Un agujero de 120.000 millones al año

La historia del capitalismo es un pulso constante entre los límites del Estado y del mercado; en el espacio de frontera entre ambos suele haber agujeros, a menudo profundos y oscuros como boca de lobo. Uno de esos pozos negros es la corrupción: la Comisión Europea se aventuró este lunes con una cifra que eleva el coste de la corrupción en los Veintiocho a 120.000 millones anuales (más del 10% de la riqueza que produce España en un año, o el equivalente a todo el presupuesto europeo). “Se trata de una estimación”, concedió la comisaria Cecilia Malmström; “es probable que el dato real sea incluso mayor”. Bruselas cree que se trata de un problema de gran calado, que contribuye al desencanto de la ciudadanía con la política. E identifica las adjudicaciones públicas como el mayor foco: concentran en torno al 20% del PIB comunitario, y en algunos lugares las empresas llegan a pagar un sobrecoste del 50% para hacerse con ellas.

El informe es una maraña de datos, estadísticas y tendencias sacadas de varios estudios anteriores de diversas instituciones. Pero funciona al menos como una especie de grito de socorro, a la vista de que a menudo los Estados desoyen olímpicamente los llamamientos de Bruselas para luchar contra esas prácticas.

El 99% de los griegos piensa que la corrupción en su país está generalizada: todo el mundo sabe que incluso en los años del rescate los prestamistas internacionales han concedido créditos con una mano mientras imponían contratos de venta de armas con la otra. Ese 99% no consigue bajar de las nubes pese a que Grecia, como país rescatado, se ha visto obligado por la troika (Comisión, BCE y FMI) a aprobar leyes y a crear organismos para combatir las malas prácticas. Pero los griegos no se fían. No es raro: en el mayor caso de corrupción del país, al grupo alemán Siemens le bastó con pagar 270 millones para resolver, sin juicio y sin que nadie fuera a la cárcel, un escándalo de sobornos que se remonta a los años de la ocupación alemana. Tampoco la lista Lagarde, con más de 2.000 personas y varios exministros en ella acusados de evasión fiscal a Suiza, está siendo investigada con lupa; la Hacienda griega aduce “falta de personal cualificado”. Puede que algo esté cambiando: el exministro Akis Tsochatzopoulos, del supuestamente socialdemócrata Pasok, fue condenado a 20 años de cárcel en octubre —es el primer político en prisión desde principios de los noventa— por aceptar sobornos millonarios.

El informe de la Comisión rara vez baja a ese nivel de detalle, pero da en el clavo al identificar los focos más afectados por el virus de la corrupción, básicamente en cinco sectores: construcción, energía, transporte, defensa y sanidad, muchas veces en niveles de Gobierno regionales y locales. El catálogo de malas prácticas varía aquí y allá, pero tiene denominadores comunes: especificaciones a medida de una empresa en algunas licitaciones; división en pequeños contratos para evitar las ofertas públicas y conceder a dedo las adjudicaciones; criterios de selección injustificados, exclusión de ofertas injustificadas, uso injustificado de procedimientos de emergencia; auditorías incompletas, y modificaciones injustificadas al alza del precio de la adjudicación.