Aumenta la persecución política en Venezuela tras las protestas

Este jueves, mientras transcurría la primera noche de relativa calma en Caracas después de ocho días de disturbios, los principales medios estatales de televisión promovían entre los adeptos del Gobierno la etiqueta de Twitter #FueraCNNdeVenezuela. Apenas minutos antes, en una cadena nacional de radio y TV, el presidente Nicolás Maduro había solicitado a la ministra de Comunicación e Información (MinCI), Delcy Rodríguez, que iniciara los procedimientos administrativos para suspender las transmisiones del canal CNN en español –la versión para América Latina del gigante informativo de Atlanta, Georgia - a menos “que rectifique”.

Tras consolidar su ya extendido control sobre los medios radioeléctricos venezolanos, el Gobierno chavista no ha dudado en callar a las señales internacionales que - por radio, televisión o internet - desafíen la versión oficial sobre los hechos o se inmiscuyan con sus coberturas de situaciones que Caracas no espera que se difundan.

Durante la crisis desatada la semana pasada con protestas estudiantiles que se extendieron a varias ciudades del país, el Gobierno de Maduro ya sacó del aire, “por una decisión de Estado” y sin más expediente, a la señal colombiana NTN 24. Ahora la revolución bolivariana se siente lo bastante confiada en sí misma e incómoda con respecto a las emisiones de CNN en español, como para proponerse una prohibición de la señal, que viene prestando especial atención a los acontecimientos en Venezuela. El miércoles llegó a Caracas el principal ancla de la cadena, la periodista colombiana Patricia Janiot, para informar en vivo. La ministra Rodríguez se refirió a Janiot como “una señora experta en manipulación psicológica y en maniobrar con la verdad”.

El martes, un equipo de CNN fue asaltado por un grupo armado y despojado de sus propiedades en el barrio El Valle, en el suroeste de Caracas.

El asedio a CNN no es el único frente de la contraofensiva gubernamental contra la revuelta estudiantil. La justicia venezolana mandó capturar al dirigente opositor Leopoldo López, a quien atribuye la autoría de los desórdenes. El jueves en la madrugada, la jueza Raleyns Tovar informó a López de las imputaciones que se le hacen, que incluyen las de asociación para delinquir e el incendio de propiedad pública. La audiencia se desarrolló en el penitenciario militar de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, donde el líder opositor permanece recluido.

El Gobierno aprovecha para apretar otras tuercas. Diversos allanamientos se han practicado en Caracas para intentar el arresto de Antonio Rivero, también dirigente del partido de López, Voluntad Popular (VP). Rivero es un exgeneral del Éjército que formó parte del Gobierno de Hugo Chávez y que, a la postre, pidió su baja tras denunciar lo que consideró injerencia cubana en las fuerzas armadas. El exoficial ya estuvo preso durante un mes en 2013. Entonces, el Gobierno lo acusó de haber organizado las protestas opositoras del 15 de abril de ese año, un día después de que las elecciones presidenciales dieran el triunfo, con una ventaja de uno por ciento, al hoy presidente Maduro. Su contrincante, el excandidato presidencial y gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, se negó a reconocer el resultado, aduciendo múltiples irregularidades del proceso electoral.

El breve cautiverio de Rivero concluyó cuando un tribunal le concedió una medida cautelar por razones de salud. Ahora, se le ha levantado la medida, pues el Gobierno lo señala como coordinador de los grupos de manifestantes que han bloqueado calles y causado destrozos. “Usted es el que ha entrenado esos grupos, tiene que responder”, le dirigió un mensaje Nicolás Maduro a través de las cámaras de televisión.

Otro dirigente de Voluntad Popular (VP), Carlos Vecchio, es solicitado por la justicia. Vecchio se desempeña como coordinador político de la agrupación. Se desconocen los cargos que se le imputan.

El presidente Maduro adelantó también la posibilidad de hacer detener a Daniel Ceballos, alcalde de la ciudad de San Cristóbal y miembro de VP. El Estado de Táchira ha sido el foco inicial de los disturbios que se propagaron al resto del país. El Gobierno ha dicho que la situación ha sido especialmente grave en la capital del Estado, toda vez que los protestantes habrían contado con el apoyo y coordinación de Ceballos, elegido alcalde en diciembre pasado.

Este jueves, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas –diputado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- dio inicio al proceso de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de su colega María Corina Machado. Machado, exprecandidata presidencial de oposición y la diputada más votada del parlamento venezolano, lidera con Leopoldo López la campaña de La Salida, un movimiento que propugna la toma activa de las calles para precipitar el fin del Gobierno de Nicolás Maduro.

Se da por descontado que la Asamblea Nacional - dominada por el Gobierno - apruebe la semana próxima despojar a Machado de su fuero parlamentario e incorporarla a la causa por la que procesan a López.

Nicolás Maduro se ha referido además, en dos intervenciones consecutivas, a las detenciones de dos individuos que habrían amenazado por Twitter con atentar contra la vida del presidente y contra la de la hija de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y considerado, regularmente, como número dos del chavismo. No se han dado a conocer las identidades de esas personas.