Los huecos del Estado y sus efectos en Michoacán

Cada hueco que deja el Estado es cubierto por un agente legal o ilegal. Cuando el Estado es incapaz de garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos de todas y todos, surgen agentes lícitos o ilícitos que buscan cubrir esos vacíos.

El Gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales tienen la obligación garantizar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas y de propiciar las condiciones, oportunidades y alternativas para que esas personas puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones por la vía legal.

Cuando los gobiernos incumplen dicha obligación -por acto o por omisión- surgen las pandillas violentas, los cárteles, los linchamientos, los paramilitares y las autodefensas.

Lo que se vive hoy en Michoacán es el efecto de los huecos que han dejado los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno en los últimos años y décadas.

Por ello, el Estado mexicano debe recuperar el territorio, debe cubrir los huecos que ha dejado. Pero dicha recuperación debe ser integral. No basta el despliegue de policías y militares. No basta con la detención y sanción de quienes cometan delitos y sean sorprendidos en flagrancia. No basta con la profesionalización de los cuerpos policiales. No basta con el uso del fuerza bajo principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad. No basta con el ejercicio de las responsabilidades administrativas desde algún municipio. La recuperación del territorio debe tener un carácter social, económico, político, educativo, laboral, ambiental e institucional.

Michoacán no sólo es relevante desde el ángulo de los focos rojos de delincuencia, sino desde el ángulo de los factores precursores y detonadores de distintos tipos de violencia que enfrenta.

Conforme a la base de datos municipales (BDM-ECCA 2012) creada por Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC y por Fundación Este País AC [i], de las 7 ciudades de más de 100,000 habitantes ubicadas en el Estado de Michoacán (Morelia, Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Zamora e Hidalgo) 6 enfrentan un bajo grado de escolaridad promedio; 5 de esos 7 municipios enfrentan deserción en secundaria, deserción en educación media superior, alta dependencia de la población que no está en edad de trabajar y la que está en edad de hacerlo y vulnerabilidad por calidad y espacio en la vivienda. Además, 4 de estos 7 municipios enfrentan desigualdad, desempleo, limitado acceso a servicios públicos básicos en la vivienda, un alto número de ocupantes por hogar y un alto porcentaje de hogares con jefatura femenina (mujeres jefas de familia que quienes se les debe garantizar tanto su derecho al empleo como el acceso a estancias infantiles, escuelas, clínicas de salud y transporte digno para poder ejercerlo). También 3 de los 7 municipios de más de 100,000 habitantes de Michoacán tienen un amplio porcentaje de hogares unipersonales (cuyos integrantes tienen una menor probabilidad de tener redes de apoyo y ayuda).

Ante este panorama, la preservación de las instituciones y el restablecimiento del orden público son condiciones necesarias, pero no suficientes. Los derechos y las libertades de cada michoacana y de cada michoacano deben ser el centro de las medidas que se emprendan en el corto, mediano y largo plazo. No basta con garantizar la seguridad pública, se debe garantizar también la seguridad ciudadana y humana.

Los acuerdos políticos para recuperar Michoacán deben orientarse a detonar y a sostener procesos comunitarios que permitan contener y reducir los delitos, así como detectar, prevenir y revertir las causas estructurales y los factores de riesgo de la violencia y la delincuencia.

Más aún, los recursos destinados a Michoacán deben traducirse en una inversión para la seguridad, no en un gasto por la inseguridad. Los gastos por la inseguridad se refieren a los blindajes, equipamiento, patrullas, GPS, armamento, videocámaras, cuarteles, rejas, botones de pánico. La inversión para la seguridad se refiere a la construcción de comunidad.

Para construir comunidad se debe fortalecer la cohesión comunitaria. La cohesión comunitaria es el proceso integral mediante el cual las personas y las comunidades alcanzan su máximo potencial. Fortalecer la cohesión comunitaria implica que las personas y las comunidades conozcan sus derechos y cumplan sus deberes y que las autoridades cumplan sus responsabilidades y obligaciones. Fortalecer la cohesión comunitaria conlleva fomentar la interacción entre personas conocidas y desconocidas para que compartan lo que quieren, sienten y piensan y para fomentar la empatía, la solidaridad y la confianza. Fortalecer la cohesión comunitaria supone asegurar la igualdad de oportunidades, de acceso y de trato, a las personas y a las comunidades para contribuir a su bienestar objetivo (ingreso, bienes y servicios) y subjetivo (felicidad y satisfacción con la vida). Fortalecer la cohesión comunitaria implica fomentar el sentido de pertenencia y consolidar los lazos afectivos de las comunidades para crear una noción de futuro común y compartido. Fortalecer la cohesión comunitaria implica valorar y celebrar la diversidad de categorías, identidades, preferencias y estilos de vida y prevenir las divisiones, tensiones, conflictos, amenazas y riesgos. Fortalecer la cohesión comunitaria significa incentivar la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Fortalecer la cohesión comunitaria conlleva fomentar la existencia y permanencia de redes de apoyo y ayuda formales e informales para que las personas construyan conjuntamente sus comunidades.

Fortalecer la cohesión comunitaria implica generar las condiciones para que las opciones de vida no violentas sean la vía para cerrar la brecha entre las expectativas de las personas y las oportunidades que tienen para satisfacer sus necesidades, motivaciones y aspiraciones.

Sin fortalecimiento de la cohesión comunitaria no habrá recuperación del territorio y para fortalecer la cohesión comunitaria se requiere de la acción conjunta y coordinada de la ciudadanía y de los gobiernos. Sólo así se invierte en la seguridad en vez de gastar por la inseguridad.

Ese es el reto de la Comisión para la Seguridad u el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán. Ese es el reto que se vive hoy en la entidad y que pone a prueba tanto la voluntad política como la capacidad institucional de los Poderes de la Unión y de los órdenes de gobierno que integran el Estado mexicano, no sólo del Comisionado.

Michoacán es la coyuntura en la que se devela el reto estructural de la gobernabilidad democrática.

Michoacán es la oportunidad para transitar, en los hechos, de una guerra frontal contra el narcotráfico a una política de Estado por la seguridad y la justicia que incorpore la etapa preventiva de la violencia al ciclo reactivo de la delincuencia.

Michoacán es la posibilidad de mostrar que un cambio en las prioridades de los gobiernos puede traducirse en un cambio en las realidades de millones de mexicanas y mexicanos.

Suhayla Bazbaz es Fundadora y Directora General de Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC. Twitter: @SuhaylaCCIS