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El consorcio constructor y la autoridad del Canal endurecen sus posiciones

Guerra de comunicados entre las partes en conflicto aunque se aleja de momento la amenaza de paralización de las obras

Imagen de la ampliación del Canal.
Imagen de la ampliación del Canal. AFP

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que construye las nuevas esclusas, intensificaron este domingo la guerra de comunicados de prensa, por la amenaza reiterada del consorcio de paralizar las obras si la agencia estatal panameña se niega a pagarle gastos adiciones por 1.600 millones de dólares. Sin embargo, el grupo constructor ha descartado de momento paralizar las obras, una amenaza a la que había puesto fecha: este lunes o “en cualquier momento” a partir del día 21 de enero.

El consorcio, en el que participa la constructora española Sacyr, aseguró este domingo que sus reclamos de gastos adicionales están “ampliamente documentados y verificados”. Y, en un comunicado divulgado por uno de sus directivos, Paolo Möder, propuso a la agencia estatal panameña que administra la vía que se cofinancien los costos imprevistos, mientras un tribunal internacional de Miami, Florida, resuelve el lío.

“De esta manera, los recursos financiados por la Autoridad del Canal son completamente tutelados hasta la decisión final de los árbitros sobre la responsabilidad de las partes por los costos adicionales, teniendo en cuenta que están avalados por las garantías bancarias y de las aseguradoras obtenidas por el consorcio”, precisa el comunicado. Según Möder, la propuesta del Grupo es “la única que puede ser practicada, es también la única que va a permitir cumplir el proyecto en el menor tiempo posible”.

El contrato que constructoras y la autoridad del canal firmaron en 2009 por 3.118 millones de dólares para la construcción de las esclusas nuevas en los litorales Atlántico y Pacífico, establece una secuencia para las reclamaciones. La primera instancia de solución de controversias es entre las partes, pero si las diferencias persisten, hay dos fases en manos de terceros: una Junta de Resolución de Disputas y luego la Cámara de Comercio Internacional, como arbitraje externo en Miami.

El consorcio, que el 1 de enero lanzó la amenaza de paralizar las obras, anunció que de momento no contempla esa posibilidad. “GUPC no tiene por qué realizar” este lunes “ningún cambio en el estatus de la obra, ya que el preaviso enviado el día 30 (de diciembre) da derecho al consorcio a suspender las obras en cualquier momento a partir del día 21, sin que en este momento ese escenario esté contemplado”, aseguró el conglomerado en un boletín. “No obstante, el Consejo de Administración de GUPC podrá evaluar la situación y tomar la decisión que corresponda en cualquier momento”, alertó.

El boletín se difundió después de que el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria, Antonio Tajani, aceptara mediar en el conflicto. En un recuento de hechos que entregó a EL PAÍS, la ACP aseguró que, según la correspondencia de GUPC, la obra para ampliar la vía “entra en suspensión” este lunes. Tajani reveló que GUPC, encabezado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo—con 48% de acciones cada uno—e integrado por la belga Jan de Nul (con 3%) y la panameña Constructora Urbana (con 1%), le pidió que “intentara mediar en la solución del problema”.

En una negociación que empezó el 7 de este mes, la autoridad del Canal propuso al consorcio que, si retira la amenaza, le inyectaría 183 millones de dólares al flujo de caja de la firma, que debía aportar 100 millones de dólares. Las constructoras pidieron un adelanto de 400 millones de dólares, pero luego exigió que fuera de mil millones de dólares y la ACP lo rechazó.

Möder alegó que los costos adicionales están “ampliamente documentados y verificados” por la Autoridad y por una auditoría específica de expertos independientes. “En definitiva, no hay discusión sobre la existencia de esos costos adicionales, lo único que se discute es quién los tiene que pagar, si el contratista o el cliente”, insistió.

La autoridad del Canal, por su parte, rechazó las reclamaciones e insistió en que todo cobro debe estar sujeto al contrato que las dos partes suscribieron en 2009. La amenaza de suspensión “es inválida, carece de sustento y va en contra del contrato para la construcción” del nuevo juego de esclusas, alegó la Autoridad en un comunicado que divulgó el domingo al final de la tarde.

La ACP explicó que aunque el consorcio se basa en un punto del contrato para “advertir la suspensión”, esa cláusula se aplica cuando la Administración “incurre en un impago de las cuentas que está obligada a pagar al contratista mensualmente, lo cual no ha sucedido”. “Por lo tanto no es sustentable dicha notificación para la suspensión de las obras. De hecho, la ACP paga” en promedio en los primeros 15 días de presentada la factura, pese a que dispone de “hasta 56 días” hacerlo, según el contrato, recalcó.

Durante el fin de semana, añadió, “la ACP ha mantenido comunicaciones informales” con el español Manuel Manrique, presidente de Sacyr, empresa líder del consorcio, para hallar “una solución que normalice la situación que se viene viviendo en el proyecto desde hace semanas. La ACP analizará toda propuesta que se presente de manera formal y que siempre se enmarque en lo establecido en el contrato”.

El panameño Jorge Quijano, administrador del Canal, y miembros de su equipo gerencial y técnico inspeccionaron el domingo las obras en el sector del Pacífico, para “apreciar de primera mano el estado de avance de las mismas”, informó.

Möder calculó que la construcción tiene un avance de “casi el 70%”. Quijano ha dicho que es del 65%. La ampliación, iniciada en 2007 y presupuestada en 5.250 millones de dólares, debía concluir en 2014. GUPC, que inició sus operaciones en la ampliación en 2009, sufrió problemas en 2012 y el plazo se pasó a junio de 2015.

Quijano dijo este domingo a EL PAÍS que “la ACP continúa comprometida al 100% con el desarrollo de la ampliación del Canal y por ello exigirá el cumplimiento riguroso del contrato aceptado y firmado entre las partes; mientras esperamos que GUPC recapacite y vuelva a los niveles de producción acordados nosotros continuamos preparándonos para tomar las decisiones que nos permite el contrato a fin de terminar exitosamente la obra”.

“La posición de la ACP está siendo apoyada por los principales actores de la industria marítima internacional que ven en la ampliación del Canal una nueva era de oportunidades y crecimiento”, añadió. Las nuevas esclusas son la parte principal de la expansión.

Las otras tres esclusas del Canal, construido de 1904 a 1914 por Estados Unidos y operado por Washington hasta diciembre de 1999, continúan laborando sin contratiempos, ya que las obras de ampliación se realizan en otros terrenos.

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