Erdogan intensifica la purga de rivales al destituir 350 mandos policiales

El Gobierno turco relevó ayer a unos 350 policías de sus puestos en la capital, Ankara, mientras otras 25 personas eran detenidas en el episodio más reciente de una profunda crisis política causada por un escándalo sobre corrupción en este país.

Los policías apartados de sus puestos incluyen a alrededor de 80 jefes y oficiales de las unidades de crimen organizado, financiero, informático, anticontrabando y de unidades de Inteligencia. Muchos de los agentes han sido trasladados a la policía de tráfico, según medios locales.

En total, el Gobierno del primer ministro islamista Recep Tayyip Erdogan ha despedido o relevado a más de 400 policías desde que, a mediados de diciembre, se hizo pública una investigación sobre supuesta corrupción en el Ejecutivo.

Erdogan calificó la operación policial de “juego sucio” contra su Gobierno y señaló que no permitiría “maquinaciones políticas”. El Gobierno también prohibió durante varios días que los periodistas entraran en las comisarías y relevó a varios de los fiscales involucrados en la operación. Uno de ellos, Muammer Akkas, acusó al Ejecutivo de obstaculizar la investigación y de permitir que sospechosos escaparan y alteraran pruebas.

El escándalo se inició el pasado 17 de diciembre, cuando la policía detuvo a más de 50 personas en varias redadas como parte de una gran investigación sobre corrupción.

Según se ha ido sabiendo, la operación se refería a supuestos sobornos que varios ministros habrían aceptado para encubrir transferencias ilegales de dinero a Irán y a corrupción en licitaciones públicas y permisos de obras.

Entre los apresados se encontraban los hijos de los ministros de Interior, Economía y Medio Ambiente y Urbanismo, empresarios cercanos a Erdogan y personalidades como Suleyman Aslan, director ejecutivo de Halkbank, un banco de propiedad pública, quien supuestamente guardaba en su casa 4,5 millones de dólares en efectivo en cajas de zapatos.

Los tres ministros dimitieron y el de Medio Ambiente y Urbanismo, Erdogan Bayraktar, declaró que el propio jefe del Gobierno también debería dejar su puesto, en un gesto sin precedentes en un Ejecutivo controlado muy estrechamente por Tayyip Erdogan.

El 25 de diciembre, Erdogan reemplazó a estos tres miembros de su Gobierno, forzó la dimisión de Egemen Bagis, titular de Asuntos de la Unión Europea y a quien también se había relacionado con el escándalo, y además cambió otros seis ministros.

Por su lado, la judicatura continuó con la investigación, que también ayer vivió su episodio más reciente con la detención de al menos otras 25 personas. Entre éstas, hay funcionarios del Ministerio de Transportes y de la empresa pública de ferrocarriles, además de varios empresarios, todos ellos en conexión con una presunta red de sobornos y manipulación de licitaciones en el puerto de Esmirna..

Comentaristas y analistas en Turquía señalan que la investigación policial y judicial sobre la supuesta corrupción en el Gobierno es resultado de un enfrentamiento entre el entorno de Erdogan y los seguidores de Fetulá Gulen, un clérigo islamista turco.

Gulen, desde 1999 en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores en el mundo islámico, que conforman un movimiento o cofradía conocida como El Servicio (Hizmet, en turco).

Aunque no cuenta con una estructura formal, El Servicio tiene intereses comerciales y financia instituciones educativas, think tanks, organizaciones sociales y medios de comunicación en varios países. En Turquía, además, sus miembros ocupan puestos clave en la policía, el cuerpo judicial, los servicios de Inteligencia y el propio Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco) de Erdogan.

En los últimos años, los seguidores de Gulen habían apoyado a Erdogan, con quien coincidían en el deseo de que el islam tuviera un mayor peso en la política y sociedad turcas.

El Servicio ayudó a que el AKP ganara las tres últimas elecciones generales y apoyó al Ejecutivo de Erdogan en su ofensiva legal contra un gran número de oficiales del Ejército, que han acabado juzgados por planear golpes de Estado o conspirar contra el Gobierno.

En la actual República Turca, fundada en 1923 por Mustafá Kemal Ataturk, él mismo mariscal de campo, el Ejército se ha erigido tradicionalmente como el defensor del Estado secular y, entre 1960 y 1997, expulsó a cuatro Gobiernos civiles del poder.

Sin embargo, en los dos últimos años la alianza entre Erdogan y Gulen ha ido resquebrajándose. La cofradía ya criticó el pasado verano la represión del Gobierno a las manifestaciones centradas en el Parque Gezi de Estambul, cuando cientos de miles de personas protestaron contra la violencia policial y el “autoritarismo” de Erdogan.

La relación entre unos y otros pareció romperse finalmente a mediados de noviembre, cuando el Gobierno decidió cerrar las llamadas “escuelas preparatorias”, en las que los alumnos estudiaban para el acceso a la universidad. Alrededor de un cuarto de estas escuelas eran administradas por El Servicio, para quien suponían una fuente de financiación y de reclutamiento.

Unas semanas después, fue el fiscal Zekeriya Oz, considerado un miembro del movimiento de Gulen, quien supuestamente inició las redadas policiales que destaparon la presunta corrupción del Gobierno.

Como ya hiciera durante las protestas de Gezi, Erdogan ha culpado de la crisis a una supuesta conspiración internacional contra su persona, y sus seguidores señalan a los gulenistas como origen de la investigación. Por su lado, la cofradía acusa al propio Gobierno de interferir con la justicia para ocultar su corrupción.

Mientras el clima político se enrarece cada vez más, abundan los rumores y habrá que ver cuánto puede afectar este escándalo al AKP en las elecciones locales previstas para marzo y, de cara a las presidenciales en agosto, al propio Erdogan, cuya candidatura era un secreto a voces en Turquía.