São Paulo quiere acabar con los “hoteles del crack”

“Si se va a quedar dos horas, son 15 reales (unos 7 dólares). Pero la piedra es nuestra”. Así responde el empleado de un hotel en la alameda Dino Bueno, en el corazón de la crackolandia paulistana, cuando se le pregunta sobre el precio de la habitación. La piedra es crack, 10 reales por un trozo de menos de 2 centímetros. El hotel es uno de los 18 identificados por el Gobierno paulista como puntos de consumo y venta de ese derivado de la cocaína en el centro de la mayor ciudad del país y una de las megametrópolis de América Latina.

Aunque el cartel reza “hotel”, en realidad es solo una fachada. La apariencia es de un cortiço (una especie de edificio comuna), lleno de cuartos donde apenas caben una cama y una silla. En algunos, no hay ni iluminación. Pocas personas lo usan para dormir. La mayoría lo que quiere es evitar exponer su adicción en las calles, como hacen muchos de los adictos que circulan día y noche por esta zona.

Las últimas cifras apuntan que entre 800 y 1.000 drogodependientes circulan a diario por un cuadrilátero donde hay edificios históricos, tiendas de piezas para motos, iglesias, plazas públicas, teatro, una estación de tren y una escuela.

Después de un operativo fallido, en enero de 2012, en el que estuvieron involucrados centenares de policías y en el que se utilizaron balas de goma y de bombas lacrimógenas para dispersar a los adictos, el Ayuntamiento y el Estado intentan encontrar otras formas de reducir la imagen deteriorada del centro, según afirman los especialistas.

La traumática acción de 2012 acabó esparciendo el problema, antes localizado en una esquina de São Paulo, a otras 30 minicrackolandias. Poco después, cuando se aminoró la represión del aparato de seguridad, los drogodependientes volvieron.

Con su regreso, cambió la dinámica. La más reciente iniciativa es la ofensiva contra 18 hoteles y cinco zonas ilegales donde se vende y se consume droga 24 horas al día. Un informe del servicio de inteligencia de la policía muestra que esos hoteles no tienen autorización para funcionar. Algunos los dirigen personas que ya fueron deteniddas y que en la cárcel entraron en contacto con otros criminales a través de quienes establecieron redes con los proveedores de crack.

El Gobierno estima que, si esos lugares no se cierran, el trabajo de la policía acaba siendo inútil. Localizan al pequeño traficante y lo detienden, pero según informes del Denarc (Departamento de Narcóticos), en menos de 30 minutos ese vendedor de droga es sustituido por otro.

Al cerrar un local irregular, se evita que la droga se siga acumulando en crackolandia y se facilite la distribución de la droga. Para la policía, echar el cierre a esos 18 hoteles no es la única solución para el problema, pero es una de las que podrían acabar con la epidemia.

El temor de los responsables de salud pública es que, con el cierre de estos lugares, se producirá una nueva dispersión de los usuarios, lo que dificultará el contacto y casi imposibilitará que el enfermo inicie un tratamiento de rehabilitación.

Las otras alternativas serían, según los especialistas, sería ampliar la red de tratamiento y ofrecer condiciones de trabajo y casa para los dependientes que viven en las calles.

Ante esa demanda tanto el gobernador Geraldo Alckmin (Partido de la Socialdemocracia Brasileña, conservador) como el alcalde Fernando Haddad (del gobernante Partido del Trabajo) dicen que están trabajando en conjunto para ofrecer esas opciones de tratamiento y acogida de los usuarios. La semana pasada, ambos se reunieron en busca de nuevas iniciativas. Sobre todo, después del surgimiento de una pequeña favela en las proximidades de esos hoteles irregulares.

“Aquella favela surgió tras la demolición de los edificios ocupados por los dependientes [en enero de 2012]. A partir del momento en que se demollieron los edificios, se creó la favela. Si cerramos sin tomar medidas de apoyo, solo aumentaremos la ocupación”, dice Haddad.

Una de las acciones, según el gobernador Alckmin, fue convencer a 28 personas para que acudieran a centros de rehabilitación a recibir tratamiento psicológico. Un año, llegaron a ingresar hasta 500. El problema es que la mayoría retorna a las calles. Es un trabajo que parece no tener fin.