Maduro corta el transporte en los feudos opositores de Caracas

Nicolás Maduro ha impuesto la lógica del asedio en el conflicto político venezolano o, como el propio mandatario prefiere expresarlo, en su lucha contra el fascismo. En respuesta a tres días de inquietud estudiantil en las calles, con protestas que dejaron tres muertos, 70 heridos y cerca de 200 detenidos, el presidente venezolano decidió suspender los servicios de tren subterráneo (Metro) y buses de conexión (Metrobús) para los municipios del este de Caracas –Sucre, Chacao y Baruta- de clase media y gobernados por alcaldes de oposición.

Desde el viernes permanecen cerradas tres estaciones importantes del Metro en el este caraqueño, Chacao, Altamira y Los Cortijos. Pero lo que hasta este sábado lucía como una precaución operativa para proteger las instalaciones del sistema ante desórdenes y brotes de violencia, adquirió otra categoría en las palabras del mandatario.

Maduro, que no dio ni plazo para levantar la medida ni la forma práctica de implementarla –la línea principal del metro atraviesa de este a oeste el valle de Caracas-, citó los destrozos que habrían ocasionado los manifestantes de oposición en equipos y sedes del Metro, como motivo para su determinación. Al sitiar a esos municipios, además del efecto ejemplarizante de castigo, el heredero de Hugo Chávez también buscaría en la práctica dificultar la movilización de los protestantes, por una parte, y enajenarles el apoyo que la población, ahora sometida a penurias imprevistas, les venía ofreciendo. El presidente, que por mucho tiempo se desempeñó como conductor de metrobuses y dirigente del sindicato de ese sistema de transporte masivo, enumeró con toda propiedad las rutas urbanas y de suburbios que dejarían de funcionar.

Este anuncio tan beligerante se produjo, por paradoja, al término de una “Marcha por la Vida y la Paz”. Miles de adeptos del gobierno cubrieron este sábado el tramo desde la Plaza Venezuela de Caracas hasta la céntrica avenida Bolívar, la calzada donde por tradición han medido sus fuerzas las opciones políticas. En esta ocasión, aunque –extraño para Venezuela- no hubiera campaña electoral, el gobierno chavista estaba obligado a un alarde de calle, luego de que los estudiantes de oposición convocaran desde el miércoles multitudinarias protestas en al menos doce de las principales ciudades del país.

Como instrumento para la pacificación, Maduro mostró su proclamada “mano de hierro” en un mitin al final de la marcha. Bramó contra el dirigente del opositor partido Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, contra quien el poder judicial, accionado por el gobierno, libró una orden de captura bajo la sospecha de haber sido el instigador de los disturbios de la semana que termina. “Cobardito, porque ni siquiera llega a cobarde, que es lo que son los fascistas”, calificó Maduro al ex alcalde del municipio capitalino de Chacao, quien habría pasado a la clandestinidad. “No habrá debilidad con el fascismo, vamos a darle calle a quien pide calle”.

Tachó también de “cómplices” a los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, como Henrique Capriles Radonski o Ramón Guillermo Aveledo, quienes, a su juicio, no se han deslindado con claridad de la conducta violenta que achaca al ala más radical de la alianza opositora. Fue todavía más allá y alertó que estos sectores estarían reclutando “pistoleros” para atentar contra su vida.

Quiso aprovechar la crisis de orden público de los días recientes para aglutinar a sus partidarios –últimamente fragmentados por controversias intestinas- en torno a la fuerza gravitacional de la polarización. “En Venezuela no hay tres, cuatro o cinco opciones”, delimitó, “sólo hay dos modelos que se enfrentan. Uno es el de los que sabotean la economía, le quitan el alimento al pueblo, manipulan a los jóvenes. Y el otro es el de los que queremos trabajar, de los patriotas”.

Sin embargo, el presidente Maduro sorprendió cuando marcó distancia con respecto a un aliado fiel pero incontrolable del chavismo: los llamados “colectivos”, grupos de base paramilitares que sirven de batallones de choque en zonas populares y la calle. “Si alguien que lleva franela roja (el color del chavismo) saca un arma en la calle para atacar a otro, ¡ese no es chavista!”, afirmó ante un público más o menos despreocupado y al que pidió, por si la parábola no hubiese sido suficientemente explícita, levantar las manos en señal de aprobación. “¿Se entiende lo que digo?”.

El parte de bajas de esta semana de disturbios incluye a tres víctimas fatales, todas de sexo masculino y asesinadas por impactos de bala. Uno de los fallecidos, Juan Montoya, era un reconocido dirigente de los “colectivos” del 23 de Enero, un barrio obrero al noroeste de Caracas, famoso por su más que cincuentenaria tradición de grupos insurgentes. Montoya encarnó por un tiempo al Comandante Murachí de los Carapaicas, un grupo armado de la barriada. En 2008 participó en un atentado con explosivos contra la sede de la patronal Fedecámaras, que le llevó a pasar un tiempo en prisión. Los grupos paramilitares rindieron honores al caído este viernes, durante su velatorio. Esos “colectivos” participaron activamente en la represión de las marchas estudiantiles recientes en Caracas, Mérida y otras ciudades venezolanas. Ahora, con los ánimos soliviantados por la muerte de Montoya, piden cobrar justicia en un caso que las autoridades policiales todavía no resuelven. Contenidos con dificultad por el gobierno, despiertan recelos en las fuerzas armadas, incluyendo a la oficialidad que hace parte consustancial del chavismo. “Hay gente que se cree más revolucionaria porque sale con un fusil”, fue la crítica apenas velada que Maduro les dedicó.

La marcha oficialista no sólo servía como respuesta a los días de agitación previos, sino que además saludaba la presentación, menos de 24 horas antes, del “Plan de Pacificación” con que el gobierno revolucionario ha prometido enfrentar la grave situación de inseguridad que aqueja a los venezolanos. En efecto, en plena noche de San Valentín, entre invocaciones al amor, cantos y ritos ecuménicos, el heredero de Hugo Chávez recibió el documento del ministro del Interior y Justicia, el general Miguel Rodríguez Torres.

Durante el acto, Maduro denunció que su casa materna, en la urbanización Los Chaguaramos del suroeste caraqueño, había sido blanco en las últimas horas del hostigamiento de bandas de oposición. “No voy a permitir que eso ocurra y que ataquen a familias sólo por ser chavistas”, advirtió. Anunció también que, en el marco del plan, se creará una brigada secreta con tropas militares y policiales, “para combatir al narcotráfico y el sicariato que nos llegan desde Colombia”.

La velada de este viernes, Día del Amor y la Amistad en Venezuela, al parecer entusiasmó al presidente Maduro hasta el punto que, durante su mitin en la avenida Bolívar, afirmó que la consigna de los revolucionarios venezolanos es la de “rumbear y triunfar”. Pero, mientras en un parque histórico del centro de la ciudad transcurría la ceremonia de presentación del plan de paz –transmitida por cadena nacional de radio y TV-, más al este, los escuadrones antimotines cargaban con bombas lacrimógenas, chorros de agua y perdigones contra los manifestantes para disolver el último baluarte de los estudiantes rebeldes en la capital, la Plaza Francia de Altamira.

Aunque para la mañana del sábado, día de la marcha oficialista, la paz parecía haber regresado a las calles de Caracas y otras localidades, y la mayoría de las cerca de 200 personas arrestadas durante los disturbios –incluyendo a tres periodistas- habían recobrado su libertad bajo condiciones, la tensión se percibía aún con claridad.

Cientos de estudiantes rebeldes y madres de jóvenes heridos o detenidos se concentraban en asamblea en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en el sureste de la capital, para concertar nuevas acciones. Otros tantos se movilizaban por la avenida Francisco de Miranda, cerca de donde el miércoles cayó, con un tiro en la cabeza, el manifestante Robert Redman, de 31 años de edad.

El único foco de violencia que resistía al apaciguamiento estaba en Altamira. Desde horas de la tarde la Guardia Nacional intentaba dispersar a cientos de jóvenes que volvían a atrincherarse. Ya en la noche del sábado, la situación derivó en actos de vandalismo.

Mientras tanto, desde la noche del viernes, un contrataque de hackers antigubernamentales había afectado la cuenta en Twitter del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los sitios en Internet de 60 instituciones del Estado, en lo que parecía ser un nuevo episodio en la escalada de la guerra cibernética venezolana. Poco antes de eso, la red social Twitter confirmaba que un agente externo estaba bloqueando la carga de contenidos fotográficos y de video en los trinos emitidos desde Venezuela.

Las autoridades, entre tanto, no sólo seguían tras el rastro de Leopoldo López. También se ordenó capturar al ex embajador venezolano en Bogotá, Fernando Gerbasi, y al ex jefe de custodia del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez, Iván Carratú, quienes, según una conversación telefónica grabada sin permiso judicial y difundida por los medios del Estado, parecían conocer con anterioridad los planes del golpe de Estado que, siempre según la versión oficial, las protestas buscaban detonar. El viernes en la noche, tras el allanamiento infructuoso de la residencia de Gerbasi en Caracas, la policía política detuvo brevemente a la hija del diplomático, para ser sometida a interrogatorio.