El alcalde Petro vuelve a dar guerra

Un fuerte pulso político se ha desatado en Colombia por la destitución a manos de la Procuraduría General (oficina que se encarga de vigilar a todos los servidores públicos) del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años, lo que representa su muerte política. La razón es que el regidor supuestamente habría sido el responsable de las fallas que se presentaron en la puesta en marcha de un nuevo sistema de recolección de basuras a finales de 2012, que provocó un grave problema sanitario en la capital colombiana, una ciudad de casi ocho millones de habitantes.

Petro es un exguerrillero del M-19 que dejó las armas para participar en la vida política en 1991 y que logró ser elegido para el segundo cargo más importante del país. Más allá de si los motivos son justos o no para sancionarlo, hay un amplio consenso en que la decisión de la procuraduría, a cargo del conservador Alejandro Ordóñez, fue desproporcionada. De ahí que ahora la polémica se ha trasladado al enorme poder que tiene el procurador general, que además de la facultad de investigar a los funcionarios públicos por corrupción también lo puede hacer por deficiencias en su gestión.

Ordóñez, que está por segunda vez en el cargo, es un personaje bastante polémico en Colombia. Según las cifras que informan los medios colombianos, en su primer periodo, destituyó a 828 alcaldes y 49 gobernadores. “En este momento la Procuraduría está investigando al 90% de los alcaldes y el 100% de los gobernadores”, dice la revista Semana, que le dedicó su última portada al tema. Esto significaría que la gestión pública en Colombia es un desastre o que el procurador “ha perdido el sentido de las proporciones en relación con su cargo”, dice la principal revista colombiana.

Por su parte, Petro, cuya administración de Bogotá ha sido bastante cuestionada porque se considera que tiene poca capacidad de ejecución, ha logrado mostrar el que podría ser su peor momento de su carrera como una persecución política. Petro ha vuelto a poner sobre el tapete que la derecha no ha dejado de usar las instituciones para perseguir a aquellos que alguna vez se armaron para combatir al Estado. Prueba de esta estrategia es que Petro le advirtió a Santos que lo que busca el fiscal Ordóñez es atacar el proceso de paz. Para probar su argumento, el alcalde insiste en que la derecha, a través de este funcionario, busca sabotear cualquier posibilidad de que la izquierda tenga algún tipo de poder, como es su caso. Para terminar de caldear el ambiente político, el fiscal general, Eduardo Montealegre, también ha reaccionado duramente frente a las actuaciones de Ordóñez y ha pedido revisar el modelo con el que opera, calificándolo de medieval. Además, anunció que lo investigará para establecer sí este se extralimitó en sus funciones.

Petro, además, ha llevado la crisis a la calle, donde ante miles de seguidores ha insistido en calificar de “golpe de Estado” su destitución. Precisamente, movilizar a sus seguidores ha sido otra de sus estrategias para rechazar la sanción. Y no han sido pocos los que han respondido al llamado, ya que en tres ocasiones Petro ha logrado llenar la emblemática Plaza de Bolívar, a unas cuantas cuadras del Palacio presidencial. Incluso ha comparado estas movilizaciones con las de los indignados.

Allí aprovechó para pedirle al presidente Juan Manuel Santos que se pronuncie sobre su destitución con el argumento adicional de que él es el único que puede hacerlo. El presidente ha tratado de mostrarse imparcial, a pesar de que cuando se conoció la sanción al alcalde su ministro de justicia, Alfonso Gómez Méndez, también pidió revisar las facultades del procurador.

El domingo, este mismo funcionario aclaró en medios de comunicación que el presidente no es el competente para controvertir ese tipo de decisiones. “El Gobierno no es el que invalida o valida este tipo de fallos”, dijo y agregó que “sería muy peligroso para la democracia que se siente el precedente de que un presidente puede destituir a un alcalde elegido”. Al conocer estas declaraciones, Petro se preguntó si Santos estaría siendo “cómplice de una arbitrariedad… Si el presidente quiere ayudar a destituir al alcalde que lo diga”.

Los defensores de Ordóñez han respondido a todos los ataques señalando que la procuraduría ha sido el único organismo que ha tomado las banderas de la lucha contra la corrupción al destituir a tantos alcaldes, gobernadores e incluso exministros que han estado envueltos en escándalos. Y el mismo Ordóñez se ha mostrado dispuesto a debatir sobre sus facultades.

El alcalde anunció que agotará todas las instancias a nivel nacional, aunque se da por descontado que la sanción seguirá en pie, por lo que anunció que llevará su caso a las cortes internacionales de justicia y pidió el beneplácito del Gobierno para ir acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.