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Una ONG acusa al Gobierno de Ecuador de intimidaciones

Fundamedios, que defiende la libertad de expresión, afirma que el Ejecutivo de Correa les ha sometido a presiones

Rafael Correa y Mia Farrow en Quito.
Rafael Correa y Mia Farrow en Quito. AP

Otra de las organizaciones de la sociedad civil que ha resultado “incómoda” para el Gobierno de Ecuador teme su disolución. Se trata de la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (Fundamedios) que estaba bajo la tutela del Ministerio de Inclusión Económica y Social desde mayo de 2007, y que ahora será controlada administrativamente por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).

La organización basa sus temores en que la Secom ha liderado una campaña de desprestigio en su contra desde noviembre de 2011, a raíz de que dos de sus miembros participaran en una audiencia sobre el deterioro de la libertad de expresión y la falta de independencia de la justicia en Ecuador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Este ente que está constantemente hostilizándonos, nos va a controlar”, denunció este lunes César Ricaurte, director de Fundamedios. “El Gobierno nacional nos acusa de hacer política, de recibir financiamiento del exterior, que es algo absolutamente legítimo y legal en el Ecuador, nos presentan como enemigo público, como organismo desestabilizador, por eso es legítimo pensar que el traspaso a la Secom es un plan para cerrarnos”.

Un informe de Fundamedios señala que la Secretaría Nacional de Comunicación desde 2011 ha dedicado por lo menos 20 cadenas nacionales a desprestigiar la labor de Fundamedios y que el presidente Rafael Correa en sus espacios de rendición de cuentas ha reiterado el mensaje de que la organización actúa de “mala fe” y que sus trabajadores, la mayoría periodistas, tienen “mentalidad enferma”. Dentro de esta campaña de descalificación, también se cuenta el centenar de notas periodísticas que paralelamente a las cadenas nacionales han sacado los medios de comunicación gobiernistas y los canales de televisión que el Estado incautó a la banca.

Esta “campaña sucia” -según los afectados- se ha visto agravada por el cerco burocrático que soporta la Fundamedios desde hace un año y medio debido a la negación sistemática del registro de la nueva directiva y los nuevos socios. Por esto el traspaso a la Secom para Ricaurte “es un hecho más en una larga cadena de acciones que ha emprendido el Gobierno ecuatoriano para impedir el normal funcionamiento de la organización”.

El titular de la Secom, Fernando Alvarado, ha rehusado atender los pedidos de información hechos por El PAÍS, pero por la documentación que posee Fundamedios se conoce que el traspaso se efectivizó el pasado 13 de diciembre, aunque la notificación llegó a los afectados un mes más tarde, el 16 de enero. Esto fue un viernes a última hora y el lunes siguiente llegó a las oficinas de Fundamedios otro oficio en el que les daban 15 días para entregar a la Secom todos los informes económicos y auditorías hechas desde que tuvieron personalidad jurídica. Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, explicó que la Secom se ampara en el polémico Decreto Ejecutivo 16, que otorga amplias potestades al presidente y sus ministros para intervenir en las organizaciones de la sociedad civil.

“La normativa que se intenta aplicar a nuestra organización no responde ni respeta derechos y garantías que están reconocidos en nuestra Constitución y en instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Hay por lo menos tres pedidos de inconstitucionalidad para este decreto que el Tribunal de Garantías Constitucionales aún no ha admitido a trámite”.El cierre de la Fundación Pachamama sirve de antecedente a los miembros de Fundamedios.

Esta organización ambientalista, que llevaba 16 trabajando en la amazonía ecuatoriana, fue disuelta en diciembre pasado usando los argumentos del Decreto 16. “Las autoridades actúan de manera arbitraria y visceral contra quienes les son incómodos”, señaló Alarcón y recordó que el Ministerio del Ambiente actuó por pedido del presidente Rafael Correa y acusó a la fundación de tener injerencia en la política y de alterar la paz pública. Ricaurte zanjó la rueda de prensa de este lunes diciendo que seguirán con su tarea honrosa de defender la libertad de expresión.

“Seguiremos trabajando en defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión aunque sea con una computadora en una esquina, no nos van a callar” y su compañero, Alarcón, dijo que aunque les disuelvan como organización se constituirán como “un grupo de ciudadanos que trabaja por la promoción y defensa de la libertad de expresión, derecho que está garantizado por la Constitución y por los instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es signatario”.

Además de Fundamedios, también pasan al control de la Secom la Asociación de Canales Comunitarios Regionales del Ecuador, la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión, y la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Televisión por Cable. Alarcón expresó sus dudas sobre el destino de otras organizaciones que trabajan en el ámbito de la comunicación y mencionó una organización análoga a Fundamedios que obtuvo recientemente su permiso en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Este es el Observatorio Ciudadano de Comunicación y Derechos, que empezó a dar sus primeros pasos hace siete meses más o menos y pretende analizar el discurso mediático en Ecuador.

Su coordinador, Carlos Vera Quintana, dijo a EL PAÍS, que el observatorio “es una iniciativa ciudadana que tiene una fundación aliada que se llama Pensar Crítico, cuyo nacimiento fue paralelo a la Ley de Comunicación”. Esta fundación efectivamente obtuvo su personalidad jurídica en julio del año pasado, según el mismo Vera Quintana, quien coincidencialmente también funge como su director ejecutivo y antes intentó ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que pretende consolidar el poder ciudadano.