Sochi se blinda por la amenaza del terrorismo islamista ante los Juegos
Putin despliega por tierra, mar y aire 40.000 agentes y fuerzas especiales
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se enfrenta a un variopinto conjunto de desafíos, tal vez sin precedentes en su carrera, en los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi, que se inauguran el viernes en esa localidad rusa del mar Negro.
Por orden de gravedad, la lista de retos va encabezada por el terrorismo islámico, personificado en las viudas negras, las suicidas mensajeras del Emirato del Cáucaso y de otros grupos surgidos en los rescoldos de la guerra de Chechenia.
En Sochi se han tomado medidas extremas de seguridad para evitar la penetración del terrorismo de este género, que amenazó los Juegos por boca de Doku Umárov, el líder del Emirato del Cáucaso.
Dos atentados causados por suicidas se saldaron con más de 32 muertos a fines de año en la ciudad de Volgogrado. Los terroristas apuntan hacia los valores más sagrados (la seguridad del Estado) que existen para Putin dada su trayectoria como oficial del KGB de la URSS. Por eso, el presidente vive el terrorismo como un desafío personal y ha tomado todas las medidas a su alcance, aunque nadie puede estar totalmente seguro. Para entrar en cualquier estación de tren hay que pasar un riguroso control de seguridad, todas las personas que acuden a la zona tienen la obligación de registrarse, las fronteras con Abjazia están cerradas, y los vehículos de fuera de la región tienen prohibida la entrada, además hay “tolerancia cero” para el transporte de líquidos en los aviones.
Durante el otoño Sochi ha estado llena de carteles con las fotos de las personas buscadas por la policía, y algunas de ellas son ya cadáveres por haber sido exterminadas en operaciones policiales. En una reciente entrevista en Sochi, Putin dijo que los extremistas “siempre quieren darse a conocer a todo el mundo” en vísperas de un acontecimiento importante y no solo deportivo, sino también político, y señaló que las medidas de seguridad están al mismo nivel que las grandes reuniones internacionales del G-8, por ejemplo. “Recordamos bien la tragedia durante los Juegos Olímpicos de Múnich, cuando fue destruida casi totalmente la delegación deportiva de Israel”, afirmó el presidente. “Sabemos perfectamente cuál es la amenaza, cómo atajarla y cómo luchar con ella. Espero que nuestros órganos de orden público sabrán contenerla como han hecho en otros grandes acontecimientos deportivos y políticos”, dijo Putin, que agradeció la colaboración de los órganos de orden público norteamericanos, europeos y asiáticos.
El jefe del Estado dijo que no quería que actos terroristas como los de Volgogrado influyeran en el acontecimiento, porque “si nos permitimos mostrar debilidad, mostrar nuestro miedo, esto significa que vamos a ayudar a estos terroristas a conseguir sus fines”. Como organizadora de los Juegos, la tarea de Rusia es “garantizar la seguridad de los participantes en los Juegos y de los invitados de esta fiesta deportiva”. “Hacemos todo para ello”, sentenció y explicó que intenta que las medidas de seguridad no sean muy visibles y al mismo tiempo eficaces. En total están movilizados 40.000 agentes de orden público y servicios especiales que actuarán por tierra, mar y aire. “Espero que esto estará organizado de tal modo que no sea muy llamativo”, dijo. En el mando coordinador colaboran el Ministerio del Interior, los órganos de seguridad y el Ministerio de Defensa y hay también colegas extranjeros, según dijo.
Inofensivos desde el punto de vista de la seguridad, pero irritantes personalmente para Putin, están los diferentes activistas de la sociedad civil, desde los ecologistas a los colectivos de gais y lesbianas, los partidos de la oposición que reclaman democracia, y los políticos que han convertido la lucha contra la corrupción en su bandera. En este capítulo se cuentan el abogado Alexéi Navalni, que quedó en segundo puesto en las elecciones a la alcaldía de Moscú, y el ex viceprimer ministro del Gobierno ruso, Borís Nemtsov. Navalni ha sido el último en publicar su informe sobre los gastos en Sochi, titulado Enciclopedia del gasto, un elaborado y claro esquema de los supuestos escándalos de corrupción en las obras de los Juegos y en los edificios públicos de la zona de Sochi. Entre los protagonistas del informe figuran la presidencia, los ferrocarriles rusos y el yerno del gobernador de Krasnodar, el poderoso Alexandr Tkachov. Navalni ha descubierto también que la exesposa del jefe de Rosneft, Igor Sechin, fiel compañero de Vladímir Putin en los órganos de seguridad, obtuvo un cuantioso contrato para preparar “voluntarios” para el acontecimiento.
Los Juegos Olímpicos de Invierno, que han sido calificados como los más caros de la historia, exigen respuestas de Putin sobre la gestión de las cuentas públicas. Pero el acontecimiento pone a prueba también al Comité Olímpico Internacional, que en 2007 avaló Sochi como sede de los Juegos, con criterios que suscitan dudas.
Desde 2007 Rusia ha sufrido una involución democrática que se ha acelerado en los últimos años. Bajo la batuta de Putin, que durante cuatro años (2008-2012) cedió formalmente el puesto de presidente a Dmitri Medvédev, la Federación Rusa ha promulgado leyes y ha adoptado políticas que la han alejado de las reglas de juego de las sociedades democráticas occidentales.
Pese a la retórica antioccidental que impregna los medios de información rusos, a Putin le gusta deslumbrar a los occidentales con lujosas instalaciones, tal como demostró cuando inauguró el restaurado palacio de Konstantino en San Petersburgo.
Por eso, la posibilidad de ser objeto de un boicoteo que le hubiera dejado a solas con los líderes de la Comunidad de Estados Independientes y varios dirigentes asiáticos, puede haber influido en que Putin liberara el pasado diciembre a algunos de los presos más emblemáticos de Rusia, como los activistas de Greenpeace que intentaron ocupar una plataforma de perforación en el Ártico el pasado septiembre; el dirigente de la compañía petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski, que llevaba 10 años en prisión, y las dos activistas del grupo punk-rock Pussy Riot, que habían sido condenadas a dos años de cárcel por entonar una canción en contra del presidente en la iglesia de Cristo Salvador de Moscú.
Jodorkovski fue indultado a título individual sin ser obligado a reconocerse culpable para ello; las Pussy Riot lo fueron en la amnistía con motivo del 20º aniversario de la aprobación de la Constitución. Jodorkovski está en contra del boicoteo a los Juegos y las Pussy Riot, a favor. Boicoteo o no, son muchos los que quieren aprovechar la competición deportiva para expresar su protesta contra la política rusa. Todos ellos buscan la forma de hacer llegar su mensaje, como ha conseguido hacer la organización de derechos humanos Amnistía Internacional al organizar en Moscú la danza de una frágil bailarina esposada.
Los activistas extranjeros tendrán que luchar contra un aparato propagandístico escindido entre la costumbre de reprimir la disidencia y la conciencia de que esa represión es nociva cuando hay tantos invitados y tantas cámaras a la vista.
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