación —que duró varios días— y explicó que habría podido ser “un conserje”.

A lo largo de este año, varios líderes autodefensas han subrayado que no detendrán su avance a menos que todos los miembros de Los Templarios hayan sido detenidos. El Gobierno federal ha registrado a unos 700 miembros de las policías comunitarias, pero la cifra aún está muy debajo de los 15.000 hombres armados que las autoridades reconocían en enero que operaban en todo el Estado. Al menos 500 supuestos criminales han sido detenidos —entre ellos Dionicio Plancarte El Tío, uno de los siete líderes de Los Templarios— pero aún no se ha detallado el avance sobre la captura de los otros seis principales líderes del cartel. Los sicarios controlaban los 113 municipios del estado, acepta una fuente del Gobierno regional.

Las autodefensas han insistido también que el Gobierno aún no ha detenido a los funcionarios que, según ellos, habían protegido a Los Templarios. El padre Gregorio López, párroco de Apatzingán, acusó hace unas semanas al alcalde de la ciudad, Uriel Chávez, de colaborar con el cártel. Chávez lo ha negado en varias ocasiones.

Justo fue Apatzingán, el epicentro político y económico de Tierra Caliente, la ciudad elegida por las autoridades para presentar el gabinete alterno elegido por el Gobierno de Peña Nieto. Al evento asistieron el gobernador Vallejo, el comisionado y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El alcalde Uriel Chávez no asistió. Un artículo publicado en un diario local explica que Chávez no apareció en el acto porque se había comprometido a inaugurar una pastelería en la ciudad.