Se reaviva la guerra de las telecomunicaciones en México

Las acusaciones entre Televisión Azteca, la segunda mayor empresa de televisión abierta en México, y Dish, la segunda firma de televisión privada, han subido de tono en la última semana. Este es uno de los síntomas de la tensión que comienza a registrarse en la industria mexicana de las telecomunicaciones, que se encuentra a la espera de la legislación secundaria de la reforma constitucional en la materia que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto a mediados de 2013 y que tiene como objetivo regular el sector, debilitar los monopolios y fomentar la competencia.

Este lunes directivos de Tv Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presentaron una denuncia ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel, el órgano regulador) para revocar la concesión a Dish, propiedad de Multivisión, de Joaquín Vargas. La televisora se ha quejado de que la empresa de televisión privada toma las señales de sus dos canales abiertos “de manera furtiva” y ha demandado la intervención del Ifetel para corregir la supuesta anomalía.

“A partir de esta denuncia se declarará de forma muy nítida el hecho de que Telmex y Dish son un mismo grupo empresarial y que, por lo tanto, independientemente de otros argumentos, no procede que se favorezcan del beneficio de gratuidad en la retransimisión de las señales de televisión abierta”, dijo este lunes Eduardo Ruiz, de Televisión Azteca.

Aunque esta es una pugna solo entre dos compañías refleja la dinámica de una industria donde otros dos gigantes tiene gran peso: Televisa, de Emilio Azcárraga y América Móvil, del magnate Carlos Slim.

América Móvil es líder en telefonía móvil con Telcel y telefonía fija con Telmex, que concentra el 85% del sector. Este grupo podría interesarse en alguno de los canales de televisión que se licitarán, un mercado dominado por Televisa, que acapara el mercado abierto y el 80% de la televisión privada a través de Sky. La compañía de Emilio Azcárraga, a su vez, quiere probar suerte en la industria de la telefonía con Iusacell, donde tiene el 50% de las acciones. La otra mitad es propiedad de Televisión Azteca.

La pugna entre Azteca y Dish hace referencia a los términos must carry y must offer, conceptos que han generado polémica en la industria y que obligan a las empresas de televisión abierta, Televisa y Tv Azteca entre ellas, a ceder las señales que tengan más del 50% de cobertura en el país a las compañías de televisión privada. Las televisoras se han quejado de que esto les representa pérdidas millonarias pues han dejado de cobrar por señales que antes vendían para ser retransmitidas en sistemas de paga.

Esta medida entró en vigor en septiembre de 2013 como parte de la reforma de telecomunicaciones, un paquete de modificaciones constitucionales para transformar la industria y permitir mayor competencia. La reforma fue ideada en la mesa de negociaciones del Pacto por México e impulsada por los partidos de oposición. El Congreso la votó en junio de 2013 y debió haber aprobado su legislación secundaria para el 9 de diciembre, cosa que hasta la fecha no ha sucedido.

La falta de regulación secundaria, que detallará muchas de las operaciones del sector, ha generado zonas grises. Los apoderados de Televisión Azteca argumentan que Dish debió de haber esperado hasta que existieran estas normativas para utilizar sus señales. “TV Azteca está consciente de que existe la ley de gratuidad, pero deben cumplir algunos requisitos, y ninguno lo cumple Dish”, señaló Eduardo Ruiz, director de Asuntos Regulatorios de la televisora. Otros funcionarios de esta empresa aseguran que la señal “debe ser tomada con el permiso” de Azteca.

Dish ha respondido a los señalamientos asegurando que no existen otras formas de interpretar la ley. “La retransmisión de señales con más del 50% de cobertura en el país era obligatoria”, dijo Peter Bauer, apoderado legal de la empresa al portal económico CNN Expansión.

De esta forma comienzan a darse uniones estratégicas y formarse bandos que pelean por mantener su estatus en una industria que sufrirá, a lo largo de 2014, un proceso de transformación y regulación nunca antes visto en México.