La Asamblea Nacional de Ecuador cambia su ley penal en un proceso cuestionado

Ecuador ha dado un paso importante para cambiar su Código Penal, vigente desde 1938 y que mantenía penas de prisión para mendigos, vagabundos y hasta para las personas que ofendieran a un cadáver. El nuevo texto legal, que tiene 730 artículos y más de 130 disposiciones conexas, ha pasado este viernes al Ejecutivo para su veto parcial o total. Detrás queda una de las tareas legislativas más cuestionadas y complejas que ha tenido la Asamblea Nacional, empezando por el tiempo que el proyecto reposó en el órgano legislativo, más de dos años, y terminando por la injerencia del Ejecutivo en la discusión.

El tiempo de espera por la ley se atribuye a que había demasiada oposición en la anterior legislatura. “No existían condiciones políticas para la aprobación, no teníamos mayoría y eso hacía que fuese imposible. A pesar de que los distintos sectores coincidían en la necesidad de la reforma penal, no facilitaban la posibilidad de debatir y aprobar la reforma”, dice el asambleísta del partido oficialista, Virgilio Hernández, que está repitiendo la legislatura. El debate del llamado Código Integral Penal (COIP) se retomó el 10 de octubre pasado, con un feriado en ciernes. Como era de esperar, una jornada no fue suficiente y la discusión se extendió durante los tres días de asueto. Al final de esta maratoniana sesión, la mayoría gubernamental aprobó el Libro Preliminar, el Libro I (Infracción Penal) y el Libro II (Procedimiento), y dejó para una próxima sesión el Libro III (Ejecución); y las reformatorias al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico de la Función Judicial y demás disposiciones generales, modificatorias, reformatorias y transitorias.

Las razones que esgrimieron los asambleístas del oficialismo para sacrificar sus días libres fue que querían cumplir con el calendario legislativo, pero realmente tenían una exigencia marcada por la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que califica a Ecuador como un país no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La cita con el GAFI fue entre el 14 y el 18 de octubre y la delegación ecuatoriana, integrada por el Procurador del Estado, el Fiscal General, y la superintedente de Compañías, llevó hasta París la aprobación preliminar de su Código Penal, pero esto no fue suficiente para el organismo internacional que mantiene a Ecuador en su lista negra.

Ramiro Aguilar, asambleísta por el partido de oposición SUMA, reprochó en ese momento la presión que tuvo la Asamblea Nacional para aprobar parte del COIP. “Todo se hizo a marchas forzadas, la comisión de justicia sacó un proyecto que estaba totalmente crudo, mal escrito y forzó al pleno de la asamblea a tratarlo en un fin de semana”. Virgilio Hernández, legislador del oficialismo, aceptó las críticas y admitió la posibilidad de reconsideración que tiene el órgano legislativo. “No nos sometemos a ninguna presión internacional, pero al mismo tiempo sí demostramos nuestro compromiso con el combate al crimen organizado, el blanqueo de recurso. Esto no significa que la Asamblea no tenga posibilidad de reconsiderar todos los temas en materia penal”.

Los pronunciamientos a favor de la reconsideración del COIP sonaron entre octubre y noviembre, al mismo tiempo que se escuchaba la inconformidad de ciertos sectores de las sociedad civil por el excesivo carácter punitivo de la norma. El gremio de médicos fue el que más levantó la voz por la penalización de la mala práctica profesional que estipulaba penas de cárcel de entre tres y cinco años. El centenar de asambleístas de Alianza País llevó la discusión fuera de la Asamblea y durante ocho semanas discutió el texto penal en talleres partidistas a puerta cerrada. Esto también fue blanco de las críticas de la oposición, que se sintió marginada y cuestionó la injerencia del presidente Rafael Correa.

Quizás el ejemplo más claro de la intromisión del Ejecutivo fue cuando Correa anunció que por convicción él no apoyaba el aborto y enseguida se vio la reticencia de los asambleístas de su bloque legislativo a incluir la despenalización del aborto por violación, que se había barajado en los primeros debates. Incluso se sancionó a dos legisladoras con un mes de suspensión por haber intentado discutir este tema en el pleno. Por esto Ramiro Aguilar opina que el código más que un producto técnico es "demagógico" y se ha modificado para complacer a diversos sectores, como los médicos que consiguieron una reducción de la pena por la mala práctica profesional, que iría de uno a tres años. De cualquier manera el texto final, que el Ejecutivo debe analizar durante los próximos 30 días, incluye nuevas conductas penalmente relevantes como los delitos contra la humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos, y el femicidio, y tiene un énfasis punitivo con acumulación de penas de hasta 40 años de cárcel.